A partir de hoy, más de una decena de ex funcionarios provinciales y municipales desfilará por los tribunales santafesinos por su presunta responsabilidad en las inundaciones de abril de 2003, que dejaron decenas de muertos y cientos de miles de desamparados. El periodista de la capital provincial Maximiliano Ahumada y El Consultorweb, tuvieron acceso al escrito del fiscal Ricardo Favaretto en el que dictaminó que la "inacción" de los imputados tuvo una consecuencia directa en la "muerte de 23 personas". Carlos Miguel Gómez Galicier, quien ocupaba la subsecretaría de Obras Públicas de la provincia, será el primero de la lista que deberá afrontar el interrogatorio a cargo del juez Diego de la Torre.

El pasado viernes y bajo un total hermetismo el doctor Favaretto ingresaba al despacho del juez Diego de la Torre con un emblemático escrito que, en parte, definía el futuro de la llamada Causa Inundaciones. Luego de analizar los elementos existentes en el expediente y particularmente el informe técnico realizado por los tres peritos, el titular del ministerio público fiscal dictaminó que más de una decena de ex funcionarios provinciales y municipales tiene responsabilidad en la fatídica crecida del río Salado.

Según la información exclusiva a la que tuvo acceso El Consultorweb, para Favaretto las fallas consistieron en "haber omitido en su calidad de funcionarios públicos los deberes inherentes al cargo que ostentaban, atento a los hechos que se estaban produciendo y de los que tenían conocimiento antes de que aconteciera la inundación de la ciudad de Santa Fe, no tomando las medidas pertinentes a fin de minimizar daños, provocando con esa inacción además de cuantiosos daños a las propiedades, la muerte de veintitres personas".

Por ese motivo y sin pérdida de tiempo alguna, el titular del Juzgado de Instrucción de la 7ma. Nominación, Diego de la Torre, envió las respectivas cédulas de citación para que a partir de este lunes comiencen a desfilar en su despacho quienes en su momento ocupaban distintos cargos desde donde y a nivel indiciario surgieron distintas irregularidades.

El primero en afrontar la respectiva indagatoria es Carlos Miguel Gómez Galicier titular en abril de 2003 de la subsecretaría de Obras Públicas de la provincia. Después y también durante esta semana deberán comparecer su ex jefe, Edgardo Wilfredo Berli, José D`ambrosio (ex director de Vialidad Provincial), Ricardo Angel Fratti (ex director de Obras Hidráulicas de la provincia), Carlos Alberto Filomena (ex director de Defensa Civil), José Alfonso Bounus (ex subsecretario municipal de Obras Públicas), Marcelo Alvarez (ex intendente de la ciudad de Santa Fe), Juan José Maspons (ex secretario municipal de Servicios Públicos), mientras que la lista se completará con Juan Carlos Cafaratti, Hugo Alvarez Oporto y Alfredo Joaquín Pérez.

El juez Diego de la Torre tiene pensado imputarles dos figuras penales en concreto: estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El primer delito presupone que el acusado no tuvo la intención de cometer el ilícito, aunque sí tiene responsabilidad penal por negligencia, impericia o inobservancia de las normas. Esta figura, agravada por la muerte de personas, tiene una pena máxima de 5 años de prisión y contempla la posibilidad de una eventual excarcelación.

Por otra parte, la discusión jurídica también se centrará en el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya pena máxima es de 2 años de prisión. En ese marco y teniendo en cuenta que ya transcurrió ese lapso de tiempo teniendo como fecha de partida el 29 de abril 2003, las defensas no dudarán en solicitar la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, el artículo 67 del Código Penal de la Nación establece que "la prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público", según marca el texto legal.

Esta situación genera la posibilidad de que el juez rechace la prescripción en los casos en concreto de quienes aun hoy continúen ostentando un "cargo público", aunque en distintos fallos de casos análogos la interpretación de los jueces estuvo orientada a que la interrupción de la prescripción dependía de que él imputado continuara al frente del mismo cargo.