La de Damián Loreti es, sin duda, una de las voces, más importantes cuando de libertad de expresión y de derecho a la información se trata. Por lo tanto, también cuando se habla de una de las grandes deudas que la democracia tiene para con todos los argentinos: Una nueva ley de radiodifusión que atienda las necesidades de esa democracia y de su profundización. Loreti es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y, entre otras ocupaciones, integrante de la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Justamente en carácter de especialista fue consultado por los redactores de la propuesta de proyecto de ley que luego la presidenta Cristina Fernández presentó en La Plata, el 18 de marzo pasado. Sobre el texto de esa presentación aporta lo que, a su juicio, serían ajustes que deben hacerse con lo cual "de aprobarse tendríamos una ley buenísima", dijo a Rosario/12. Loreti estuvo en la ciudad invitado a participar del panel de cierre de las III Jornadas Universitarias﷓La Radio del Nuevo Siglo, organizadas por la Facultad de Ciencia Política y RR.II de la UNR y su Escuela de Comunicación Social. Allí explicó muchos de los puntos de mayor interés de la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la que calificó como un anteproyecto con vocación y contenido "desconcentrador", que pone límites al monopolio de la comunicación a través de las licencias que se otorguen y también con el recurso de los porcentajes de la población a la que se va a servir. Loreti no dudó un momento en afirmar que este es el momento para discutir la ley y se mostró partidario de que el tema sea eje de discusión de la campaña electoral para que cada nuevo legislador llegue con un mandato claro sobre lo que debe hacer.

-Usted fue consultado desde el gobierno nacional, como especialista en derecho a la información, para que aporte opiniones con el fin de elaborar la propuesta de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué le falta a ese anteproyecto?

-Es una pregunta compleja, porque da por sentado la saciedad de todos los sectores y hay muchos que sostienen que a la ley le sobra. Esa es una mirada que no hay que dejar de lado. Pero entonces, partimos de un buen estado, de un estándar alto. ¿Por qué hablo de un estándar alto? Porque es una propuesta desconcentradora, que no sólo tiende a lograr esa desconcentración de los conglomerados de la propiedad de las emisoras, sino que también incluye los derechos de exhibición que han formado parte de las estrategias de concentración. El ejemplo más común es el del fútbol, sobre el que la potestad de la transmisión esta en poquísimas manos, pero no es el único. Creo, además, que la ley necesita un ajuste en la parte de gravámenes de modo de ver cómo se solidifica un proceso hacia una mayor fuerza de la televisión abierta y si queremos aprovechar la tecnología, para multiplicar las voces, eso hace falta. También creo que es necesario anclar un par de ajustes en materias de gravámenes de las señales extranjeras de los servicios satelitales. Hoy las señales no son, de por sí, sujetos de derecho ante la ley de radiodifusión. Una de las cuestiones que se prevé en la propuesta es el registro de esas señales. No se trata de que tengan que sacar licencia, pero sí, en la medida que explotan sus actividades en la Argentina y reciben ingresos por eso, que se registren, que haya una responsabilidad editorial y económica.

-¿Cuál sería el caso de esas señales? ¿Las puede identificar?

-Sería el caso de una señal que está en un canal de cable, desde Crónica, por citar un ejemplo nacional, hay otros varios, como C5N, hasta las extranjeras, CNN, HBO, TNT. Hablo de señales que llegan a la casa de un abonado a través de un servicio de cable. El responsable de todos los contenidos para la actual ley de radiodifusión es el productor de cable y eso no está bien, porque no tiene capacidad de edición de los contenidos. Se hace cargo de aspectos que ponen terceros y no puede controlar. Aquí hay señales nacionales y señales extranjeras, en la medida que las señales extranjeras no toman trabajo argentino, deberían tener un gravamen mayor. Tal el caso de HBO, la CNN, tantas otras dedicadas casi por completo a pasar películas. En la medida que reciben fondos de suscriptores argentinos al servicio, hay que revisar adónde tributan y quiénes son los responsables de los contenidos. Ante la ley 22.285 no son sujetos responsables. En la futura ley, y para el caso de salir, se transformarían en sujetos legitimados de manera pasiva, es decir que tendrían que registrarse, tendrían responsabilidad por los contenidos que transmiten y también una responsabilidad tributaria por los ingresos que reciben de la Argentina Esto está previsto, pero yo creo que hay que ajustarlo y generar un colchón de diferencia más importante entre lo nacional y lo extranjero.

