Represores

La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó en diciembre pasado la excarcelación de detenidos procesados por la comisión de delitos de lesa humanidad, como lo es el genocidio, la violación y el plan sistemático de apropiación de bebés. Son actos delictivos que llevan intrínseca en su forma de comisión la procura de su propia impunidad.

Como abogados, respetamos el debido proceso, por eso venimos a alertar sobre los riesgos que para el mismo conllevan estas decisiones. La propia Cámara de Casación, que apela a una excesiva demora en el cumplimiento de las prisiones preventivas de un puñado de represores que fueron alcanzados por la justicia, parece no tener intención alguna de responsabilizar por las demoras a los magistrados. El mismo cuerpo colegiado que integran demoró recursos por 4 años.

La única respuesta posible ante las injusticias en un estado de derecho es prestar el servicio de justicia. En este caso ello se traduce en aplicar las medidas procesales necesarias para acelerar los procedimientos y realizar los juicios. Respetando y mejorando los criterios de acumulación para evitar que se repliquen y multipliquen las audiencias con el consabido perjuicio para todos.

Esta doctrina de la Cámara se mantiene hasta nuestros días, ordenando ahora la libertad de detenidos en los procesos que se siguen por el accionar del Comando del II Cuerpo de Ejército, en este caso José Rubén Lofiego, Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara.

Ante esta situación, los abogados que conformamos el Frente Gremial Movimiento de Abogados manifestamos nuestro rechazo a éstas decisiones judiciales que ponen en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente.

Estas determinaciones revisten gravedad institucional. Los imputados y las agencias estatales que llevaron adelante el terrorismo de estado han intentado impedir la acción de la justicia para el esclarecimiento y sanción de los crímenes de la dictadura y lo lograron por más de 2 décadas.

Es nuestra obligación realizar y/o apoyar todas las acciones legales a fin de evitar que se efectivicen estas decisiones, denunciando además la permanencia dentro del Poder Judicial de magistrados que manifiestan sus simpatías con la dictadura, en forma abierta o embozada, y poder cumplir con el inmutable objetivo de lograr juicio y castigo a los culpables del terrorismo de estado.

Roxana Solina

Vildor B. Garavelli