La suspensión de la Asamblea que el pasado sábado 26 de julio debería haberse llevado a cabo en la Biblioteca Popular Constancio Vigil terminó dándole carácter público a una interna que ya se ha cobrado la renuncia de dos presidentes y que hace tambalear al arduo trabajo de recuperación llevado adelante por esos mismos socios y dirigentes que hoy caminan por veredas enfrentadas. Determinada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que advirtió un error formal en la convocatoria publicada el pasado 11 de junio con la firma de la actual comisión directiva, la suspensión no está acompañada de un informe oficial del organismo nacional. Sin embargo, fue suficiente para que se reflotaran las diferencias en torno a la conducción de una institución que, por historia y proyección de futuro, excede a los nombres y las disputas. Una institución que, como consecuencia de la restitución de bienes firmada por Antonio Bonfatti en la ley Nº 13306/2012, cuenta con un auspicioso sustento económico (superior a los 250 mil pesos mensuales) resultante del alquiler de sus instalaciones a las entidades dependientes del gobierno provincial que funcionan en el imponente edificio de Alem y Gaboto.

Como si su destino de grandeza estuviera también atado a las dificultades, en los últimos tres años la Vigil parecía haberse encaminado hacia su esperada reconstrucción. Una tarea que contó con el respaldo y el trabajo de antiguos socios y alumnos de la entidad, y que comenzó a encaminarse en 2005 luego de que el proceso de liquidación de los bienes fuera reeemplazado por un plan de normalización. En ese marco, luego de tres años de labor como interventores, Francisco Gallo, Carlos Merli y Enrique Lombardi (designados por el Inaes para llevar adelante la citada normalización) convocaron a la Asamblea que derivaría en la elección de la lista única Memoria y Futuro para retomar la conducción democrática de la institución.

"La situación es sencilla, consideramos que la situación de la biblioteca era un proceso judicial que en tres años, debido a los plazos que exigen los reglamentos, permitió recuperar la personería jurídica y la matrícula por lo tanto el Inaes considera que la intervención ya no es necesaria y en consecuencia llamó asamblea de socios para que decidan quiénes serán los nuevos directivos y continúe funcionando normalmente", declaraba entonces Merli a Rosario/12.

Encabezada por Antonio Duri y Raúl Frutos como presidente y vicepresidente, la lista estuvo conformada por aquellos dirigentes históricos que integraban la comisión directiva "cuando los milicos los sacaron a punta de pistola". La figura, gráfica descripción de la intervención militar que pretendió derrumbar a la institución desde febrero de 1977, es de autoría de Marcelo Abaca, abogado y ex alumno de Vigil que en 2003 accedió al expediente de intervención y trabajó desde entonces por la posibilidad de recuperar los bienes de la institución. Y que, como parte de la reconstrucción, formó parte de la lista Memoria y Futuro en el rol de primer vocal.

Sin embargo, el trabajo conjunto comenzó a mostrar sus grietas. En noviembre de 2012, la muerte de Frutos implicó que Abaca ocupara el cargo de vicepresidente. En enero de 2013, la renuncia de Duri convirtió al también apoderado de la entidad en presidente. En junio de ese año el edificio volvió a manos de Vigil, y en diciembre se concretó la esperada restitución de bienes, situaciones de las que Rosario/12 dio cuenta en diversas ediciones. Sin embargo, en marzo de este año Abaca también presentó su renuncia. Desde entonces, la presidencia está a cargo de Celina Duri, hija de Augusto.

Consultados por este medio, tanto Duri como Abaca expusieron sus posiciones respecto a una situación interna que encuentra puntos de conflicto en relación a los modos de conducción y las políticas culturales que deben regir a la entidad de Alem y Gaboto. Una disputa que incluye no sólo aspectos políticos﷓personales, sino también legales, en un rubro que contempla el pedido de impugnación ante la postulación de Sergio Gorosito como candidato a presidente en la renovación de autoridades que debía tratarse en la Asamblea finalmente postergada por resolución del Inaes.

