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El agua

En 1882, la municipalidad se propuso darle una solución "moderna" al problema del agua potable, disponiendo una licitación para la provisión. Se dispuso una concesión muy similar a las anteriores, con ciertas cláusulas que permitían al municipio sancionar a los prestadores ante deficiencias en la prestación o aumentos de tarifas. De allí que durante los años que van de 1882 a 1935, la empresa de aguas deberá afrontar sucesivas disputas con los intendentes, con los concejos deliberantes y también con las organizaciones vecinales. En general, los poderes de turno trataron de minimizar las falencias de la prestación justificando a las empresas, pero hubo situaciones en las cuales la posición de las aquellas era indefendible y debieron ser sancionadas.

De hecho, el proceso que culmina con la absorción de la empresa municipal por parte de OSN, además de acompañar un proceso nacional (y mundial), vino a satisfacer a muchos vecinos de la ciudad, disconformes con algunas disposiciones abusivas de la empresa (sobre todo en la década de 1930), no siempre bien resueltas por el poder concedente. En la década de 1930 la crítica llegó al punto en que muchos actores de la sociedad civil, comenzaron a bregar por la municipalización del servicio (como había ocurrido con los tranvías, p.e.)

La historia del agua potable en Rosario entonces, acompaña la historia mundial. Privada hasta la posguerra (algunos países lo estatizaron antes) se entregará a las "leyes del mercado" en la década 1990, empeorando las asimetrías sociales existentes hasta ese momento y el acceso al agua es un indicador fehaciente de las mismas facilitando los grandes negociados de las empresas que no pudieron responder a la crisis del modelo neoliberal que estalló en 2001. Con administración provincial desde 2006, las reglas de juego cambiaron radicalmente para los más desposeídos, anulándose algunas cláusulas realmente abusivas y coactivas propias del más recalcitrante "mercadismo".

La autonomía política de Rosario quizás no encuentre un correlato directo en una administración de aguas municipal. En este sentido debe tenerse en cuenta la actual integración entre Rosario y las ciudades aledañas, las cuales no deberían quedar al margen de los progresos regionales. Con la regionalización del servicio de agua, podría abrirse una nueva etapa que debería estar signada por la más amplia apertura a la participación de la sociedad civil, donde se encuentran las reservas intelectuales y sociales que permitirán garantizar un servicio de agua eficiente y en igualdad de condiciones para todos los rosarinos. El marco regional permitiría una eficiente articulación entre los agentes involucrados.

Pablo Ernesto Suárez