La estigmatización hacia los jóvenes que realiza el discurso hegemónico de los medios de comunicación es una constante.

Desde la ecuación más repetida que concibe a los pibes de los barrios más humildes como "chorros" y "drogadictos", hasta la calificación de "violentos" e "intolerantes" realizada sobre los jóvenes militantes que protagonizaron la multitudinaria despedida a Néstor Kirchner.

Tal es el rol jugado por la agenda que construyen los medios, que la Argentina siendo uno de los países con más baja tasa de homicidios de América, se encuentra segunda en relación a la "percepción de inseguridad" que tiene la ciudadanía, según estadísticas que se conocieron en estos días.

Ahora bien, que el tema tenga como trasfondo una clara intencionalidad política no invalida su relevancia.

La institucionalización y el encierro como respuesta, a contramano de lo que supone cierto sentido común instalado, potencia, en vez de disminuir, la espiral de reincidencia y desafección.

Y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años tiene su antecedente más inmediato en 1976, en plena dictadura cívico militar, lo que debería ser, por si sólo, argumento suficiente para descartarla como posibilidad.

Políticas públicas que promuevan la inclusión social, un primer empleo joven, la permanencia en el sistema educativo, la capacitación, la recreación y la producción cultural, son las cosas que habilitan a todo joven a poder construir un proyecto de vida como horizonte, permitiendo reponer el sentido de pertenencia a una comunidad.

La Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente y la Asignación Universal por Hijo son dos iniciativas que marchan en este sentido.

Profundizar la redistribución de la riqueza, democratizar la palabra y una nueva mirada ciudadana integral sobre la seguridad, son condiciones para un reconocimiento de los menores como sujeto pleno de derecho.