El productor primario está borrado en la cadena de producción de alimentos. Cuanto mejor envase, más caro compran los consumidores, más invisible de dónde viene. Pero los alimentos no llegan por arte de magia a las góndolas. El proceso de producción, la concentración de esas marcas que terminan definiendo cómo come la mayor parte de la población y en qué gasta su dinero, es un tema crucial que la Granja Agroecológica La Verdecita quiere poner en discusión empezando por el principio. Este colectivo de hombres y mujeres construye no desde la utopía sino desde una práctica cotidiana la soberanía alimentaria y la posibilidad de producir y consumir "lo que deseamos, lo que creamos, lo que pensamos". Desde hace más de seis años integran un Consorcio de Productores que hoy forman unas 140 familias de huerteras y huerteros del cordón verde norte del departamento La Capital. Desde esa experiencia, impulsan un proyecto de ley provincial de agricultura familiar que presentó el diputado Leandro Busato, el 1 de diciembre pasado, en la Legislatura.

El texto tiene varias novedades, como la creación de un Instituto Autárquico de la Economía Familiar y un Banco de Tierras, pero sobre todo, la mirada de género que apunta a hacer visibles a las mujeres productoras, que a pesar de ser un 48 por ciento del total en Santa Fe, están ausentes en el diseño de políticas públicas. Chavela Zanutigh, Virginia Liponezky y Cecilia Pesoa, integrantes de La Verdecita, subrayan una y otra vez que esta discusión es esencial para la soberanía alimentaria. "Creemos que se trata de una discusión que involucra también a los sectores urbanos, como lo fue la ley de radiodifusión, que iba más allá de su sector específico. Porque de esas políticas depende la calidad del alimento, la diversidad y sobre todo los precios", apuntó Liponezky.

Porque están en juego temas tan centrales impulsan un amplio debate en toda la sociedad. "Queremos que se ponga en discusión la importancia de la agricultura familiar en tanto soberanía alimentaria, no como una economía marginal, sino que el estado debe empezar a pensar las políticas públicas para la agricultura familiar, que en definitiva es la que está preocupada en producir alimentos. De lo contrario, esta producción se va a concentrar cada vez más", aseguró Liponezky. En La Verdecita alertan que "también está en discusión qué hacer con las tierras periurbanas, allí donde la ley establezca que no se puede fumigar, qué tipo de producción se hará en esas zonas". Para Virginia, es importante avanzar en una ley no sólo para proteger a un sector que claramente necesita políticas públicas sino también para restarles poder a los formadores de precios.

La ley permitirá dinamizar la economía en las ciudades de la provincia, según entienden sus impulsoras. Liponezky señaló que los pequeños productores vuelcan su liquidez, nuevamente, en la ciudad. Hoy venden sus productos en desventaja porque están sujetos al ritmo del mercado. Si se los fortalece, toda la cadena alimentaria podría modificarse. "Estamos en una concentración de la producción de alimentos que se traduce en el establecimiento de un precio. Y en ese punto, algunas políticas del gobierno nacional, como precios cuidados, provocan que la liquidez vuelva a volcarse en marcas concentradas como Coto, Sancor, o La Serenísima, que son los que hacen el 85 por ciento de la producción láctea, o en el establecimiento Las Marías, en el caso de la yerba", agregó la activista.

Ahí interviene Zanutigh, quien señala: "Nosotras tenemos experiencia en Santa Fe de haber peleado mucho el espacio de ferias, pero creemos que éste es un problema de toda la ciudadanía. Si el productor desaparece, la concentración de los alimentos va a ser cada vez mayor y quienes fijen el precio van a ser muy pocos. Va a ser muy endeble una ley de precios cuidados cuando la concentración es obscena. Hay diez marcas de supermercados en el país, hay seis grandes concentradoras de lácteos, de galletitas y son quienes fijan los precios".

La activista considera que hay que aprovechar "esta pelea por estirar la línea agronómica y que no se fumigue cerca de la ciudad". "Porque nos da la oportunidad de que la sociedad empiece a pensar qué va a hacer con eso y creemos que lo mejor, porque se hace en otros lugares del mundo, es que se convierta en un lugar de producción de alimentos para las ciudades y que cada ciudadano pueda elegir qué comer y pueda controlar cómo se hace su comida, en un lugar cercano y no en fábricas que están a miles de kilómetros", propuso.

Por todo eso esperan un debate fecundo en la Legislatura. "Queremos que sirva también como una herramienta para discutir el tema de tierras, de la protección local del alimento, pero también que se ramifique en otras leyes como el envasado en origen. Porque acá se produce alimento que va a envasarse a kilómetros y kilómetros. Eso encarece y concentra la producción de alimentos, y es una distorsión terrible porque el que más trabaja termina siendo el que menos gana y que el que más gana es un envasador en Buenos Aires", apuntó Liponesky.

