El gobierno de Jorge Obeid logró ayer cerrar un frente de conflicto con los inundados de barrios del oeste que lo habían jaqueado en las últimas dos semanas: pactó una tregua hasta después de las elecciones del 2 de setiembre, con el compromiso de negociar un pliego de reivindicaciones que ﷓por fin﷓ alguien les recibió en la Casa Gris, entre ellas una ayuda de 2 mil pesos por los daños que sufrieron en las inundaciones del 29 de marzo. La Casa Gris amaneció otra vez fortificada por la Policía. Y otro tanto ocurrió en el Palacio de Justicia, donde los candados y las cadenas aseguraron las puertas. Los primeros manifestantes comenzaron a llegar a la plaza de Mayo pasadas las 10 de la mañana. No eran más de 300, cuando el presidente de la vecinal de Barranquitas Sur, Ramón Narváez, advirtió que había otros grupos en las cercanías de los accesos a la ciudad. "El resto está alerta en los barrios, esperando a ver si nos reciben porque si no vamos a cortar los cinco accesos a la ciudad de Santa Fe", dijo el vecinalista, a quien el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa cuestionó por ser radical.

Adentro y afuera de la Casa de Gobierno había un impresionante operativo de seguridad: vallas amuradas, la calle 3 de Febrero cerrada al tránsito, la caballería montada en las puertas y camionetas y patrulleros revoloteando las calles.

Alrededor de las once y media de la mañana, la Policía dejó pasar a Narváez y a otros cuatro vecinos que representaban a los barrios damnificados. Un aplauso estalló entre los manifestantes. Y después, la delegación de la protesta logró reunirse durante 20 minutos con dos funcionarios de la Casa Gris: Marcelo Silvestro, colaborador del ministro coordinador, Rubén Michlig y Matías Gentina, coordinador de los Centros de Desarrollo Zonales de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.

La entrevista se concretó al filo del mediodía cuando unas 300 personas volvieron a plantarse en la plaza de Mayo, mientras otros grupos de damnificados avanzaban sobre los cinco accesos a la ciudad: el puente Carretero a Santo Tomé, el acceso a la autopista a Rosario, la ruta a Paraná, y dos vías de comunicación con el norte por las rutas 11 y 2.

Un plan que amenazaba con dejar aislada a la capital de la provincia si el gobierno no accedía a recibir el pliego de demandas de los inundados.

El petitorio advierte sobre las penurias de los inundados. "No es posible que haya que esperar que ocurran las mayores tragedias para hacer las obras que las pudieron haber evitado. Esto ocurrió en 2003, cuando las defensas se terminaron después de que el agua del río Salado ingresara a nuestros hogares. Y ocurrió este año, cuando recién ahora se habla de bombas y desagües después que el agua ingresara a nuestras casas", dice.

"Queremos políticas claras y decididas que nos brinden una mejor calidad de vida y termine con esa realidad de dos ciudades distintas que conviven en la misma Santa Fe", agrega el documento.