Integrante de la junta fiscalizadora, Gorosito es además empleado rentado de la institución. Esa condición es la que, según se desprende del pedido de impugnación presentado por un grupo de socios de Vigil, implicaría la nulidad del informe de la junta fiscalizadora "ya que su condición de empleado limita y anula su capacidad para ser fiscalizador de su empleador", y plantea se revea su candidatura hasta tanto se resuelva lo que consideran "una situación anómala".

Para Duri, dicha situación no infringe el estatuto: "No sabemos si Sergio Gorosito va a seguir como candidato a presidente, ya que en estos días vamos a analizar la conformación de la lista. La situación que se da es que el único cargo rentado que hay dentro de la comisión es el de Sergio, que es el único que pudo dejar su trabajo para trabajar en Vigil. Pero ni en nuestro estatuto, ni en la ley de mutualidades, está impedido. El único problema es que él está a cargo del mantenimiento del edificio, donde hay que abordar muchas cosas, y por una cuestión de sueldo lo inscribimos en la categoría 1, que es para administrador general, aunque él no cumple esa tarea".

Ante la ausencia de un informe oficial del Inaes, no hay certezas respecto al análisis que el organismo nacional realizó respecto a tal pedido de impugnación. En primera instancia, la suspensión de la Asamblea sólo estaría vinculada al citado error formal, sobre el que Duri explica: "Nosotros renovamos cargos por mitades. Como renunciaron dos presidentes, también decidimos someter a elección el cargo de presidente por el mandato que restara (hasta 2016). Nosotros queremos construir una institución, hay mucho por hacer. Entonces, además de renovar los cargos que correspondían, queríamos cubrir los cargos vacantes. Fue totalmente de buena fe. Pero en la publicación hicimos alusión al artículo del estatuto de renovación por mitades, y por una cuestión técnica nos olvidamos de poner que, según el acta correspondiente, también resolvíamos someter a elección los cargos de presidente y vocal suplente. Pero en la convocatoria se indicaba que toda la información preasamblearia estaba en la sede social, donde estaba disponible el padrón, la grilla con cargos vacantes y por qué motivo se sometía a elección".

En tal sentido, la actual comisión directiva deberá realizar una nueva convocatoria a Asamblea, para la que deberá reveer además cómo confeccionar su lista de autoridades. De cara a esa futura Asamblea, el sector que tiene a Abaca como referente analizaría la posibilidad de sumar una lista opositora a la actual dirigencia, según anticipó el abogado a este medio: "Si están dadas las condiciones, por supuesto que conformaríamos una lista. De esta Asamblea no iba ni a participar, pero fue tal el nivel de desprolijidad que como miembro de la institución, miembro activo en toda esta historia, no se puede dejar pasar. Hubo más de veinte impugnaciones".

Lo cierto es que, en medio de las disputas entre grupos, aparece también la figura de una agrupación de vasta experiencia y actividad en la escena cultural local: el Cobai, que semanas atrás informó sobre su "expulsión" de la Vigil, institución a la que aportaron con la instalación de un piso técnico que también tuvo incidencia en los pedidos de impugnación (con motivo de su exclusión del balance, y que se concretó como parte de un acuerdo de palabra entre las instituciones).

"Invertimos en un piso costosísimo, casi pusimos todos nuestros recursos para compartir con los asociados de Vigil y programar conjuntamente. Habíamos propuesto talleres para niños, para adultos. Estábamos esperando que nos dieran el ok para empezar el año. Nos citaron y esperábamos que nos confirmaran la fecha, pero en esa reunión nos dijeron que teníamos que irnos. Nos dejaron helados", explicó María Fernanda Vallejos, presidenta del colectivo que reúne a coreógrafos y bailarines de la ciudad, y cuya personería jurídica responde a la categoría de asociación civil sin fines de lucro.

