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Violencia estatal

La furia represiva de las fuerzas estatales se continúa manifestando de modos diversos pero siempre cruentos en distintas latitudes del país.

En los últimos días se ha concretado un despliegue de fuerzas represivas que afectó a los pobladores de región de Famatina en La Rioja, trabajadores docentes y miembros de la multisectorial que apoya su lucha en el Chaco. También la Capital Federal con la destrucción del taller protegido de los internos del Hospital Borda fue escenario de la saña represiva y en la ciudad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz trabajadores fueron atacados por escuadrones gubernamentales.

Una violencia estatal que no cesa, una política estatal deliberada de judicialización de las protestas sociales. A esta altura son miles los procesados por participar en estas acciones de enfrentamiento a los ajustes y atropellos gubernativos.

Los discursos oficiales buscan distraer la atención, pero la realidad desnuda lo evidente: la convivencia de las fuerzas represivas estatales con los propietarios de capitales mineros y grupos económicos concentrados que son los que fijan e imponen como sea las reglas del juego.

La resistencia de los pobladores contra la actividad minera no responde a cuestiones atávicas, ni folklóricas. La contaminación del agua y el despilfarro que hacen estas empresas ponen en riesgo la supervivencia de los habitantes de esas tierras.

La resistencia de los miembros de la etnia Qom que siguen siendo atacados y asediados en el nordeste es la expresión de las maniobras de extensión de la frontera para el cultivo y explotación de la soja. Los métodos siguen siendo el exterminio de la población autóctona y su estigmatización como en las campañas del Gran Chaco emprendidas desde fines del siglo XIX y que siguieron hasta los años cuarenta en el pasado siglo XX.

Sólo la resistencia solidaria y autoorganizada podrá ponerle coto a estos atropellos. Las actitudes de soslayo a estas crueles realidades son una forma de complicidad objetiva con los ejecutores de estas políticas.

Carlos A. Solero

Miembro de APDH Rosario