Las polémicas generadas esta última semana en torno a la concesión de los remodelados galpones en Paseo de las Artes y el río, y al operativo de limpieza de cartelería en la vía pública, reavivaron un conflicto que, desde hace algunos meses, aqueja a un sector esencial en la estructura cultural de la ciudad: los espacios privados que no encuentran amparo en la intrincada Ordenanza de Espectáculos Públicos 7218 sancionada en 2001, que entre sus múltiples rubros no contempla una figura adecuada para las actividades que en ellos se realizan. Agrupados actualmente como Espacios Culturales Unidos de Rosario (Ecur), los gestores del sector vienen reclamando por una legislación que los proteja frente a una seguidilla de clausuras que, en definitiva, atentan contra un sector siempre vulnerable: el de los artistas independientes que ven limitadas sus posibilidades de actuación por fuera de la órbita del Estado o dentro de las grandes salas. En ese marco, la necesidad de una nueva reglamentación parece estar en carpeta del Concejo Deliberante y desde la propia cartera de Cultura municipal, que en las últimas semanas promovieron reuniones con diversos actores involucrados. Sin embargo, a pesar del optimismo de algunas partes, la posibilidad de llegar a una nueva normativa resulta, cuanto menos, compleja.

La Ordenanza 7218 fue promulgada el 27 de noviembre de 2001, tres meses después de su sanción en el Concejo, con la firma del por entonces intendente Hermes Binner y su secretario de gobierno, Antonio Bonfatti. El proyecto fue elaborado por una Comisión Especial Evaluadora de Espectáculos Públicos (creada por resolución el 5 de abril de 2001, mediante el Decreto NE 19.662/01), con el objetivo de reordenar y modificar las Ordenanzas 6326/96 y 6960/00. En el segundo de sus cuarenta artículos, la normativa establece dos agrupamientos: entre los locales "con actividad bailable" se cuentan Confiterías bailables, Discotecas, Cantinas, Salones de fiestas, Cabarets-Whiskerías (categorías derogadas por la ordenanza 9075 de 2013, que prohíbe la renovación de licencias y plantea que "los locales que cuenten con habilitación vigente continuarán en actividad hasta que caduquen dicha habilitación, sin posibilidad de prórroga") y Bailes Populares (categoría incorporada en una modificación de 2003).

El segundo grupo refiere a los locales sin actividad bailable, y contempla a Restaurantes y bares con difusión musical por aparatos electrónicos y/o números en vivo, Cafés culturales y Espectáculos masivos en lugares públicos y/o privados. Un tercer inciso incluye a los rubros Peñas, Salas de cines y/o teatros y/o teatros independientes, Salas de cines de exhibición condicionada, Salones de entretenimientos, Circos, Parques de diversiones, Salones de fiestas infantiles y Salón Milonga (creado en 2007 por la Ordenanza Nº 8187/07).

Con las particularidades de cada caso, y una quincena de modificaciones posteriores a la promulgación de la ordenanza, la normativa debe ser aplicada por los agentes de control del municipio, que terminan ejerciendo un rol prohibitivo ya no sólo sobre los empresarios del rubro, sino también sobre los propios consumidores: la inclusión en uno u otro rubro restringe a los asistentes, según el caso, las posibilidades de bailar, ingerir alimentos o bien sumarse a una zapada colectiva. Cualquiera de esas acciones, en caso de no coincidir con las limitaciones de la habilitación pertinente, pueden ser causales de sanción.

Pablo Seghezzo, secretario de Control y Convivencia ciudadana del municipio, reconoce la existencia de espacios que por su actividad se reconocen como "bares culturales", aunque explica: "Esta designación corresponde a una afinidad que sienten de acuerdo a determinados espectáculos. Pero en ese mismo grupo están inscriptos de distinta manera, solicitaron distintos tipos de habilitación, por lo tanto tienen permitidas distintas cosas".

En ese contexto, y según la indicación de Seghezzo, los agentes de control focalizan sus inspecciones en aspectos relacionados a la seguridad: "Cuando pedimos cumplimiento de normas nos referimos por ejemplo a factores ocupacionales. Si hay una cuestión de riesgo se tiene que poder evacuar rápidamente el lugar, estamos pidiendo que los matafuegos estén en condiciones, controlando el tema de los menores y el alcohol, y la relación con los vecinos, los decibeles. Eso lo estamos cumpliendo a rajatabla. Lo que nos preocupa es la seguridad interna y externa".

