Desde cualquier lugar que se mire, la aplicación y cumplimiento en el territorio santafesino de la ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pasa por los presupuestos, la inversión económica, los dineros que el Estado nacional decida destinar, girar y convenir con la provincia y ésta a su vez acordar con los municipios. El aspecto económico surge como central en las opiniones -la de la responsable del Area Niñez de la Municipalidad de Rosario, Patricia Giuricich, la del abogado del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, Gustavo Lorenzo y la del juez de menores Nº 4 Juan José Carmona- y no desmerecen ni minimizan otros componentes indispensables, como la creatividad en la instrumentación de iniciativas y la articulación de los programas y actividades intergubernamentales e interpartidarios. De todos modos la contratación de recursos humanos, de programas amplios y universales de salud, educación, empleo y vivienda con los cuales realizar intervenciones en los grupos familiares de los chicos en riesgo, o que no gozan de los derechos incluidos en la convención internacional, requieren de inversión para saldar la deuda interna más profunda del país. La subsecretaria de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Santa Fe, Luisa Donni, asegura que "se contará con los recursos" y también que el gobernador Jorge Obeid "señaló a este tema como de prioridad para la provincia".

La subsecretaria provincial Luisa Donni aseguró a este diario tener la plena convicción acerca de la decisión por parte del gobernador Obeid en cuanto a que dotará a la nueva estructura, justamente la subsecretaría a su cargo, del presupuesto necesario "porque este un tema de prioridad para la provincia". Donni no habla todavía de números porque se están haciendo gestiones para contar con los recursos humanos que necesita. Se refiere a equipos de profesionales -abogados, psicólogos y trabajadores sociales- y además para articular con las otras áreas que deberán jugar un papel imprescindible desde la atención de la salud, la educación, la vivienda.

Donni anunció la reunión con los municipios para el próximo viernes en Santa Fe, luego será con las comunas y después con las oganizaciones no gubernamentales que trabajan en el área específica. "La ley fue reglamentada en abril pasado y recién en octubre se cumplen los 180 días fijados" para poner en marcha las estructuras especiales entre ellas el Consejo Federal de la Niñez, la Adolescencia y la Familia que todavía no fue citado. Donni dice que se trabaja a todo ritmo y menciona el traslado de la sede de la vieja Dirección del Menor, la Mujer y la Familia, de que habrá dos lugares para la atención de las mujeres maltratadas, uno en Rosario y otro en Santa Fe, y también dos centros de atención para chicos en situación de calle "el de Santa Fe ya está funcionando y para el de Rosario se busca el sitio adecuado".

El cumplimiento de la nueva ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes supondrá la adecuación de la estructura provincial en distintos terrenos. Uno de ellos tiene que ver con terminar con la práctica que imponía la Ley del Patronato y la institucionalización e internación de los chicos por razones asistenciales o sociales a partir de la decisión de un juez de Menores. La otra es la formulación de las políticas públicas que permitan cumplir con la ley en cuanto "a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte".

La concepción contraria a la de la niña/niño o adolescente como quienes tienen menores derechos o derechos disminuidos está en el espíritu de la ley, pero resulta impensable su aplicación sin la existencia de políticas públicas y universales que fijen plazos y evolución en la erradicación de la pobreza, de la desnutrición, del abandono escolar y de todas las otras llagas sociales que se desprenden de ellos. Sin delinear las políticas para evitar que como ocurre ahora, el 85 por ciento de los chicos que en el país están internados en diversas instituciones, unos 17 mil- según datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- por razones asistenciales, vinculadas a la pobreza o al maltrato, no podrá decirse que la ley se cumple. Esta es la idea que se desprende de los discursos de quienes desde distintos lugares abordan el trabajo con los chicos.

Desde el Area Niñez de la Municipalidad de Rosario, la psicóloga Patricia Giuricich señala que el sistema de protección tal como lo marca la ley "todavía no está armado" y que si no "se toman las decisiones políticas y se asignan los presupuestos" planteados en el mismo capítulo 5 de la norma será difícil avanzar. Giuricich menciona las instancias nacionales de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y del Consejo Federal, que todavía no se reunió ni constituyó, como los que deben buscar y garantizar los recursos para cumplir con los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y también hacer los traspasos de fondos a las provincias que a la vez celebrarán convenios con los municipios.

"Como municipio estamos a la espera de poder armar el sistema de protección y entonces es indispensable que ese sistema tenga en cuenta la enorme desigualdad entre los niños que tienen asegurado el acceso a todos los bienes y servicios, sin restricciones, y con aquéllos que se ven privados de ese acceso". Giuricich insiste en que las políticas públicas no pueden "volver a recrear las diferencias entre menores y niños" y que hay dos escollos fundamentales a superar: el trabajo intersectorial en las áreas de salud, vivienda y educación, para que esté destinado a sujetos universales porque la infancia abarca a todas las niñas y los niños de 0 a 18 años. El otro escollo en el que piensa es el que tiene que ver con la articulación de políticas entre Nación, provincia y municipios.

Desde el Area de la Niñez en Rosario se marca que se continúa trabajando pero se dice que "la acción de un municipio, por importante que sea, no es suficiente para modificar la calidad de vida de la gente. Si no se puede influir sobre los ingresos económicos, sobre la situación habitacional y educativa de manera universal, no se podrá dar cumplimiento a la ley. Pero no somos pesimistas, sino realistas y queremos pensar en que todos estaremos a la altura de las circunstancias para este desafío".

Para el abogado Gustavo Lorenzo, del Centro de Asistencia a la Víctima, la parte más positiva de la ley es la que fija que el juez de menores no puede ser el encargado de determinar qué ayuda se le da a una niña o un niño, a su madre y al grupo familiar y los recursos económicos necesarios. "Para abordar la situación de un chico desprotegido será ahora el mismo Poder Ejecutivo el que defina la situación y también tiene los recursos para decir cómo se puede encarar la reversión de una situación". También expresa alarma ante situaciones concretas y cita que poco tiempo atrás se trabajaba con la condición de una familia en graves problemas y la ayuda económica que se le daba a una abuela que debía hacerse cargo de tres chicos era la de tickets por valores cercanos a los de $ 35 por mes.

El juez de Menores Nº 4 Juan José Carmona opina que la ley "es absolutamente viable" siempre que medie un cambio "de cultura en lo que significa la actividad del Estado en la materia". Con la alusión al cambio hace referencia a que existan "los presupuestos aplicados a la protección integral de la niñez y además a la integración de todos los programas de las instancias administrativas para que no se superpongan". Carmona habla de la necesidad de instrumentar el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel provincial para delinear "las políticas de intervención con participación de la sociedad civil y que existan presupuestos para esas políticas".