En Argentina 1 de cada 6 nacimientos es de una mamá menor de 19 años y está en crecimiento en las menores de 15. Cada día más de 300 adolescentes se convierten en madres sin haberlo planificado mayormente y son muchas las que tienen un segundo y tercer embarazo antes de los 20 años. Estos datos son arrojados por el anuario 2013 publicado en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

Hoy los números no son alentadores. Si realizamos un paralelismo entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, podemos detectar grandes diferencias. En el caso de adolescentes menores de 15 años los nacidos vivos se duplican, hay 174 en Córdoba mientras que en Santa Fe son 331 sobre un total de 3261, en todo el país.

Como si esto fuera poco, en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años también el porcentaje es más alto; hablamos de 7.535 casos en Córdoba y 8.867 en Santa Fe. En Rosario la gestión de la intendenta Mónica Fein señala una disminución del 28 al 22 por ciento de partos de madres adolescentes desde 2012 hasta la fecha. Preferimos cautela sobre la disminución de la tasa de embarazo adolescente registrada en los hospitales rosarinos, tal como fuera difundido por la municipalidad tras conocerse las cifras oficiales de la cartera de salud nacional.

Las cifras oficiales no hacen referencia a los delitos sexuales. Nos negamos a aceptar que una niña de 10 años sea mamá por ser pobre. Nos negamos a que los ministerios de Salud provinciales, analicen los fríos números de partos en niñas menores a 15 años como si decidieran ser mamás.

Esas cifras esconden delitos sexuales. Nos preguntamos entonces: ¿por qué los estados provinciales Santa Fe, entre ellos ocultan delitos sexuales?, ¿qué ocurriría si esas niñas menores fueran nuestros afectos?, ¿qué cantidad de relaciones incestuosas existen en la provincia que habitamos? Como sociedad ¿nos incomoda realmente la situación?

Avanzaríamos articulando intervenciones entre el gobierno y las Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual y la formulación de estadísticas, tal como está trabajando el Ministerio Público de la Acusación.

Se presentó en la última Jornada Indicadores de Salud en Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, un informe sobre la maternidad precoz en Argentina. La investigadora Edith Pantelides advirtió que las relaciones sexuales que dieron lugar a embarazos fueron, mayormente, con varones más grandes o adultos, donde existió abuso sexual. También destaca que 4 de cada 100 niñas entre 10 y 14 años tendrán su segundo y hasta su tercer hijo antes de los 15 años; que en comparación con otras franjas etarias tienen menor cobertura de salud; sus embarazos terminan con mayor frecuencia en muerte fetal y que registran un mayor porcentaje de nacimientos pretérmino (antes de las 27 semanas de gestación) y con bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos).

Los datos comparados anteriormente, muestran las fuertes desigualdades socioeconómicas pero también educativas y culturales e implican menor acceso a métodos anticonceptivos y a una educación sexual integral que permita ejercer libremente los derechos sexuales y reproductivos. Por eso el año pasado propusimos y aprobamos la Ordenanza 9310 creando Consejerías Integrales en Salud Sexual y Reproductiva.

En 2004 trabajamos con el entonces concejal Agustín Rossi (actual Ministro de Defensa de la Nación), el proyecto que creó el Programa de Equidad Educativa para alumnas madres y embarazadas, que la gestión socialista mantiene aún con el criterio de inclusión educativa, para que las jóvenes puedan terminar todos los niveles de estudio que estén cursando.

Reivindicamos las políticas públicas nacionales como el Progresar, que incorporaron 24.027 jóvenes, a nivel provincial y que apunta a la inclusión educativa, como también la Asignación por Embarazo, con 4.833 titulares y la Asignación Universal por Hijo que alcanza a más de 260 mil niños y niñas en nuestra provincia, y que significa una herramienta fundamental en políticas de salud pública. Sin embargo, la perspectiva de equidad y de género en la educación santafesina es una de las deudas.

La Educación Sexual Integral (ESI) fue implementada seis años después de su sanción y la provincia no ha sido eficaz a la hora de incluir a través de esta herramienta.

El gobierno provincial olvida aplicar políticas de inclusión que apunten a la población de niñas y adolescentes con el fin de revertir estas tendencias que nos muestran la fuerte relación que existe entre educación y maternidad. De hecho la Secretaría de Niñez y Adolescencia y la Defensoría NNYA no han podido trabajar en forma complementaria, hay varios ejemplos de quienes recurrieron a ambas instancias y no hubo respuestas.

Es fundamental impulsar el trabajo en redes entre los distintos niveles del Estado y con las ONG, como definir políticas para prevenir el embarazo precoz, promover y reforzar la educación sexual integral, salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto no punible como contempla el artículo 86 del Código Penal.

* Concejala del FJPV