Las últimas pintadas y amenazas de las que fueron objeto, días atrás, el entrenador Carlos Ischia y algunos dirigentes de Central no pasará a nutrir el anecdotario violento de la entidad canaya. Es intención de los actuales responsables de la entidad presentar la denuncia en la Justicia, como así también adoptar medidas, en tiempo mediato, sobre la barrabrava, representantes de jugadores y hasta entrenadores que fusionan tareas para manejar a gusto las divisiones inferiores de la institución.

Con la finalización de la feria judicial, Central recuperará mañana su ritmo de vida institucional, que de un buen tiempo a esta parte tiene como centro de operaciones le palacio de los Tribunales. Hasta allí se llegarán las autoridades para reiterar una denuncia de amenazas, similar a la formulada por el presidente Pablo Scarabino en marzo pasado, cuando alertó al Poder Judicial sobre las intimidaciones de las que había sido objeto junto a José Aurelio Pascuttini. En esta oportunidad la directiva pedirá ante la Dr. Raquel Cosgaya, titular del juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 6 y que entiende sobre la denuncia penal elevado cuatro meses atrás, que se investigue lo sucedido con el entrenador Carlos Ischia y los directivos Oscar Salcedo, Marcelo Facciano y Miguel San Martín, quienes en los últimos días fueron víctimas de amenazas mediante pintadas callejeras. Para la dirigencia los responsables de esta violencia anónima son los mismos que antes atacaron al presidente y el ex coordinador de las divisiones inferiores. Los ojos están puestos en la barrabrava, quien según un colaborador de la directiva reclama 60 mil pesos en concepto de "prima", como la que cobran los jugadores, para dejar de hacer lío.

La decisión por aventar de Arroyito las prácticas mafiosas tuvo el viernes la primera reacción alentadora: el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Peters, removió a Humberto Lodolini de la titularidad de la comisaría 9ª, que tiene jurisdicción en el club de Arroyito, por sospechas de complicidad en el accionar de los barras auriazules. Lodolini ahora es el comisario de la 6ª.

Pero además de plantear el problema en la Justicia con nombres propios, la dirigencia, a pesar de su reducido terreno de maniobra (recordemos que la Comisión Directiva la componen sólo cinco autoridades), evaluará en los próximos días tomar medidas de fondo que apuntarán a romper el entramado que une a barras, entrenadores y representantes de jugadores. Para ello se prevé vedar el ingreso a la ciudad deportiva de Granadero Baigorria a los barras (cuentan con amplias libertadores dentro del predio) y prescindir de los entrenadores que le exigen a los padres de los chicos de las inferiores firmar con determinado representante. Y como decisión ulterior se definirá qué hacer con el agente de juveniles, al cual algunos técnicos de inferiores le defienden sus intereses comerciales intentando ampliar su cartera de representación.

En las últimas horas los barras se esforzaron por dialogar con Carlos Ischia. El motivo del buscado encuentro, el cual no se concretó, era aclarar la inocencia de los violentos en cuanto a la autoría de las pintadas. A los dirigentes, en cambio, le hicieron acercar un mensaje que señalaba que no había responsabilidad alguna del representante que sospechan sobre las amenazas que padecieron Salcedo, Facciano y San Martín.

Estos gestos "reconciliadores" no alterarán las decisiones de los directivos, según sostienen. Es propósito normalizar el funcionamiento en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, objetivo esperado por el entrenador de la Primera, que decidió interrumpir la pretemporada en el hotel luego del incendio desatado en el segundo piso, pero ya cansado de las reiteradas visitas de los barrabravas.