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El jefe de la barrabrava canaya, Andrés Bracamonte demandará al Estado nacional por haber enviado a Sudáfrica el informe que derivó en su deportación de la sede del Mundial. El abogado Carlos Varela precisó que Pillin pretende recuperar "los 20 mil dólares que perdió por el viaje, tanto él como su esposa, y algunos recursos más por daños y perjuicios". Para el letrado "hubo una incongruencia entre dos áreas estatales, por un lado la Justicia lo autorizó, y por el otro, la Policía Federal envió un informe que después le impidió entrar al país". Varela negó algún tipo de vinculación entre su defendido y el fiscal Esteban Franicevich que semanas atrás avaló su salida del país. "Desde hace años pretendimos sacarlo de la causa porque era un excelente fiscal en contra nuestra, y entendíamos que se había extralimitado. Es más, Bracamonte lo querelló, y yo lo recusé dos veces, porque era grande la voracidad que tenía contra este tipo de delitos". El letrado reconoció que su defendido "no tiene legitimidad social".

A una semana de la deportación del barra, quien apenas llegó a pisar territorio africano, la estrategia de la defensa dejó de focalizarse en permitir el regreso de Bracamonte al mundial, y ahora se busca reparar el "daño generado" por la autorización inicial, el viaje realizado y el regreso obligado.

Ayer, en diálogo con LT8, Varela describió que el primer paso fue realizar una presentación en la Embajada de Sudáfrica, a los fines de lograr que les informen acerca de los motivos por los cuales Pillín no pudo entrar al país africano, que se presumen están vinculados a los incidentes que protagonizó Bracamonte en el partido que Argentina jugó frente a Brasil en el Gigante de Arroyito por las eliminatorias y una sentencia -apelada por amenazas coactivas. Una vez respondido esto, el abogado añadió que presentarán una demanda contra el Estado argentino, "que dio el listado con los nombres de las personas que luego no pudieron entrar a Sudáfrica".

"La idea con esto no es el reingreso de Bracamonte, sino tratar de lograr una indemnizacion por daños y perjuicios por los gastos que había hecho en el viaje", apuntó el abogado, y estimó esos gastos en 20 mil dólares. "La gente explicó Varela debe entender que él viajó, lo pagó de su bolsillo, no financiado por una organización, no puede entrar y en consecuencia debe ser resarcido".

Consultado sobre el apartamiento que dispuso la Corte Suprema santafesina del fiscal Franicevich de toda causa que involucre a su defendido por haber avalado el viaje que finalmente autorizó la jueza Lamperti, Varela dijo que le pareció una paradoja de la Justicia provincial. "Nosotros pretendimos desde años sacar al fiscal de la causa, porque era un excelente fiscal en contra nuestra, y entendíamos que se había extralimitado", declaró para después agregar: "Bracamonte lo querelló, y yo lo recusé dos veces, porque era grande la voracidad que tenía contra este tipo de delitos", puntualizó, negando cualquier tipo de complicidad del representante del Ministerio Público con el barra "canaya". "Es más -dijo-, en la causa en la que Bracamonte fue condenado por la jueza Lurati, que fue apelada, fue el propio fiscal Franicevich quien se pronunció en esa línea".

El letrado se esmeró en remarcar que "más allá de no tener legitimidad social, Bracamonte tiene derechos como cualquier ciudadano".