Para nadie constituye una novedad el papel que "La Cultura", en tanto concepto, viene jugando en la composición de esa entelequia que algunos han consensuado en llamar "el boom rosarino". Si bien se carece de pruebas concretas que confirmen el rumor -tanto a nivel provincial como municipal no existen indicadores específicos que midan el impacto de la producción cultural sobre la economía local-, es cierto que la ciudad ha experimentado una suerte de despegue, fundamentalmente a partir de la realización del Congreso de la Lengua, a fines del 2004.

Y aunque esta "explosión" sea opinable en muchos aspectos (de hecho, algunos lo entienden más como un reconocimiento de un patrimonio intrínseco, que como un bien adquirido en los últimos tiempos) el tema sí debería convocar a la reflexión y al estudio, sobre todo en los sectores responsables de la toma de decisiones.

Contextualizando, en el marco de los procesos globalizantes que vienen atravesando a la América Latina desde mediados-fines de la década del 80, la reorganización de sus escenarios culturales ha sido un desafío al que ineludiblemente, más temprano que tarde, todos se han debido enfrentar. En este marco, sin que siquiera se tuviera una real dimensión de su significado, las industrias culturales vienen jugando un papel estratégico de creciente importancia. Pese a esto, en general ha sido escasa la atención que los gobiernos le han otorgado a este ítem en la planificación de sus respectivas políticas de Estado.

Sin embargo, sobre el comienzo del milenio los intentos por abordar la cuestión han comenzado a multiplicarse por efecto contagio. Tal es el caso de Santa Fe, a través de cuya Legislatura días atrás otorgó media sanción a un proyecto que intenta regular y promocionar el desarrollo de industrias culturales dentro del territorio provincial.

Aunque con una visión quizá todavía demasiado patrimonialista -esto es, una mirada defensora del legado histórico-arqueológico y de los estándares que la sociedad reconoce como de la "alta cultura", básicamente los relacionados con las bellas artes-, la intención del proyecto es, concretamente, la de "promover las industrias culturales que desarrollen su actividad o tengan impacto en el territorio de la provincia, en especial la preservación, el enriquecimiento y la difusión del patrimonio histórico y cultural provincial; el apoyo a las manifestaciones culturales que afirmen la identidad local; la promoción de manifestaciones artísticas que contribuyan al fomento y difusión de la cultura popular local; el fortalecimiento de la presencia cultural provincial en los planos nacionales e internacionales; la elaboración de planes destinados a la distribución equitativa de los recursos públicos destinados a la cultura y la promoción de una gestión cultural de carácter participativo".

A esta altura cabría preguntarse qué entienden los legisladores por industria cultural.

Más de medio siglo después de que Theodor Adorno y Mark Horkheimer llamaran la atención sobre los peligros dela creación y difusión masivas de la cultura (basados, a su vez, en los conceptos que en 1935 esbozara Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirmaba que el concepto de industria cultural debía considerarse "desde una perspectiva que permita correlacionarlo con un amplio universo de la cultura", habiendo subrayado antes, por supuesto, la importancia de las I.C. en la dinámica del desarrollo y la modernidad de los pueblos latinoamericanos.

En este sentido, el proyecto santafesino entiende por Industria Cultural "toda actividad en la que se apliquen procedimientos industriales en la producción, reproducción, conservación y difusión de las obras de la creatividad humana, realizada según criterios comerciales y con independencia de sus fines (...)".

Según Lucio Guberman, coordinador del Programa de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Provincia -y principal responsable de la instalación del tema en la agenda política vernácula-, el proyecto (que lleva el número de expediente 15368 y la firma de los diputados del PJ Roberto Mirabella, Marcelo Gastaldi y María Celia Costa) está basado "la definición de industrias culturales de la UNESCO, que si bien es opinable, da un marco general a la cuestión".

Mediante un análisis comparado de la legislación cultural vigente en otras ciudades y provincias -entre ellas las experiencias de Córdoba, en donde Cultura aparece como agencia; la del Instituto Cultural Bonaerense, que cuenta con un presidente que tiene rango de ministro; la dirección de Industrias Culturales de Chubut y, salvando las distancias, la del Instituto Catalán de Industrias Culturales-, la iniciativa local pretende, entre otros objetivos: planificar estrategias de gestión, implementar programas, detectar, evaluar y canalizar la asistencia técnica y financiera de los proyectos de base cultural (especialmente a través de la creación de un Fondo de Riesgo para Emprendimientos Culturales), fomentar el otorgamiento de créditos para el desarrollo cultural; crear un registro de emprendedores de base cultural; propiciar la formación de redes de prestadores de servicios culturales; conformar un organismo de control de las I.C.; capacitar para el desarrollo; producir información estadística; difundir y organizar actividades artísticas; estimular la investigación en la materia; orientar la labor de las entidades y organismos privados que desarrollen actividades de producción cultural y diseñar estrategias para la generación de recursos genuinos.

A este fin la ley contempla, también, la creación de una repartición específica, la Dirección Provincial de Promoción de Industrias Culturales, que con la asistencia de una comisión ad-honorem, será la encargada de generar, implementar y regular las políticas adecuadas a tal fin.

Por supuesto habrá que esperar hasta mayo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias en el Senado Provincial, para conocer la importancia que los legisladores le otorgarán a un tema que, como dice George Yúdice, "ha jugado un papel preponderante en la consolidación de la identidad de los países latinoamericanos".