La iniciativa recoge algunos aspectos de la ley nacional de la diputada Claudia Giaccone, recientemente sancionada y aún no reglamentada, pero incorpora elementos nuevos. Por un lado, la formación de un registro de productores de la provincia, que incluya a las mujeres, pero también la creación de un Instituto Autárquico de la Economía Familiar, que tenga su propio financiamiento establecido en la ley. "En el registro se deberá tener en cuenta también a las mujeres productoras, porque hay una enorme parte de la economía que está invisibilizada, que son las mujeres que en realidad trabajan a la par del varón, sobre todo en las producciones más chicas, y son las que hacen diversificación, porque las mujeres en las chacras están al cuidado de los animales, de las huertas, del cuidado de todos, y ese trabajo no lo tuvo en cuenta quien va a hacer el relevamiento para el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf). Quien fue a registrar habló de la familia", contó Zanutigh. De hecho, Liponesky aclara que "registran al jefe de familia. Más que la familia, se registra al hombre, y eso provoca que políticas como el monotributo social agropecuario, que no tiene ningún costo, solamente lo obtenga el varón. Entonces las mujeres no pueden facturar, no pueden pedir crédito, no pueden entrar a un montón de beneficios que al estar invisibilizadas".

Para Zanutigh, se trata de un sector con un sentido "muy patriarcal". "Siempre se habla de un agricultor varón. Como el jefe de familia es un varón, en algunos sectores como los nuestros no existe el matrimonio, más allá de lo que diga el código civil nuevo. Por lo tanto, si una pareja se separa, los pocos bienes que pueden tener, quedan para el varón, no para la mujer. Hay una situación de muchísima más vulnerabilidad de las mujeres productoras, que también tienen otro problema grave, la falta de acceso a la justicia", es el diagnóstico de Zanutigh.

Según los datos registrados en Santa Fe, que tienen dos años, son mujeres alrededor del 48 por ciento de los titulares de pequeñas propiedades. "Sin embargo, no hay ninguna política específica de las mujeres a pesar de que sean titulares de los predios o jefas de familia".

Por la misma razón, las integrantes de La Verdecita están decididas a defender que la misma ley establezca el financiamiento. En principio, el total del Impuesto Inmobiliario Rural de Propiedades de más de 500 hectáreas no productivas se destinará al Instituto. Para Zanutigh, es esencial que la ley lo especifique porque "de lo contrario, te hacen la ley, quedamos todos contentos y después no tenés plata. Ya aprendimos las mujeres que la economía la tenemos que manejar nosotras".

El consorcio lo integran 140 productores de propiedades pequeñas, que van de una a seis hectáreas, unas 400 en conjunto. Sólo el 2 por ciento son dueños de las tierras, el resto alquila. Después de pelearla, hoy tienen su propia feria, semanal, para vender sus productos. "La gran mayoría de productores que no tienen logística para trasladar la producción, tienen que venderles a intermediarios. Se van encareciendo los precios tres o cuatro veces hasta que llega el mercado, a veces en dos kilómetros de distancia", describe Zanutigh.

La ley aborda el tema de la propiedad de la tierra. "Tiene un capítulo de banco de tierras. Eso es importantísimo porque hablar de la tierra es una necesidad. Proponemos que el estado tenga diversas herramientas. Una es el comodato sobre las tierras que los privados den transitoriamente, cuando se establezcan los periurbanos (zonas donde está prohibida la fumigación por ser cercanas a poblaciones)", detalló Liponezky. Otra propuesta es "un registro de tierras fiscales que se puedan dar para producir. Que el estado tenga que ponerse a pensar cómo tratar el tema, en una zona donde la concentración es terrible y que son las mejores tierras del país". La ley refresca el artículo 28 de la Constitución provincial vigente que estipula la función social de la propiedad de la tierra.

Entre las herramientas de la ley para estimular la agricultura familiar, la ley indica que el Estado deberá dar prioridad a la compra de productos de la agricultura familiar. Eso hoy no ocurre. "Por ejemplo, en Rosario se han hecho un montón de proyectos de panificación en la economía solidaria, pero las escuelas por ejemplo, le compraban a Bimbo", señala Liponesky como un obstáculo de la falta de políticas.

Para Pesoa, "la idea es integrar realmente la soberanía alimentaria santafesina. Por eso es necesaria una ley de agricultura familiar en la provincia. Acá hay localidades que no producen ningún alimento".

Sobre esa premisa, Liponesky pone un ejemplo: "Se trae sandía de Brasil o lechuga de Mendoza porque los productores locales no tienen una tecnología básica como una media sombra. Cuando se habla de la dureza del campo, el campo es duro porque la tecnología no se democratiza. Si eso ocurre, sí vamos a poder hablar de poblar el campo, las familias se van a quedar y habrá una distribución poblacional más equilibrada, no tan concentrada en sectores urbanos con todos los problemas que eso acarrea".