"Mi papá a los 10 años me trataba mal, me decía que no contara nada porque me iba a matar", dijo una niña de 13 años frente a la jueza de instrucción Raquel Cosgaya, al denunciar a su padre por abuso sexual. Su relato de la última violación era vívido, con algunas imprecisiones producto del arrasamiento de la subjetividad que provoca el abuso. Pero ningún especialista en la problemática participó en esa investigación para comprender los indicadores que se desprenden del discurso de la víctima. Una médica policial constató lesiones anales y vaginales. Sin embargo, la justicia no escuchó a la niña. Pesaron más los prejuicios que los artículos 12, 19 y 39 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional. La vulnerabilidad de la víctima era tal que durante tres años fue violada por su padre, pero nunca había atrevido a decírselo a nadie. En septiembre del año pasado rompió el silencio. "Yo le conté a mí tía porque era la única que me creía", relató ella ante la intimidante presencia de una agente judicial. "Yo siempre lloraba, decía que me quería morir, iba al baño y lloraba y gritaba", abundó sobre su padecimiento. El expediente judicial determinó, en dos meses, la falta de mérito para el acusado, que hoy reclama un régimen de visita de sus otros tres hijos. La falta de respuesta de las instituciones que deben ampararla refuerza el desamparo de la nena.

La investigación del abuso denunciado por A., una niña de 13 años que concurrió el 5 de septiembre pasado a la Comisaría de la Mujer en busca de ayuda, pone en evidencia la falta de mecanismos en la Justicia para abordar esta problemática, así como los prejuicios que subsisten en los operadores. La niña concurrió acompañada de su madre y su tía -que agita el caso convocada por la confianza depositada en ella- primero a la Comisaría y luego a los Tribunales. Repitió su relato, contó con detalles la última violación que sufrió.

El escueto informe de la psicóloga policial Liliana Oliva indica que "en su discurso aparecen elementos no precisos de la situación en que fuera víctima proveniente de su agresor sexual". Y aconseja consulta con psiquiatría forense. La médica policial Jorgelina Noste constató desfloración de vieja data, así como laceración anal y desgarro vaginal. También sugirió derivación a psiquiatría. Y la médica de Tribunales, Alicia Cadierno, también sugiere la derivación a psiquiatría, aunque en su caso para estudiar si la niña tiene "tendencia a la falacia". Es que la niña se resistió a esa segunda revisación. "La médica de la comisaría de la mujer le habló, y entonces pudo revisarla. Acá fue todo más violento. En cuanto comenzó a revisarla la pellizcó, y ella no quiso continuar. La médica le gritaba mentirosa", relató Viviana, la tía de la niña, que la acompañó en el peregrinar judicial. No hubo muestras suficientes para realizar un examen genético, ya que el último abuso se produjo dos días antes de la denuncia.

El caso de A. demuestra que la Justicia santafesina no dispone de herramientas para abordar el abuso sexual infantil, un delito que según datos de la Organización Mundial de la Salud padecen 73 millones de niños y 150 millones de niñas menores de 18 años en el mundo.

Cuando A. presentó su denuncia, todavía no estaba vigente la modificación del Código Procesal Penal aprobado el año pasado, y sancionado el 4 de octubre, por el cual debe intervenir necesariamente un gabinete interdisciplinario para evaluar a los niños que denuncian casos de abuso. Ese gabinete aún no está funcionando. Y no se pondrá en práctica, porque fue eliminado -como informó Rosario/12 el domingo pasado-, del nuevo Código Procesal Penal, que obtuvo media sanción hace dos semanas den la Cámara de Diputados de la Provincia.

El artículo 12 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño habla de la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial que debe dársele. En el artículo 19 se señala la protección contra toda forma de violencia, incluido el abuso sexual. Y el artículo 39 habla de la obligación de los Estados de adoptar medidas apropiadas para la recuperación física y psicológica de los niños víctimas de abuso.