-¿Quedan por hacer otros aportes?

-Hay que incluir no sólo a las universidades, que lo están, sino también a los institutos universitarios, como es el caso del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Tal vez haya que hacer además alguna aclaración, porque hubo expresiones que así lo requirieron, en relación con el tercio del espectro destinado a las entidades sin fines de lucro. Para mí está claro que se trata de todas las bandas y de todas las localidades. La propuesta dice que ese 33% de reserva del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro se aplica en todos los puntos en que haya localizaciones radioeléctricas, pero hay quienes no lo interpretaron así. Cuando se establece un punto en el mapa para explotación de servicios, cabe ese 33 por ciento. Algo más que hay que ajustar, porque admito que ha dado discusiones, es lo relacionado con las revisiones cada dos años de las reglas de multiplicidad de licencias. Esto tiene que ver con la incorporación tecnología. ¿Qué pasaría si la autoridad de aplicación, el COMFER, no pudiera revisar los topes por razones de tecnología? Pasaría lo que ocurrió en Chile, donde Televisión Nacional de Chile no pudo hacer pruebas de televisión digital porque la legislación dice que sólo tiene derecho a una señal de televisión. Entonces, cuando quieren utilizar las bandas de prueba y poner TV en más de una señal en la banda que está prestando, ya sea 4 o 6 ﷓depende de la tecnología﷓, hay que revisar la ley. Hay quienes sostienen que lo que dice la propuesta de proyecto es la directa revisión de las licencias, para mí está claro que no, que dice revisión de las reglas de capítulo que se refiere a multiplicidad y a incompatibilidades. Creo que con esos ajustes sería una ley buenísima.

-Hay planteos de las comunidades de los pueblos originarios que reclaman una inclusión específica...

-Sí sostienen que a la propuesta le haría falta la inclusión de la personalidad específica, como habilitada, de las comunidades indígenas. Yo no estoy de acuerdo porque la ley que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dice que la inscripción del registro por ante el INAI da la personería jurídica, o sea que con el sólo hecho de registrar a la comunidad con sus reglas se le otorga la personería jurídica. El anteproyecto habla de que cualquier persona física o jurídica tiene derecho a acceder. De lo contrario habría que decir tal, tal y tal y esto se agota y lleva de nuevo a la definición genérica.

-¿Y con respecto al decreto 527 firmado por el ex presidente Néstor Kichner que suspendió los plazos de las licencias y brindó una extensión por diez años? Hay voces que plantean que el anteproyecto debería contener una suerte de invalidación.

-Yo no aconsejaría la derogación a través de la propuesta de anteproyecto, si llegara a convertirse en ley. Hace falta saber quien cumplió o no con las condiciones que preveía el decreto 527. Hay que ver quiénes se acogieron a eso y en qué condiciones. Se trata de revisar el universo de afectación. Yo no estoy a favor de ese decreto pero no abriría una instancia de judicialización de la ley. Si tuviera que recomendar una forma diría que hay que revisarlo, no por ley sino por otro decreto. Porque si se trabaja sobre el principio de derechos adquiridos, quien cumplió con las condiciones que imponía el 527 podría obstruir la aplicación de la futura ley. A quienes no hayan cumplido hay que quitarles el beneficio y a quienes cumplieron, si hay una decisión política de derogación, hacerlo por decreto.

-¿Considera que los foros en los cuales se trató la propuesta de la presidente Cristina Fernández promovieron y cumplieron la instancia de debate?

