En una semana, la Secretaría de Derechos Humanos provincial atendió 600 consultas para tramitar la pensión prevista para ex presos políticos, nacidos en cautiverio y menores detenidos junto a sus padres durante la última dictadura militar. Tras la reciente promulgación de la ley provincial 13.298, el lunes 22 se abrió la gestión de este beneficio, tanto en la sede Rosario como Santa Fe del organismo oficial. En su primera semana, las oficinas atendieron 600 consultas y enviaron más de 100 expedientes a la Caja de Pensiones Sociales. Este beneficio mensual no contributivo, de carácter vitalicio, es para personas que fueron privadas de libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles durante la dictadura en territorio santafesino.