Aunque bajar la cabeza pueda ser un pasaporte a la tranquilidad, a la falta de conflictos, es también la mejor garantía de sufrir nuevos atropellos. Aceptar la mirada despectiva, creerse las palabras del agresor, hacerse cargo de sus prejuicios. Nada de eso eligió Michelle Vargas, la trans que hace una semana sufrió un claro episodio de discriminación en un supermercado de Callao y Zeballos. Al contrario, llegó al departamento adonde estaban sus amigas Michelle Mendoza y Lali Krupp sin la docena de facturas que había ido a comprar para acompañar el mate y con una indignación que la inundaba. Que las tres hayan decidido volver al comercio para pedir explicaciones, o el nombre del encargado para realizar la denuncia por discriminación, fue un acto valiente. Sabían, lo habrán vivido más de una vez, que podía pasar lo que efectivamente pasó: que recibieran más sorna, más insultos, peor trato.

Lo que no podía --no debía-- pasar es que agentes de la policía provincial se sumaran a ese maltrato. Las tres activistas trans estaban pidiendo el auxilio del poder público para ser respetadas, la peor respuesta posible fue que los policías sumaran sus propios insultos (negro, puto) y el trato discordante de género. Michelle, Michelle y Lali no son señores, les recordó el diputado provincial Eduardo Toniolli, pero los efectivos se mantuvieron en su posición. Hasta el comisario Walter Leiva se sumó a las agresiones verbales.

¿La sanción es la única medida posible? Ojalá que no. Que haya sanción, claro. Pero también sería bueno que los agentes policiales completaran su formación --ampliada por decisión política durante el último gobierno de Hermes Binner-- con un efectivo conocimiento de los derechos humanos, que incluyen de manera indubitable el de la identidad.

También que cada ciudadano y cada ciudadana los exiga de manera activa, como hicieron las dos Michelle. Seis horas demoradas fue una represalia injustificable, pero también pone un mojón: las trans pueden enfrentar el maltrato con la frente alta. Ellas lo hicieron. Un colectivo tan marginado, maltratado y excluído merece saber que se puede combatir la discriminación. Al mismo tiempo que la ley de identidad de género es una urgencia.

Esta misma semana, la provincia de Santa Fe tuvo la contracara de la discriminación sufrida por las dos Michelle y Lali. Victoria Alejandra Ironici coronó su larga pelea con un documento nacional de identidad que realmente la identifica, por primera vez en su vida. Feliz, se puso a hacer los trámites para adecuar los títulos secundario y terciario a su verdadera identidad, la misma que la llevó a irse de Tostado, su ciudad natal, cuando era todavía una adolescente y recibía las burlas de sus compañeros, de sus vecinos.

La vida de las personas trans es un largo camino de construcción del nombre propio, de llevar el deseo como estandarte para lograr ser reconocidas. En el caso de Victoria Alejandra, debieron pasar 35 años, desde el día que nació, el 4 de noviembre de 1976, para que pudiera contar con un documento que la represente. Aunque festeje, no se olvida de todo lo que falta obtener, no sólo para ella, sino para el colectivo que la incluye: inserción laboral real, los mismos derechos que el resto de la población.

La victoria reciente de Alejandra Victoria tuvo una primera decisión jurídico politíca hace más de un año: la intervención del entonces fiscal de Estado Jorge Barraguirre, quien consideró que no era necesario recurrir a la justicia para adecuar el DNI a su género real. Aquel dictamen allanó el camino, casi al mismo tiempo que en la Cámara de Diputados de la Nación avanzaba el proyecto de Ley que obtuvo media sanción en noviembre del año pasado.

En estos días, el Senado tiene la oportunidad de reparar una pequeña parte de la deuda con una comunidad perseguida, agredida, marginada, con un grupo de personas que han padecido encierros, golpes y violaciones sólo por vivir su verdadera vida.

Muchas quedaron en el camino, como Mocha Celiz, una travesti tucumana que trabajaba en la zona de Flores, en la Capital Federal, y apareció sugestivamente muerta después de que el jefe policial de la comisaría 50, de esa zona, la amenazara: "Ya vas a ver, puto de mierda, vos vas a terminar con tres tiros". Ella había sido llevada a la seccional sólo por ejercer la prostitución --el único camino que les queda a la mayoría-- en la calle. Que no es ningún delito. Mocha Celiz fue asesinada a principios de los 80. Tres décadas después, con una democracia consolidada y en camino de ampliar derechos, es inaceptable que sigan sufriendo la violencia policial.

Eso lo saben Michelle Mendoza, Michelle Vargas y Lali Krupp. Por eso se plantaron y exigieron otro trato. En ese camino de dignidad, esta tarde Comunidad Trans y el Movimiento Evita convocan a toda la comunidad gay, lésbica, bisexual y trans a marchar frente a la seccional 6ª --en San Luis entre Crespo e Iriondo-- para recordarle a los poderes públicos que ellas merecen respeto. Como todas. Como todos.