"La ley provincial de violencia familiar no se cumple", afirmó Liliana Pauluzzi, de la ONG Casa de la Mujer. "Faltan recursos y sobre todo capacitación", agregó la titular del Area de la Mujer de la Municipalidad, Mariana Alonso. "En los funcionarios y empleados del Estado encargados de ejecutarla hay desconocimiento y también poco interés en conocerla", completó Mabel Gabarra, de Indeso Mujer. Son las primeras conclusiones del monitoreo que realizaron las dos ONG, junto al área municipal en nueve ciudades del sur de la provincia en el marco del programa "Una vida sin violencia, un derecho de todas", financiada por UNIFEM, la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer. Como la intención fue relevar el cumplimiento para mejorarlo, apenas la evaluación esté terminada se entregará a funcionarios del gobierno provincial.

El monitoreo se realizó a partir de entrevistas con todos los actores sociales involucrados en la problemáticas, como son las propias usuarias de los servicios, agentes judiciales, policiales y sanitarios, y también las organizaciones no gubernamentales de cada localidad. "La intención era relevar el estado de implementación de la ley en lo que se refiere a políticas públicas", explicó Gabarra. "En general encontramos un gran desconocimiento de la problemática, falta de capacitación y la falta de estabilidad en la atención", puntualizó Alonso respecto de los y las agentes que trabajan en las instituciones involucradas en la atención de las víctimas. "Cuando algunas personas se interesan en la violencia familiar y se capacitan, como pueden, al poco tiempo las cambian de función y llega otra persona que no entiende nada", abundó Pauluzzi.

"Con el relevamiento y programa de capacitación pudimos advertir que los distintos servicios no tienen recursos, no hay redes para trabajar articuladamente, hay una gran disgregación", afirmó Gabarra.

Por eso, señalan que ese es un punto no cumplido del decreto reglamentario de la ley provincial de Violencia Familiar. Allí se establece la "creación de una Red Permanente contra la Violencia Familiar integrada por los delegados de los ministerios competentes, de los gobiernos de las municipalidades y comunas, de ONGs dedicadas a la temática y de las universidades nacionales y privadas de la región, las que tendrán como principales funciones velar por el cumplimiento de la Ley 11.529 y este decreto".

Esa red, que en la práctica no funciona, también debía elaborar "reformas para mejorar el sistema, a partir de la coordinación que el Gobierno ejerza mediante los organismos competentes, y proponer acciones tendientes al seguimiento de la evolución de contención de las personas que han sido objeto de las medidas autosatisfactivas establecidas por la ley". Claro que muchas veces, como señalaron las ejecutoras del programa "Una vida sin violencia, un derecho de todas", la atención de los casos no es inmediata ni eficiente, por la falta de capacitación de los funcionarios que trabajan en el área.

Después de las entrevistas con todos los involucrados, que permitieron detectar el nivel de incumplimiento de la ley, el programa tuvo una segunda etapa de capacitación a los agentes del Estado que brindan atención a mujeres víctimas de maltrato. En esos encuentros con profesionales de diversas áreas se trabajó la falta de formación que impide la atención adecuada a las víctimas de violencia familiar.

Es decir que se constató el incumplimiento del decreto reglamentario de la ley. En su artículo 10 establece que "los Ministerios de Salud y Medio Ambiente y de Gobierno, Justicia y Culto deberán dar capacitación permanente a los agentes del Estado, enviar la ley, este reglamento y cartillas explicativas a escuelas, centros de salud, seccionales y/o comisarías, con medidas de prevención concretas y mecanismos de derivación a organismos públicos y ONGs y a las redes creadas o a crearse en todo el territorio provincial".

La falta de capacitación se hizo especialmente evidente en una actividad de taller facilitada por una actriz, Noelia Casatti, que personificó a una maestra. Pasó grupo por grupo contando su situación de mujer maltratada psicológicamente por su esposo, un médico. "Se vio que la mayoría de los profesionales consideraban que la mujer estaba loca, que cómo iba a ocurrir esto con un médico", relató Pauluzzi, al tiempo que puntualizó un dato recogido a lo largo de toda la capacitación: "Se minimiza la violencia psicológica". Gabarra aportó en otra dirección: "Muchos todavía creen que la violencia familiar se circunscribe a los sectores más humildes". Pero además, durante esa actividad del taller, los participantes mostraron sus falencias en actitudes concretas. "Se vio claramente lo que ocurre en la realidad. A las mujeres las hacen deambular, repetir el relato, les preguntan por los hijos pero no por ellas, desconocen la violencia psicológica", apuntó Pauluzzi, quien ponderó que a partir de esa actividad el grupo "tomó conciencia de las herramientas que les faltaban a todos para trabajar".