Al margen de estas cuestiones, las propias especificidades de la normativa inciden en el posible comportamiento de los asistentes a cada espacio. "¿Si en un restaurant hay un cantante de tango y la gente se pone a bailar te clausuran? Si viene un grupo de folclore a tocar a un bar, ¿le digo a la gente que no puede bailar una chacarera? ¿De qué estamos hablando, cuál es el problema, está prohibido? Es absurdo", objeta el abogado y concejal del FpV Roberto Sukerman, integrante de la comisión de Cultura del Concejo Deliberante, que evalúa: "Es una ordenanza que, desde el punto de vista técnico, es mala. Y es mala políticamente, desde el punto de vista de una política pública de espectáculos, porque tiene determinadas cuestiones que faltan, que tienen que ver con cuestiones de seguridad, higiene laboral, higiene urbana, cuestiones de control sobre las actividades. Genera demasiadas categorías, con cosas muy rígidas. Desde donde se la mire es una ordenanza que tiene deficiencias".

El secretario de Cultura municipal Horacio Ríos coincide con la necesidad de reveer esa normativa, a la que considera desactualizada. "Parece que como Estado salimos a deshacer lo que queremos construir, pero lo que no está acompañando esa construcción de los espacios, de los nuevos rubros, es una normativa que hay que actualizar. Por eso desde Cultura nos estamos involucrando, y estamos involucrando también al área de control. En las reuniones nos acompañan las áreas de Inspección y de Gobierno, con la parte de Habilitación. Como Ejecutivo hay una mirada global. Se trata de la aplicación de una normativa que, primero, hay que ver cómo se modifica. Pero, hasta entonces, hay que cumplir la normativa y ver las situaciones".

Lo cierto es que, en tanto no se promueva una nueva ordenanza regulatoria, el ambiente cultural de la ciudad sigue sufriendo la pérdida de espacios, que no logran encontrar cabida en ninguno de los rubros incluidos en la 7218. En ese marco, las reiteradas sanciones y clausuras (determinadas por el Tribunal de Faltas municipal, al que se elevan las actas labradas desde el área de Control) generaron el encuentro de algunos gestores, nucleados ahora en el Ecur, del que participan espacios como Distrito 7, Centro Cultural El Espiral, Olimpo, La Chamuyera, Bienvenida Cassandra, La Muestra, La Peruta, Bon Scott y La Trunca, entre otros.

"Desde el Distrito 7, que es el espacio que armamos entre Mano a Mano, el Partido para la Ciudad Futura y Movimiento Giros, empezamos a juntarnos con distintos espacios no solamente a partir de la problemática puntual que se venía suscitando desde hace dos o tres meses con algunas clausuras, sino desde antes, con problemáticas relacionadas con que estos espacios nunca tienen una figura clara de funcionamiento -explica Tomás Monteverde-. Todo lo que ahí sucede, o no, es susceptible a algún tipo de sanción. La idea de juntarnos tiene que ver con empezar a discutir figuras que nos contemplen".

En ese marco, el actual presidente de la comisión de Gobierno del Concejo, el radical Jorge Boasso, viene encabezando una serie de reuniones con el objetivo de darle forma a una nueva normativa. Sin embargo, reconoce: "La propuesta y el desarrollo del tema son interesantes conceptualmente, pero con los demás concejales con los que intercambiamos opiniones informales, todos nos preguntamos lo mismo: cómo regularlos y con qué exigencias".

"Hay opiniones, propuestas y sugerencias. La comisión recibió a la gente del Ecur y el planteo es interesante, pero dificultoso para regular. Porque fundamentalmente lo que ellos llaman espacio cultural desde el punto de vista regulatorio es un multirrubro. En mis veinte años de concejal esta debe ser la octava vez que participo de estos debates. Y en el 2001 formé parte de la discusión durante un año seguido de lo que después sería la actual ordenanza 7218 -amplía el edil-. ¿Cómo regulás a ese multirrubro que contiene música, debates, charlas, enseñanza de baile? La verdad que son innumerables la cantidad de actividades que se pueden desarrollar en un espacio cultural. Por ende es difícil regularlo. ¿Qué nivel de insonorización les solicitás? ¿El mismo que las confiterías bailables? ¿Cómo regulás el índice de ocupación, como el rubro confiterías, el rubro bar?".

