Ana María Acevedo y su familia esperaban una respuesta que destrabara el tratamiento del cáncer de maxilar, por el que murió el 17 de mayo. Para discutir el caso, el Comité de Bioética del hospital Iturraspe se reunió el 27 de febrero pasado. El acta que refleja el intercambio de opiniones indica: "¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no". Esa frase desnuda cómo la institución pública priorizó la ideología de sus agentes antes que la salud de una paciente. Una discriminación múltiple, ya que la joven habría recibido un tratamiento si se hubiera actuado de acuerdo con la ley. O si hubiera tenido medios para concurrir al sector privado.

Más allá de algunos interesantes conceptos críticos, la decisión que tomó el grupo asesor no difiere de la que ya habían tomado el jefe del Servicio de Oncología, César Blajman, y el director del hospital, Andrés Ellena. Es decir, no prescribe una interrupción del embarazo para comenzar inmediatamente con las sesiones de quimioterapia y radioterapia. "Pero también consideramos que Ana María y sus padres merecen y merecían que se les ofreciera a tiempo una oportunidad para elegir cómo continuar con su tratamiento", dice el documento.

Mientras el gobierno provincial dejó en manos de la Justicia deslindar las responsabilidades sobre la muerte de Ana María, la diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez citó de forma urgente a la ministra de Salud, Silvia Simoncini. (ver aparte).

"Este caso demuestra la fragmentación del servicio de salud que no toma a la persona como tal. Se perdieron cinco meses vitales en Vera, cuando probablemente había una manifestación de un sarcoma", consideró Gutiérrez. Aclaró que "los sarcomas son altamente letales en personas jóvenes" pero las posibilidades de sobrevida mejoran si se toman a tiempo. "Por su condición de pobre y analfabeta, hay un abandono de la salud pública. Ella tendría que haber tenido el derecho a decir si quería recibir un tratamiento, pero lo pusieron en manos de un comité de bioética y de los médicos", opinó.

Entre las cuestiones que pueden llegar a ventilarse en la reunión de la Cámara de Diputados, una de ellas puede llegar a ser sobre los meses de espera de Ana María en Vera, por la demora en detectar la magnitud de su cuadro. Lo que quieren algunos legisladores es saber por qué la odontóloga u otro profesional del Samco de esa ciudad del norte santafesino aparentemente no brindaron el diagnóstico acerca del sarcoma de maxilar, que hicieron que desde la probable primera consulta (mayo de 2006) hasta su diagnóstico en el Hospital Cullen de Santa Fe, transcurrieran 5 meses que, obviamente retardaron notablemente el tratamiento de esta grave enfermedad.

Otra duda que quieren disipar en la Cámara, al menos algunas legisladoras, pasa por saber si una vez detectado el embarazo en el Hospital Iturraspe se le brindó a Ana María la información precisa sobre la posibilidad de un aborto terapéutico, y en caso negativo, quiénes eran los responsables de otorgar dicha información.

El dictamen del Comité, un documento interno del hospital, describe la crítica situación social de la familia Acevedo, y también reseña lo ocurrido en noviembre del año pasado, cuando se detecta el embarazo de pocas semanas. "El tratamiento indicado para la patología que padece la Paciente está contraindicado si se está cursando embarazo; por tanto, los médicos tratantes deciden dejar en suspenso la indicación del tratamiento", consta. Con la presencia de tres médicos del servicio de Oncología, la asistente social y la psicóloga, un médico del Servicio de Obstetricia, un médico radioterapeuta y tres integrantes del Comité, se señala que "a la fecha de la reunión la joven cursa quince semanas de embarazo; recibe medicación para aliviar el dolor pero en dosis que no afecten al feto".

En el capítulo dedicado al intercambio de opiniones que se produjo durante la reunión del Comité de Bioética, queda bien claro que "la familia, los padres, expresan que no se le está haciendo nada. Y en realidad es así, pues se le está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad". Los padres de Ana María, Norma Cuevas y Aroldo Acevedo, demostraron una firme voluntad de conseguir una chance para la vida de su hija. "Están a la espera de la decisión de esta reunión y si no hay posibilidades de tratamiento ellos quieren volver a su casa", dice el Comité. Con elocuencia, refleja la falta de opciones de esta familia -impedida de concurrir al sector privado por su situación económica-. "En estos días la joven se encuentra acompañada por sus hijos, sus padres y su novio. Pasan gran tiempo en el patio del Hospital, duermen donde pueden, no cuentan con recurso económico como para adquirir alimentos o para afrontar su subsistencia en esta ciudad".

El Comité de Bioética plantea que la decisión "no difiere de la ya existente". Plantean el tratamiento del dolor, la inducción del parto después de las 24 semanas "si el estado general de la paciente lo permite".

Las apreciaciones del Comité -firmadas por la enfermera Elsa Albarrasin, la licenciada en Servicio Social María Isabel Artigues y la magíster en Bioética Silvia Brussino- plantean críticas a la actuación del hospital. "Es importante que estos encuentros se concreten en tiempo oportuno, es decir, cuando hay tiempo para tomar una decisión beneficente para los pacientes o usuarios de este hospital. Pero en no pocas ocasiones el tiempo oportuno ya ha transcurrido", dice el Comité, antes de señalar que "es imperioso aprender que las personas que padecen una enfermedad, que están viviendo situaciones difíciles pueden ser capaces, competentes para tomar decisiones buenas para el cuidado de su salud, de su vida. Que una información suficiente, adecuada, comprensible, brindada oportunamente por el equipo de salud o el médico tratante es un componente indispensable para arribar a una decisión". Las mismas profesionales que forman el comité de consulta del Hospital afirman "toda persona tiene derecho a conocer opciones".