Los comicios que tendrán lugar el domingo en Central envuelven la realidad de la institución canaya. Todos los actores institucionales se ocupan por ordenar las urnas, desplegar sufragios y abrir el registro de socios. Mientras eso sucede, el club día a día debe enfrentar su aguda crisis financiera. Es que los acreedores no tienen por qué adaptarse a los tiempos electorales y profundizan su presión, exhortando ahora al club al pago de 10 millones de pesos antes de que los socios ingresen al cuarto oscuro a definir el futuro del club. Quien está ansioso por cobrar es la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que con recibir el pago promete levantar los embargos más importantes que pesan sobre Arroyito.

Los candidatos exprimen los minutos para sacar el mayor provecho posible a los últimos días de campaña. Promueven encuentros con los socios en diferentes clubes de barrio de la ciudad, en filiales y hasta en salones de fiesta, para hacer llegar su mensaje de gobierno. La intensa actividad de los candidatos pareciera haber detenido los problemas financieros del club. Pero, muy el contrario, sólo los oculta. Porque la realidad indica que la AFA reclamó para antes del domingo el pago de una parte de la deuda que la entidad mantiene con la casa rectora del fútbol nacional. Y no se trata de un porcentaje menor, sino de 10 millones de pesos, sobre un atraso económico que ronda, estimativamente, los 14 millones.

La imprevista requisitoria de la AFA llegó al despacho de la jueza del concurso, Liliana Giorgetti, que dobló esfuerzos por responder a lo solicitado, aunque sin mayor éxito. Es que la magistrada deseaba contar con la complicidad de los tres candidatos a presidente, como así también de los interventores, encontrándose con una firme negativa de Alberto Joaquín, por Te aplaude y te saluda jubilosa, Eduardo Settimini, por el Crece, y el interventor Arturo Araujo, que hasta llegó a apagar su teléfono para no ser ubicado por la jueza.

La exigencia de la AFA llegó con una sorpresa: con la promesa de que la entidad que preside Julio Grondona se encargaría, una vez depositado el dinero, de levantar los embargos que pesan sobre el club y están a nombre del famoso grupo inversor y el abogado Wilfredo Scarpello. Entonces la pregunta se desprende por sentido común: ¿La AFA defiende ahora los intereses de los acreedores de Central? Cabe recordar que la acreencia reclamada por el abogado aún debe litigarse, puesto que su procedencia arrastra sospechas.

Pero no es esta la primera gestión en la que fracasa la jueza. Días atrás hubo una reunión entre autoridades judiciales y miembros de las diferentes lista con un postulante a inversor, que se acercó para prestar colaboración financiera a la entidad. El empresario local pretendía firmar un acuerdo antes de los comicios, para asegurarse así el vínculo comercial con la entidad sin quedar sujeto a lo que suceda el domingo en las urnas. La negociación estaba encaminada, hasta que las autoridades del Crece impusieron redactar en el acuerdo una clausura que espantara toda escenario de fideicomiso para el futuro de la entidad. Y como quien ofrecía los billetes no aceptó, la negociación se cayó, al menos hasta el lunes, que se conocerá el nuevo presidente y, quizás allí, el ofrecido inversor logre imponer condiciones.