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En estos tiempos revueltos, veloces, se operan una cantidad significativa de cambios en todos nuestros hábitos. Todo lo que vemos, comemos, leemos, etc. está atravesado por la ilusión que nos presenta en consumo instantáneo. Es esta zona de ilusión, de promesa de algo mejor que nos daría el consumo instantáneo: se pierden los matices, las diferencias, las ideas, los puntos de vista. Todo llega a este consumo instantáneo precocido, masticado, interpretado para el lector, televidente u oyente, etc. Las comunicaciones y acciones políticas que se generan, se mueven por las redes de información con velocidad, y fluyen en forma líquida, con "noticias" que llevan mensajes implícitos en el que la formación de opinión o, si se quiere, su "cocción", su construcción de sentido esta definido a priori.

Todo se muestra sin fisuras comunicacionales donde las noticias, como se "cocinan" demasiado rápido, nunca se analizan. En este contexto, demasiado rápido también se "cocinan" en un transfondo no público ciertas decisiones judiciales. Los ejemplos abundan a nivel nacional y provincial. En este sentido, resulta gráfico citar algunas de estas "conductas" judiciales carentes de legitimidad y su comunicación. A nivel nacional es paradójico la judicialización de la política por la decisión del juez Claudio Bonadío, quien revisa decisiones de política económica en forma judicial tirando por tierra la centenaria doctrina de las "political questions" o cuestiones políticas no judiciables. Sabemos todos, sin entrar en detalles, que hay decisiones políticas que están exentas del control judicial y esta era una de ellas.

El panorama no resulta más alentador a nivel provincial aunque la crítica al control judicial recorre otro camino. En Santa Fe, curiosamente, los jueces han decidido no controlar actos de su exclusiva competencia jurisdiccional. Así, algunos magistrado han decidido no controlar las decisiones de algunos fiscales de modificar sin fundamento fáctico/jurídico conductas delictivas para permitir arribar a acuerdos abreviados y favorecer a determinados "delincuentes" que utilizan en su provecho la fuerza que el estado les ha atribuido. Esto ha ocurrido con la sentencia dictada en la que participaron la jueza Cristina Fortunatto y el fiscal Carlos María Vottero de la 5a. Circunscripción Judicial de nuestra provincia (Rafaela) sobre los gravísimos hechos ocurridos en la localidad de Frontera que conmocionaran a la opinión pública nacional. En ese caso, un grupo de policías "secuestro" a una persona, la torturó y luego la crucificó y la trasladó a la provincia de Córdoba para que muriese de frío en la intemperie. Sólo la casualidad evitó la fatalidad del hecho que hubiese seguramente garantizado la impunidad de los policías. Sin embargo, fruto del azar, la persona fue rescatada en estado grave con hipotermia y pudo relatar esos gravísimos hechos e identificar a los policias delincuentes. Así fue que los responsables de estas acciones, que recuerdan el accionar de los grupos de tareas de la última dictadura, pudieron ser acusados. De todos modos, apelando a cuestiones mágicas, el fiscal efectuó un acuerdo abreviado por delitos mucho más leves de los que correspondían. La crucifixión, con toda la carga simbólica que además tiene en nuestra cultura, era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible (para disuadir a la gente de cometer crímenes parecidos) y pública, utilizando todos los medios necesarios para su realización. Cabe preguntarse si a alguien se le puede ocurrir decir que Jesús de Nazareth no fue torturado hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre las crucifixiones que realizaba el imperio romano con la crucifixión de este joven? ¿Por qué el Juez aceptó este incalificable acuerdo abreviado? Un acuerdo abreviado cargado de privilegios con cumplimiento de la corta pena que se le impuso en la comisaría que custodian sus compañeros y no en una cárcel común.

En el plano de la justicia federal local, aparece otra decision judicial absurda que nos conmueve a aquellos que defendemos cotidianamente la plena vigencia de los derechos humanos para todos. Esta decisión es la que tomó el Juez Federal Marcelo Bailaque de considerar que los hechos de la desaparición y muerte de Gerardo "Pichón" Escobar no deben ser calificados como lo que fueron, desaparición forzada seguida de muerte, sino como simple homicidio. El juez, con criterios infundados, favorece a los acusados con esta innecesaria demora a la que somete nuevamente la investigación. Haciendo una lectura de los por qué de esta decisión encontramos que en los mismos está implícita una conducta judicial condescendiente con los abusos policiales. Por eso creemos que la única forma de recuperar la credibilidad judicial es con jueces que ejerzan su poder con apego a la ley y a la búsqueda de la verdad para que le devuelvan legitimidad al "martillo" que empuñan cuando imponen sanciones, porque el poder de uso del martillo no les pertenece. La fuerza que tiene ese martillo viene del pueblo y no puede ser usado siempre contra el pueblo favoreciendo a sus opresores. Si eso no comienza a ocurrir, como decía Pascal, la justicia que sin la fuerza no es nada será tan solo fuerza tiránica que solo generará rebeldía y descrédito.