En noviembre de 2015, el Ministerio de Seguridad y la Corte firmaron un convenio para destruir 715 armas. Sin embargo al menos 15 de las mismas aparecieron en los últimos tiempos en manos de delincuentes. El fiscal Andrés Marchi investiga ahora en qué parte se corrompió la cadena de custodia de las armas que por convenio provenían del departamento de Logística de la policía de Rosario. Luego fueron remitidas a la subsecretaría de Control de Armas y de allí a la Sala de Efectos de la Corte para su disposición final.