Desde Santa Fe

El conjuez federal Leandro Corti revocó la prisión domiciliaria que beneficiada a un represor detenido por crímenes de lesa humanidad, Nicolás Correa, que fue fotografiado hace seis meses, en noviembre último, cuando paseaba por la calle en el barrio Candioti y le concedió un régimen especial que innova en la materia: ahora permanecerá entre las 8 y las 17 en la sede del Patronato de Liberados y después volverá a su domicilio para cenar y pasar la noche. Nueve horas bajo llave y el resto del día en casa.

Dos meses tuvieron que pasar desde que el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, llevara al Tribunal Federal las pruebas de que Correa violaba la prisión domiciliaria, para que llegue una respuesta de la justicia. Pochettino concurrió el 19 de marzo último al Juzgado Federal Nº 1 con un escrito bajo el brazo y un ejemplar del diario Uno que esa mañana denunció en su portada los paseos de Correa por su barrio, sin autorización judicial.

En realidad, las fotos habían sido tomadas cuatro meses antes, el 12 y el 17 de noviembre del año pasado, en la esquina de Alvear y Maipú, a metros de la casa del represor, pero publicadas recién el 19 de marzo por el matutino. Los dos periodistas que hicieron la investigación, Nicolás Lovaisa y Carolina Niklison, fueron ofrecidos como testigos y tuvieron que declarar en la causa.

Pochettino le pidió al juez Reinaldo Rodríguez -que entonces estaba a cargo de la causa- que mande a Correa a una cárcel común porque "ha violado las condiciones de detención. La prisión domiciliaria es un beneficio, pero en este caso se está convirtiendo en un privilegio, ha sido violada, hay pruebas fehacientes de eso. Por eso le pedimos al juez que revoque esa medida. Y que además estudie la situación de los demás detenidos por crímenes de lesa humanidad porque creemos que todos tienen que estar en cárceles comunes", dijo el funcionario.

Pero dos días después, la Cámara Nacional de Casación Penal separó al juez Rodríguez de la investigación del terrorismo de estado en Santa Fe que tuvo a su cargo durante cinco años y ordenó que el megaexpediente de 22 cuerpos y 4.400 fojas pase a manos del subrogante legal. El juez federal Nº 2, Francisco Miño se excusó por amistad con uno de los imputados, así más tarde fue sorteado como conjuez el abogado santafesino Leandro Corti que desde entonces tramita el proceso.

El doctor Corti consideró que las fotografías y el testimonio de los reporteros era prueba suficiente para revocar el beneficio de la prisión domiciliaria a Correa, a pesar de que la defensa argumentó que el preso tiene problemas de salud, sobre todo coronarios. Pero la decisión del conjuez fue salomónica: ahora, Correa deberá permanecer entre las 8 de la mañana y las cinco de la tarde en el Patronado de Liberados de Santa Fe y luego volverá a su casa para cenar y pasar la noche.

El fallo sorprendió a los querellantes que también habían pedido que Correa vaya a una cárcel común. "Nosotros planteamos que sea alojado en el penal de Coronda ya que la violación de la prisión domiciliaria es muy grave. Así que ahora vamos a leer bien la resolución del conjuez y decidiremos qué hacemos", dijo uno de los consultados.

Correa tiene 70 años, sus denunciantes lo identificaron como "El Tío" en los grupos de tareas que asolaban a Santa Fe durante la dictadura, se desempeñó como suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y en el primer gobierno de Jorge Obeid fue el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia. Está procesado por los delitos de "tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones y apremios ilegales" y sigue pendiente su indagatoria por "asociación ilícita" que ya pesa sobre otros imputados en la causa.