Complicidades

José Rubén Lofiego fue responsable de casi setenta hechos de torturas y asesinatos según consta en el informe elaborado por el doctor Esteban Borgonovo a fines de los años noventa. Quiere decir que Lofiego estaba imputado al principio de la democracia de casi la cuarta parte de los 350 desaparecidos de la zona del Gran Rosario. Un asesino serial. La racionalidad del principal cuadro represor de la derecha argentina después del comisario Alberto Villar, el ex gendarme e integrante del Batallón 601 de Inteligencia, Agustín Feced al que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón le ofreció la comandancia de la Triple A.

Lofiego torturaba, se lavaba las manos y escribía los partes que iban al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en la esquina de Córdoba y Moreno. Era metódico y estudioso.

Fue ascendido en democracia y tenía bajo su responsabilidad la organización de la seguridad de los clásicos entre Central y Ñuls.

Ahora la Sala II de la Cámara de Casación Penal acaba de ordenar su libertad porque pasaron cuatro años de su detención y todavía no hubo sentencia.

No solamente hay que repudiar a los integrantes de esta cámara sino también a los jueces federales rosarinos que desde el año 1986 saben los delitos cometidos por hombres como Lofiego. Son los mismos jueces que miraron para otro lado cuando una pericia caligráfica demostró de manera científica que Agustín Feced había inventado su muerte.

Son los mismos jueces los que dieron por muerto a Gazari Barroso, uno de los principales responsables del genocidio en la zona del Gran Rosario cuando estaba vivo y domiciliado en el mismo lugar que en los años ochenta. Son los mismos que desconocieron el monumental trabajo de la Conadep Rosario, los organismos de derechos humanos, los abogados litigantes. Son los mismos que ocultan el expediente original del caso Larrabure, donde consta que no hubo asesinato, ni torturas ni mala alimentación de parte de una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Son los mismos jueces que nunca hicieron una autocrítica pública por los 702 hábeas corpus rechazados entre 1976 y 1983 ni tampoco hablaron en torno a los "chicos derivados de procedimientos antisubversivos".

Se hace indispensable pedir juicio político contra los componentes de la Cámara de Casación Penal y también para los responsables rosarinos de los tribunales federales que han trabajado para la impunidad.

Carlos del Frade

Candidato a diputado nacional

Proyecto Sur - Partido Socialista Auténtico