En cambio, la jueza no convocó a ningún especialista en esta problemática para escuchar a la niña. El muy escueto informe de la psicóloga policial afirma que está "ubicada en tiempo y espacio". Pero ningún psicólogo interactuó de manera articulada con la niña para evaluar si sufría el síndrome de abuso sexual infantil.

La resolución de la jueza indica: "Que de las testimoniales surgen muchas contradicciones que hacen que no podamos tener por probabilizado el hecho, en rigor no surge claramente la realidad de los hechos acaecidos". Sin embargo, afirma que "no pasa desapercibido" el informe médico legal. Para la jueza, "ese informe indica una afectación de los órganos descriptos por la víctima pero no prueba la causa de dichas lesiones". Dice que el relato de la niña está "plagado de contradicciones e incoherencias". Y determina la falta de mérito para el padre de la niña.

El juez Carlos Rozansky, autor del libro "Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar?" explica la necesidad de la intervención de especialistas. "Las circunstancias particularmente traumáticas que han vivido (las víctimas), las han llevado a estados de conmoción de tal magnitud que requieren de precauciones especiales a la hora de pretenderse de ellas un relato", dice en la página 105 del libro. El magistrado indica que "a los daños ya sufridos hasta la revelación, se suman los que derivan de una intervención meramente circunstancial, no articulada y generalmente revictimizante". Y recuerda que el objetivo primordial de la intervención judicial es proteger los derechos del niño.

En cambio, en los agentes judiciales opera el temor a la falsa denuncia, que estaría inducida por una madre o familiares manipuladores. Los estudios internacionales sobre la problemática dan por tierra con ese argumento. Para un niño, ser parte de una investigación judicial significa una nueva violencia. La propia A. lo cuenta en su declaración judicial. "Ahora se enteraron todos de lo sucedido, yo no quería que se enteraran", dice, avergonzada por la situación. La culpabilización es una de las estrategias de los abusadores para someter a sus víctimas.

La niña cuenta también que tiene un novio desde hace pocas semanas, con el que aún no mantuvo relaciones sexuales, y que tuvo su primera menstruación el 16 de agosto (menos de un mes antes de la denuncia). Los especialistas en la problemática entienden que los niños pueden comprender la magnitud del daño sufrido, de lo que les pasó -la irrupción de la sexualidad adulta en su universo infantil- una vez que comienzan a desarrollar su propia sexualidad.

Para la diputada provincial Lucrecia Aranda, autora de la modificación del Código Penal que entró en vigencia en octubre pasado, en esta investigación "no hubo voluntad de profundizar, ya que hay muchos indicios significativos". Cuestionó también que se haya llamado a declarar a los hermanos menores, una medida pedida por el defensor del acusado, el abogado José Luis Abichain Zuain. "Se convoca a los hermanitos, que deben declarar a favor del padre, o de la hermana que es quien los cuida todos los días. Eso es violencia institucional contra los niños", apuntó. También cuestionó que se cite reiteradamente a declara a la niña. "Esto es violencia institucional. ¿Cuál es el sentido de esto? Buscar contradicciones en el discurso de la niña. Y si las personas que interrogan no tienen ninguna capacitación, el efecto es que se sienta en el banquillo de los acusados a la nena que va a denunciar la violación", expresó la legisladora.

Eva Giberti, una autoridad internacional en la materia, escribió en la sección psicología de Página 12 el jueves pasado: "La denuncia, que avala el daño, es la que debe sostenerse, porque es la palabra de la víctima". Para Giberti, "el delito se ramifica en el sujeto que lo comete, la denuncia es la que garantiza el derecho de la víctima y la que inscribe socialmente la dimensión del daño". Y agregó algo que resuena en los Tribunales rosarinos: "El estrago se consuma si no se escucha la palabra de los niños y de las niñas, si la Justicia se ocupa de clasificar el delito en lugar de reparar el derecho de la víctima".