-En algunos casos sí y en otros no. Al seguir la página web del COMFER y en consultas con representantes de otras facultades, entiendo que hubo bastante "participación social" y poca de las empresas involucradas. Creo que poca, no nula porque las hubo. Y algunas con ciertos planteos razonables en cuanto a la instancia de renovación o no de la licencia de los cables, en segunda o tercera instancia, ya que no usan el espectro, lo cual es atendible. Pero para precisar: la relatora para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA), Catalina Botero, habló de "importantísimo proceso" y el relator para el mismo tema de las Naciones Unidas, Franck La Rue mencionó el anteproyecto como un 'modelo a seguir' para América latina. A nivel de Universidad-academia, de los sectores que estaban deseosos de opinar después de muchísimos años en los que el debate se había perdido, fue importante. Se han abierto otras instancias, como por ejemplo la de quienes no iban a los foros pero han hecho pública sus opiniones, es el caso del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires donde asistió el COMFER, organizaciones que trabajaron en los 21 puntos, sindicatos y empresas. Hay que ver cuando terminen los foros, hacia fines de mayo, cuál es la colada, pasando el tamiz, de las propuestas que perfeccionan la ley o que sostienen cosas distintas. Allí lo que hay que hacer es un esfuerzo de trabajo y compilación para que cuando lleguen al Congreso, lo hagan todas las voces que se han expresado.

-Hay voces que expresan que este no es el momento de debatir, se refieren al año electoral.

-Yo creo que hubiese sido bueno que los partidos lo tomaran como parte del debate electoral por dos razones, uno de cara a la sociedad y otro con la mira puesta en el debate parlamentario. Porque si esto se votara después de las elecciones estaría claro qué mandato tiene cada uno de los partidos políticos en cuanto al tema, como pasó en 1983 y también en 1989 aunque no se cumplió. La radiodifusión fue tema de debate en las plataformas electorales durante mucho tiempo. Pero si prima el argumento que dice que no es cuestión de discutir esto antes de las elecciones, los diputados van a llegar sin mandato.

-Bueno, pero la UCR se expresó a través de Gerardo Morales. También lo hizo Elisa Carrió...

-Sí pero Margarita Stolbizer que va en la Coalición planteó otra cosa que Carrió y Henoch Aguiar, que es uno de los abogados más importantes del radicalismo en materia de libertad de expresión y radiodifusión, dijo que el momento para debatir 'era siempre' y que este tema es una deuda para con la democracia. Creo que dentro de los partidos políticos hay voces disonantes.

-Usted comenzó diciendo que se trata de un proyecto de ley desconcentrador. ¿No sigue siendo mucho el número de 24 licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción?

-Son 24 permisos físicos, no abiertos, y hoy no se cuentan así. La ley 22.285 dice que los servicios complementarios en distinta jurisdicción o área de cobertura no suman. Ahora se ha puesto 24 y lo que es complejo es determinar cual es el alcance de esa unidad, de esas 24. ¿Hablamos de ciudades, hablamos de departamentos? Yo creo, por ejemplo, que si en un mismo departamento, como Rosario, hay dos señales en dos ciudades, debe contarse efectivamente como dos. Ahora no ocurre de esa manera, ya que si existe una señal que se extiende hacia la otra ciudad, sin permitir otra experiencia local pluralista, se habla de una. Es decir podría haber en manos de un grupo 24 cables en 24 ciudades con el techo de mercado. Porque la propuesta de ley prevé dos formas de control de la concentración, por las licencias y por el porcentaje de abonados a los que va se va a servir. Por ejemplo, aún con menos licencias que 24 no debe superarse el 35% del caudal de potenciales abonados. Se podría bajar ese porcentaje y es algo novedoso. Está tomado de la ley de Estados Unidos donde no sólo se mide la cantidad de licencias que se tiene sino a qué mercado se accede.