Ante la situación de niños y niñas que permanecen privados de su libertad en los kioscos de drogas conocidos como búnker; la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, Analía Colombo, consideró que las actuaciones policiales revictimizan a los chicos y elevó una propuesta al ejecutivo provincial para que ponga en marcha una Agencia Provincial contra la trata de niñas y niños, para atender "la explotación en contextos de venta, distribución y consumo de drogas".

La funcionaria encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, consideró que "la actuación policial en los procedimientos vinculados a niñas, niños y adolescentes víctimas de estas situaciones de explotación, servidumbre y privación de la libertad en los llamados bunkers no hacen, en la mayoría de los casos, más que revictimizarlos al tratarlos como delincuentes y someterlos a situaciones vejatorias y discriminatorias que implican continuar con la violación de sus derechos".

La funcionaria enumeró las vulneraciones que sufren las niñas y niños encerrados en los búnker: "Están expuestos a ambientes insalubres, a la adicción y la muerte por el consumo de sustancias y las prácticas asociadas a las economías delictivas". También "se encuentran privados de su libertad ilegal y arbitrariamente, ya que no pueden disponer de sus tiempos, movimientos y deseos y están en riesgo en su desarrollo personal por las situaciones de violencia vinculadas". Los niños y las niñas que quedan a cargo de la atención en los búnker "están desvinculados de sus familias, sin un marco de contención familiar y socialización comunitaria adecuada, con sus familias impedidas de acercarse a ellos".

Colombo subrayó que los niños y niñas que están sometidos a condiciones de trata de personas en los kioscos de droga "están explotados/as económicamente, cumpliendo funciones y tareas que no son sólo ajenas a su edad sino que, por la naturaleza de las mismas, los ubican en una situación de extrema vulnerabilidad".

Colombo recordó también que "la mayoría de las niñas y niños que son tomados por estas redes, consumen las mismas drogas que venden, lo que agrega otra forma de victimización y de flagelo para involucrarlos en estas redes de explotación".

Aunque la propuesta elaborada por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes no hace alusión directa a casos particulares, una seguidilla de procedimientos policiales dieron cuenta de la vastedad de esta situación de trata. El 9 de septiembre pasado, el diario La Capital publicó que había 120 niños y niñas procesados por atender estos kioscos en la justicia federal rosarina. En ese fuero --en el que Colombo no tiene competencia--, la Defensora General Matilde Bruera los enmarcará en la ley 26.842, aprobada en diciembre pasado. Allí se establece que las personas víctimas de trata no pueden ser juzgadas por los delitos cometidos en situación de sometimiento.

La propuesta de Colombo va en el mismo sentido, y avanza con medidas concretas que le encomienda al Ejecutivo provincial. La Agencia provincial contra la trata de niños y niñas deberá "tener como principales competencias la prevención de situaciones de trata, así como la acción inmediata para separar a las víctimas de la situación de explotación". La Defensoría establece que el Poder Ejecutivo Provincial "destinará los recursos y la Agencia desarrollará los mecanismos de actuación multiagencial e interjurisdiccional y los protocolos de actuación y necesarias".

La Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes propuso además que los funcionarios que no garanticen los derechos previstos en la Constitución y las Convenciones Internacionales sean sancionados por incumplimiento de funcionario público. En esta batería de medidas propuestas, Colombo sumó la "puesta en marcha de un número de teléfono único que funcione en el marco de la Agencia y que reciba llamados las 24 horas de los 365 días del año, donde se reciban las denuncias de situaciones que se presuma involucren trata vinculada a economías delictivas hacia niñas, niños y adolescentes".