Diciembre 2001

La falta de esclarecimiento y sanción de uno de los peores actos represivos cometidos en la historia provincial de este caso emblemático ewn la historia provincial no hace más que reforzar la idea de un cambio estructural en la justicia santafesina. La independencia y el respeto por la ley deben reemplazar la lógica de la complicidad con el poder político. Hace cinco años, en medio de la convulsión social derivada de una profunda crisis económica e institucional en el país, nueve ciudadanos santafesinos eran asesinados en las calles provinciales entre el 19 y el 21 de diciembre de 2001, como consecuencia de una feroz represión policial organizada desde el Estado frente a los saqueos. Por aquellos días, gobernaba la provincia el hoy senador nacional Carlos Reutemann, y el ministro de Gobierno era Lorenzo Domínguez, secundado por Enrique Alvarez como subsecretario de Seguridad. De la totalidad de las víctimas fatales se determinó en sede judicial que siete santafesinos ﷓ Graciela Acosta, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina Garcia, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba y Claudio Lepratti﷓, murieron por balas o postas de plomo provenientes de armas reglamentarias utilizadas por personal de la policía de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, a la fecha tan solo un efectivo policial se encuentra privado de su libertad por su responsabilidad material en el asesinato de Claudio Lepratti: Esteban Eduardo Velázquez.

Luego de un lustro de aquellos trágicos sucesos, queda claro, más allá de los autores materiales de estos hechos repudiables que manchan la historia de los gobiernos democráticos de la provincia, que la represión obedeció a una decisión política del gobierno de entonces. Sin embargo no hubo condenas judiciales a los funcionarios que incumplieron sus deberes como agentes del Estado. Esta es una de las causas emblemáticas que reflejan como la impunidad para los poderosos se ha instalado como regla rectora en el Poder Judicial. Pareciera que el único objetivo de los magistrados y fiscales actuantes en todas las causas judiciales relacionadas a estos terribles hechos, fue preservar la impunidad de los máximos responsables políticos, empezando por Carlos Alberto Reutemann. No es casual que un juez como Roberto Reyes haya sido premiado con un ascenso a camarista, no hace mucho tiempo, luego de su reprochable actuación en sede correccional. Es una muestra clara de agradecimiento por parte del Ejecutivo y los legisladores justicialistas que convalidaron su postulación. Un caso idéntico al del ex fiscal de la causa inundaciones, Ricardo Favaretto.

Es imprescindible poner en marcha profundos cambios estructurales en el Poder Judicial. La verdadera reforma de la justicia implica un giro sustancial en la lógica impuesta a lo largo de más de dos décadas, más allá de los aportes presupuestarios y las innovaciones tecnológicas declamadas en estos días. La independencia y el respeto por la ley deben reemplazar definitivamente la regla de la complicidad con el poder político".

Héctor Jullier

Diputado provincial PDP