La intención declarada del gobierno provincial por actualizar los valores del impuesto inmobiliario rural hizo saltar de manera previsible al campo, o al menos a la Federación Agraria Argentina, que ayer planteó sus reparos a la iniciativa si el incremento abarca a todos los estratos de productores. Por eso, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, aclaró que los retoques se harán teniendo en cuenta las características de cada zona agropecuaria, el tamaño y la aptitud productiva de los inmuebles gravados.

El dirigente de Federación Agraria, Pedro Peretti, planteó su oposición "a que se les aumente el Inmobiliario a los pequeños y medianos productores", y desafió a "que le vayan a cobrar a los Batistuta y otros terratenientes que hay en la provincia".

Gobierno y oposición coinciden en que el retraso del tributo estriba en el avalúo fiscal de los campos. El promedio oscila entre 113 y 160 dólares por hectárea. En el departamento Rosario, esa cotización asciende como mucho a 700 dólares de valor fiscal, cuando su precio de mercado arranca desde los 16.000 dólares, según observó el titular de la Administración Provincial de Impuestos, Sergio Beccari.

A eso Peretti opuso que "no todos los campos son iguales" y que hay variables que inciden en el valor como condiciones del suelo, inundabilidad, infraestructura y otras.

Beccari explicó que se tendrá en cuenta el criterio de las unidades mínimas de producción para establecer qué superficie es necesaria en cada región para ser sustentable. Por ejemplo, 2000 hectáreas en el norte, y 120 has en el departamento Rosario. Galassi negó que la suba vaya a ser generalizada, y ratificó se contemplará la situación de cada zona y el tamaño de las unidades productivas. "No es lo mismo un pequeño productor que un terrateniente", dijo.