SOCIEDAD › RECLAMAN LEGISLACION CONTRA EL ACOSO LABORAL PRIVADO
En Santa Fe hay una ley para los empleados públicos, pero en el
ámbito privado faltan herramientas para terminar con actitudes que
surgen de la mano de la precarización y de la pérdida de valores.
› Por Sonia Tessa
"Todos somos víctimas potenciales del acoso psicológico en el trabajo", asegura la especialista Patricia Barbado, asesora de uno de los seis proyectos de ley nacional para abordar este problema que tiene en estudio el Congreso Nacional. La abogada consideró que la precarización laboral, de la mano de la "pérdida de valores y de ética", dejaron el campo libre para el crecimiento de este tipo de prácticas. Si bien existe una ley provincial en Santa Fe, se circunscribe al empleo público. "Hacemos hincapié en la importancia de que salga una ley nacional así se contemplan las relaciones de trabajo en el ámbito privado", explicó. Es que la mayoría de la gente desconoce esta práctica, que en Francia constituye un delito. Es así que solos y confundidos por el hostigamiento que sufren, muchos trabajadores no saben a quién recurrir para recibir ayuda. Invitada por Susana Treviño, asesora legal de la Asociación Empleados de Comercio y también especialista en el tema, Barbado estuvo en Rosario para disertar sobre este fenómeno que "si no se difunde, continuará creciendo".
"La población conoce una forma de violencia que es el acoso sexual, pero consideramos muy conveniente para que se conozca hablar del acoso psicológico o mobbing", afirmó la especialista, quien admitió que es difícil para la víctima advertir que está sufriendo acoso moral. "Entra en confusión", afirmó. Uno de los objetivos de los acosadores es socavar la autoestima de la víctima y aislarla de sus compañeros de trabajo.
Por eso, el proceso es complejo. "Primero tiene que saber de qué se trata, que está siendo víctima de acoso psicológico y qué es. Después, lo que puede hacer es pedir ayuda, y como esto trae graves consecuencias para la salud, obviamente que va recurrir al psicoterapeuta y también al médico. Entonces, es importante que los profesionales de la salud comprendan esta situación. Luego un rol muy importante lo juegan los sindicatos, que son los que a su vez difunden el tema para que las personas lo puedan comprender más allá de la ayuda legal que también deben obtener porque hace falta para la tutela efectiva".
Si bien en la Argentina no hay ninguna estadística sobre la dimensión del mobbing, Barbado consideró que la cantidad de denuncias que se reciben a partir de la difusión hablan de un índice alto. "Con la difusión del tema, la población está tomando conciencia y de esta manera también se anima a denunciar", indicó la especialista, quien analizó también que hay sectores de riesgo, como "el de la salud, el sector docente, y edades críticas, como los que recién se inician en la vida laboral y los que están en una edad próxima a la jubilación, también las mujeres embarazadas. Este método se utiliza para excluir a la persona sin pagarle una indemnización, y de esa manera se configura un fraude a la ley". Además de Francia, Suecia, Suiza y Bélgica tienen las legislaciones más avanzadas y el mayor desarrollo respecto de la problemática.
Al mismo tiempo, la precarización laboral "es uno de los factores que ha incidido para que se desarrolle este fenómeno con los contratos basura y la globalización. Pero además es un tema cultural", explicó Barbado, quien ilustró que "empieza a estar ausente la ética y el respeto en las relaciones humanas y sobre todo en los ambientes de trabajo". En ese sentido, señaló que el mobbing "causa gravísimos daños en la salud de las personas". Por eso, llamó a ver más allá de lo evidente. "Nosotros estamos acostumbrados por nuestra cultura a percibir sólo lo tangible, entonces sólo podemos comprender la violencia física, pero las investigaciones internacionales le están dando tanta importancia a los comportamientos psicológicos".
Para Barbado es esencial que el Estado tome el tema como un problema público. Así lo establecen los seis proyectos de ley en danza en el Congreso. "Establecen la obligación del Estado de implementar políticas públicas, realizar estudios de campo y de difundir el tema", indicó la profesional.
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