Ya son pocos los partidos que se juegan los días domingo. Pero imagine un fin de semana donde el programa de salida sea ir a la cancha, quizás para darle el gusto al hijo, o bien para no sufrir de cargo de culpa por dejar al equipo sin su aliento, y hasta concurriendo, si las condiciones se dan, con esposa, novia o amiga de ocasión. Pero en todos los casos regresando a casa con la satisfacción del triunfo o la ingratitud del resultado adverso, es decir sin tener que lamentar angustias ajenas a lo que fluya dentro del campo de juego. De esto se trata la inquietud que tiene el gobierno provincial, que encuentra sana compañía en las nuevas autoridades que están al frente de Central y Ñuls, y echan raíces en la construcción de un programa de seguridad deportiva que buscará terminar con el accionar de violentos en los estadios de fútbol.

La primera batalla librada contra la violencia en el fútbol la afrontó Horacio Usandizaga, denunciando la complicidad entre autoridades policiales y barras al asumir como presidente de Central, en un denuncia pública donde apuntó a Humberto Lodolini, por entonces titular de la comisaría 9ª, con jurisdicción sobre el Gigante de Arroyito. Aquel grito en el cielo del Vasco lo lanzó con el respaldo que supone tener detrás suyo a Ricardo Milicic, en su función de secretario del club, hombre que conoce al detalle la funcionalidad de la institución policial por su paso como jefe local de la fuerza.

Desde entonces, la barra de Central, liderada por Andrés "Pillín" Bracamonte, se encontró cercenado en su campo de acción, logrando Usandizaga compromiso judicial, y atención de los funcionarios provinciales, que le bajaron línea a las autoridades policiales para que den respuestas al presidente canaya.

Con Eduardo López fuera del Ñuls, el ministro de Seguridad de la provincial, Daniel Cuenca, se decidió a darle un marco integral al análisis de la problemática de la violencia en las canchas de fútbol, convocando el viernes a una reunión entre las autoridades de Ñuls, Central, Tiro Federal, Unión y Colón.

La situación de los leprosos es mucho más compleja. La barra rojinegra, al mando de Roberto "Pimpi" Caminos, había enhebrado en los últimos cuatro años una trama de complicidades que llevó, por ejemplo, a que la policía no tomara denuncia alguna relacionada con episodios de violencia en el Coloso del Parque. La comisaría 5ª es la que tiene jurisdicción sobre el club, la cual sus autoridades debieron recibir una orden enfátiza del poder Ejecutivo, previo a las elecciones del 14 de diciembre, para tomar una denuncia contra Caminos y Marcelo "Lalo" Latorre por amenazas con armas de fuego, que en sede policial, oportunamente, no fue aceptada.

Es por eso que la provincia, junto a Usandizaga y Guillermo Lorente diagraman una serie de medidas en conjunto que intentarán dejar a los irracionales del molinete para afuera. De acuerdo a lo pensando para el Comité de Seguridad Deportiva, los clubes elevarán una lista donde se identificarán a los violentos, se aplicará el derecho de admisión en los estadios, habrá un seguimiento celoso de la actuación de la policía en los operativos de seguridad y se trabajará en coordinación con la Justicia para reaccionar con celeridad ante aquellos que desparramen miedo en las populares como señal extorsiva para los directivos. Estas medidas, en el caso de los leprosos, irán acompañada con la contratación de personal que brinda servicios de seguridad privada, quienes tendrán a su cargo, junto con la policía, del cuidado de los hinchas en el Coloso del Parque, para que el simpatizante no deje de asistir al estadio, pero, por sobre todo, para que muchos se animen a volver.