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A pocos meses de asumir el gobierno nacional, tras producir un feroz ajuste en pos de reducir el gasto fiscal y de aplicar una serie de medidas que beneficiaron a los grupos más concentrados de la economía nacional, Mauricio Macri se enfrenta por estos días a su primer escándalo público, de alcance internacional, que tiende a oscurecer su cuidada imagen política a pesar de la cobertura mediática.

No se podrá negar que gran parte de su exitoso discurso de campaña se montó sobre las denuncias de corrupción y falta de transparencia del gobierno anterior, la exigencia de mayor tolerancia y apertura al diálogo y las promesas de un cambio radical en la forma de hacer política. Sin embargo, a poco de conocerse uno de los hechos más trascendentes en materia de denuncia periodística que lo involucra, al igual que a muchos referentes de la política, el espectáculo y el deporte a nivel mundial, parece que se vuelve a la vieja receta: "no hay nada que explicar".

Si bien es cierto que armar empresas en paraísos fiscales no constituye per se un delito, como salió a explicar con total desaprensión la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, designada precisamente para investigar ilícitos vinculados a la función pública, a nadie se le escapa que este tipo de maniobras tiene como objetivos evadir impuestos, blanquear dinero mal habido, ocultar fortunas o sortear requisitos legales de los países de origen, entre otros.

Más que la ilegalidad de estas acciones, que deberá ser evaluada en su momento por la justicia competente, lo que se juzga en primer instancia es el aspecto ético que este asunto encierra. También resulta sospechoso, entre otras tantas cosas, la cantidad de funcionarios ligados al presidente Macri que aparecieron en los documentos revelados por el Panama Papers vinculados a firmas asentadas en paraísos fiscales.

Por último, es realmente ofensivo para todos los argentinos y argentinas que todo esto se conozca en el medio de una situación de ajuste social. Por todo esto, desde el Partido Si exigimos que el jefe de Estado y sus funcionarios den explicaciones públicas sobre su participación en estas empresas offshore, que se investigue para que se constituyeron las mismas y que actividades realizaron, y que los organismos nacionales encargados de luchar contra la corrupción sean ocupados por personas idóneas e independientes y no aliados políticos del gobierno de turno.

Gustavo Gamboa

Secretario General de la Mesa provincial Partido SI