CORREO
El 19 y 20 de diciembre se cumplieron 9 años de los actos represivos que tuvieran como consecuencia 9 muertos en la provincia de Santa Fe, siete de ellos en manos de la policía provincial, cientos de heridos y más de trescientos detenidos. La Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001, determinó las características de la represión policial y de la investigación prevencional que resultaron en maniobras desarrolladas para encubrir los delitos cometidos por la policía y por la estructura de mando institucional y política. También quedaron demostradas graves falencias en la investigación judicial. Estas conclusiones fueron entregadas al gobernador Hermes Binner en la reunión mantenida con los familiares de las víctimas y la comisión el 20 de diciembre de 2007.
Pese al compromiso asumido por el actual gobernador, a 3 años de haber asumido el gobierno de la provincia, nada ha cambiado y se mantiene la impunidad de los crímenes.
Mas allá del compromiso manifestado por el Gobernador antes de asumir y en la reunión que tuvo con los familiares y la comisión, no ha cumplido sus promesas de justicia. Pese a las declaraciones altisonantes con relación al ex gobernador Carlos Reutemann, nada ha hecho para que este último sea sometido a juicio, pese a su clara responsabilidad y el derecho de las víctimas a que se sepa la verdad.
Como ya hemos expuesto la provincia es una sola, el Poder Ejecutivo es uno solo, como son uno solo el Poder Judicial y el Legislativo y aunque cambien los hombres, todos estarán comprometidos con la impunidad.
Es lamentable, que todavía existan quienes piensan que Reutemann puede ser candidato a algo; y ello sucede porque nunca fue sometido al Poder Judicial, pero ello también es responsabilidad de los otros dos poderes de la Provincia, el Legislativo y el Ejecutivo
El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos. Si el Estado actúa de modo que tal violación quede impune, puede afirmarse que ha incumplido con su obligación.
Por ello a 9 años de la represión, y quedándole al actual gobernador un año de gestión seguimos exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables individuales e institucionales de los actos represivos. Entendemos que la impunidad alcanzada se debe a las acciones y omisiones de los tres poderes del Estado. Así se impide el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores materiales e intelectuales mientras el gobernador ha eludido la responsabilidad política de impulsar una investigación.
Coordinadora de Trabajo Carcelario
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