Desde El Qubil, agrupación rosarina que comparte luchas y reivindicaciones con la Unión de Músicos Independientes a nivel nacional, sugieren algunas respuestas posibles que merecen ser atendidas, comprendiendo que el de los músicos es precisamente uno de los sectores más afectados ante la clausura de espacios de trabajo. Daniel Pérez, fundador y actual secretario general de El Qubil, abre el juego a experiencias ya probadas: "Desde hace más de un año estamos trabajando en ver cómo implementar la figura del Club de Música, que es algo que ya está implementado en la ciudad de Santa Fe y en Buenos Aires. Es un nuevo tipo de normativa donde existe una habilitación para lugares de hasta 300 personas cuya actividad principal sea el show musical. A diferencia de lo que pasa en Rosario que se habla de amenización musical, que es una actividad secundaria".

Desde su experiencia al frente de Los Sucesores de la Bestia (proyecto surgido en los inquietantes años 90), el músico reconoce que la 7218 "es una normativa que hay que actualizar". "Hay un cierto número de actividades, diversas, con sus especificidades y la gente que está regulando estas cosas no se está asesorando. Primero prohíbe, y llueven las críticas y las quejas, en vez de asesorarse para lograr un consenso donde estén todos de acuerdo. Hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo cultural de una ciudad y con una cuestión de derecho de la población. Obviamente que hay muchos intereses distintos. La misma normativa no puede regular a todos", destaca Pérez.

Para Monteverde, uno de los impulsores del Ecur, resulta imperante la sanción de una nueva norma: "Creemos que hay que legislar y crear una figura específica para este tipo de espacios. Nos parece interesante que se empiece a correr la cuestión de que los espacios se diferencian en función de si se puede bailar o no. Por eso mismo pensamos en otro tipo de formatos de control, y de esa manera corremos el eje de una discusión que nos parece inconducente", apunta Monteverde.

Similar es la postura de Sukerman, que advierte que "no hay que emparchar la ordenanza, hay que modificarla de manera integral". Y así como entiende que, con la ordenanza vigente "no hay promoción de la actividad local", el edil tampoco es optimista respecto al tratamiento inmediato de una nueva normativa: "Yo no veo a nadie tan preocupado por el tema. Si estamos hablando de algo que está mal desde el 2001... No veo a la Municipalidad tan preocupada. Se ven intereses contrapuestos entre distintos sectores empresarios. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, nosotros tenemos que legislar para ellos. Entonces como concejal tengo que pensar en las condiciones de seguridad, que se puedan divertir de manera segura y que los que están alrededor no se sientan perjudicados. El Estado tiene que meterse en lo que tiene que meterse, pero no en si en un bar toca o no un pianista".

Y aunque las miradas son múltiples en relación a las particularidades que debería considerar una nueva normativa (en un debate que incluye el debate en torno a la ley de ruidos molestos, vigente desde 1972), el consenso es unánime respecto a la necesidad de legislar sobre el caso. "Políticamente es muy importante que el tema lo esté tratando la Comisión de Gobierno del Concejo, porque no se trata del proyecto de un bloque sino que toda la comisión está tratando la modificación. Es una muestra de madurez política muy importante. Cuando nosotros fuimos convocados claramente dijimos que para nosotros la ordenanza tiene que ser modificada, e hicimos nuestro aporte al caso. Entendemos que estos espacios tienen que tener una nueva reglamentación, con rubro específico", indica Seghezzo.

"A nosotros no nos molesta que la gente baile -amplía Ríos-. Queremos que se cumpla con una normativa, que lo artístico-cultural esté incluido y que los vecinos estén contentos, que nada perjudique su descanso. En ese sentido, el martes próximo habrá una reunión con el Banco Municipal para generar líneas de crédito blandas que permitan afrontar las adecuaciones en relación a seguridad e insonorización. Después hacer las normativas adecuadas exige un trabajo más fino, más exhaustivo, donde los actores ya no son sólo los empresarios y el Ejecutivo sino también los concejales, que tienen visiones sobre las políticas del Estado, en algunos casos, muy distintas a nosotros".

Optimista en relación a la posibilidad de que esa normativa sea sancionada en el transcurso de 2014, el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Boasso, deja en claro que se buscará lograr una nueva ordenanza: "Ya está definido que nos volcamos por una nueva norma. No le vamos a meter parche a la 7218, tiene que vislumbrarse una nueva ordenanza. Si hay aspectos que están bien de la 7218 se copiarán, pero va a surgir una nueva norma, distinta".

De cara a esa nueva legislación, los actores involucrados deberán consensuar estrategias y normativas que permitan garantizar la existencia de estos nuevos espacios, esenciales en la estructura artística de una ciudad que, históricamente, supo jactarse de sus bondades culturales.