Cuatro centros de salud provinciales negaron el aborto terapéutico a una niña de 14 años con un retraso mental. La pequeña había sido violada, por lo que el caso se encuadraba perfectamente en las excepciones previstas por el artículo 86 del Código Penal, pero su madre debió recurrir a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Fue el organismo público conducido por Carlos Bermúdez el que garantizó la concreción de este derecho, pero debieron recurrir al Hospital municipal Roque Sáenz Peña. Tanto el centro de salud de Puerto General San Martín como los hospitales Granaderos a Caballo de San Lorenzo, Eva Perón de Granadero Baigorria y Provincial de Rosario se negaron a realizar la práctica, prevista específicamente por la ley. Finalmente, se resolvió en sólo un día. Esta historia se produjo en abril pero no se hizo pública para garantizar tanto el derecho de la niña a interrumpir el embarazo como a la intimidad. Y vuelve a demostrar la política del Ministerio de Salud de la provincia en materia de derechos de las mujeres.

Al punto que Bermúdez envió un oficio a la ministra Silvia Simoncini preguntándole si la provincia tiene un protocolo para estos casos, que prevea una lista de objetores de conciencia. Pero esa carta nunca fue contestada por la funcionaria. Mientras tanto, continúa sin tratarse en la Legislatura provincial el proyecto de ley para reglamentar los abortos no punibles que presentó la diputada provincial Lucrecia Aranda en 2004. Un protocolo similar fue aprobado el jueves pasado en el Concejo Municipal de Rosario a instancias de una propuesta del edil Pablo Colono (PS).

Viviana Della Siega, del área Mujer de la Defensoría, se ocupó personalmente del caso. Acompañó el peregrinar de la mamá de la niña junto al abogado Gustavo Lorenzo. "La señora se acercó a nosotros porque quería interrumpir ese embarazo. La nena se sentía mal, tenía vómitos y mareos, pero no podía comprender lo que le pasaba, ya que su mentalidad es de una niña de cinco años. Además, con motivo del embarazo le habían quitado la medicación para su cuadro neurológico", explicó la funcionaria.

La primera intervención fue una nota que le enviaron al centro de Salud de Puerto General San Martín en la que se indicaba que no hacía falta una autorización judicial para la práctica. Desde allí la derivaron al hospital Granadero Baigorria, donde pese a las indicaciones de la Defensoría, el director Daniel Carabajal presentó el pedido al juez de San Lorenzo Eduardo Filocco. El magistrado respondió con celeridad, y aclaró que este caso no era judiciable, ya que no hace falta autorizar lo que la ley no prohíbe. "Le habíamos explicado al director del hospital que no debían pedir autorización porque se ajustaba perfectamente a la ley. Insistimos mucho en que no lo judicializaran, que lo manejaran con mucho cuidado por la privacidad de la niña, y también para garantizar sus derechos. Y aunque quedó en que lo estudiarían, luego de la respuesta del juez, le dijeron a la mujer que debía concurrir a una reunión con el comité de Bioética del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria", relató Viviana Della Siega.

También allí fue la mujer, acompañada por los funcionarios de la Defensoría. Durante la reunión, mientras hablaban de la posibilidad de interrumpir ese embarazo, la niña estaba a un costado, reía y dibujaba, ajena al contenido de la conversación, porque no tiene conciencia de lo ocurrido. De esa reunión participaron Della Siega y la directora de la Defensoría, María Bressa. "Volvimos a explicar que no tenían que pedir ninguna autorización judicial. Ellos insistían en la defensa de la vida, pero nosotras explicábamos que estábamos hablando de la vida de la nena que estaba frente a nosotros", contó Della Siega. De esa reunión participaron el jefe de Obstetricia del hospital, Miguel Angel Paciocco, el director de Salud Mental de la provincia, Gustavo Castaño y el director del programa Materno Infantil.

"Discutimos bastante, le explicamos que defendíamos los derechos de la nena, y que la Defensoría del Pueblo intervenía porque se trataba de algo legal. Ellos quisieron quedarse a solas con la mamá, que luego se fue conforme porque le habían dicho que la decisión sería de ella. Pero a los pocos días, el director del Hospital Granaderos a Caballos le informó que se había decidido no hacer el aborto", continuó el relato Della Siega.

La penúltima estación del peregrinaje fue el hospital Provincial de Rosario, adonde la mujer concurrió sola. Allí le hablaron de entregar el bebé en adopción, pero no se informaron sobre los efectos que la continuidad del embarazo tendría para la salud de la niña discapacitada.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo acudió al hospital municipal, donde en un día se resolvió la situación. "Hicieron la consulta, los estudios pertinentes, y ese mismo día se practicó el aborto terapéutico. A la dignidad de realizarlo en un hospital público, se suma que la intervención permitió conservar las pruebas para el juicio por violación,", afirmó Della Siega. El mismo juez Filocco investiga el abuso sexual sobre la niña. Además, le hicieron una ligadura tubaria para evitar que vuelva a pasar por esta situación.