"Cobai y Apdh son las dos instituciones que nos acompañaron en esta lucha desde 2007. Cada uno haciendo su aporte, acompañándonos en nuestras denuncias por delitos de lesa humanidad. Antes de conformar la lista que después se convertiría en comisión, de manera consensuada se había acordado que a las dos instituciones les íbamos a dar un espacio una vez que estuviéramos en el edificio. En junio de 2013, cuando nos dieron la llave del edificio, se le otorga dos oficinas muy cómodas a la gente de Apdh, y se decide entregar en comodato a la gente de Cobai un salón que tiene más o menos 120m2, donde Cobai hace la mayor inversión privada hecha en Vigil, con la instalación de un piso técnico", precisó por su parte Abaca.

Para la actual presidenta de Vigil, la instalación del piso técnico no fue sometida correctamente a la determinación de los socios: "Nosotros no hubiéramos permitido que nadie invirtiera en Vigil a menos que fuera a través de la comisión directiva -consideró Celina Duri-. Individualmente, toda la comisión del Cobai es socia de Vigil. Como cualquier otro socio, como los que bailan hip hop, o los Payasos Autoconvocados, pueden pedir espacios para desarrollar actividades. Eso es estatutario, es parte del mutualismo. Por otra parte ellos informaron mal a la comisión directiva, cuando dijeron que era un piso técnico, desmontable. Cualquier convenio con instituciones tiene que ser aprobado anualmente en Asamblea. Por esa razón no hubiéramos aprobado que hicieran un piso fijo. Les dijimos que esperaran para armar el piso".

Más allá de las distintas miradas, Duri considera que el conflicto puede resolverse a través de una mediación: "Siempre estuvimos dispuestos a mediar, y ahora estamos esperando que traigan la facturación para evaluarlo. Siempre pensamos que era una donación". En concreto, esa posible resolución no disimulará una situación en apariencia irredimible: las miradas contrapuestas en relación a los modos de construcción social y cultural que deben guiar a la entidad.

Para el ex presidente y apoderado de Vigil, Abaca, la institución debe apostar a una apertura a diversos grupos: "Yo renuncié el 6 de marzo y a la gente del Cobai la expulsan después. Lo que hace éso es confirmar lo que veía sobre el cierre de la entidad, de no poder convivir con otros, de tener una visión de que las actividades que realizan pocos es elitista, desconocer quizás lo que es el derecho de una minoría. Yo defiendo a ultranza la gratuidad para el socio de todas las actividades, eso no es elitista. Pero hay un latiguillo de la gente que quedó sobre 'el barrio' y lo 'elitista'. Hay una limitación sobre lo que es la cultura".

Para Celina Duri, la mirada debe estar puesta precisamente en el barrio: "Abaca renuncia cuando no aceptamos que ingresara el Cobai con una política cultural que no compartimos. La clave de las diferencias tiene que ver con la política cultural. Pero nosotros no expulsamos a nadie. No había convenio con la institución y no íbamos a hacerlo hasta que pudiéramos insertarnos en el barrio como nosotros entendemos a nuestra política cultural de inserción real".

Antagónicas en los hechos concretos, ambas posturas deberían encontrar una senda en común que permita la consolidación de un proyecto de fuerte alcance social y cultural. Un proyecto que cuenta con el respaldo de su nombre e histórica producción cultural, y que dispone actualmente de recursos económicos envidiables para cualquier institución de su tipo: producto del alquiler de sus instalaciones al gobierno provincial (que, entre otras, tiene funcionando allí a sus escuelas de Teatro y Artes Visuales), la Vigil percibirá montos anuales de 3 millones de pesos para el 2014, 3.300.000 para el 2015 y 3.600.000 pesos para el 2016 (cifras explicitadas por el propio Abaca, responsable junto a Marcelo Scalona -quien también se alejó este año de la institución- de la confección del contrato de alquiler, en su renuncia como presidente). Las posibilidades de proyección, en este marco, son inigualables.

En su primer Asamblea post recuperación, la Biblioteca Popular Constancio Vigil contó con un padrón de 90 socios. Tres años más tarde, ya son alrededor de 1400 los asociados a una institución cuyo destino de grandeza debería estar por encima de disputas que, más allá de las rencillas particulares y los nombres involucrados, lejos están de honrar su rica historia de inclusión y supervivencia.