Desde el Movimiento Evita de la provincia de Santa Fe respaldamos en todos y cada uno de los términos el pedido de informe que realizó el compañero diputado provincial Gerardo Rico (Frente para la Victoria) referido a la información disponible respecto a los compañeros asesinados en nuestra provincia en las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001. Para enriquecer la necesaria discusión sobre estos hechos, nos parece importante destacar algunos aspectos sobre la posición política sostenida por el compañero Rico y a la que adherimos plenamente.

La pueblada de diciembre de 2001 y la sangrienta represión desatada por las fuerzas de seguridad en las principales ciudades del país tienen que ver con el agotamiento del modelo neoliberal, que se instrumentó a partir de ﷓la también sangrienta﷓ dictadura militar de 1976 y que en plena democracia continuó y se consolidó en la década del '90 con una corporación política y económica -Pacto de Olivos mediante- que fue beneficiaria de ese modelo mientras las grandes mayor¡as nacionales eran condenadas a la exclusión social.

La investigación y consecuentes responsabilidades políticas y penales de los hechos del diciembre trágico, lejos de estar direccionados a hacia una persona en particular tienen que servir para que Nunca Más en un Estado de derecho, las fuerzas de seguridad actúen con la misma impunidad y métodos que durante el terrorismo de Estado y mucho menos aún que funcionarios de un gobierno democrático puedan dar rienda suelta a la salvaje represión.

La investigación de los hechos ocurridos, en este caso en nuestra provincia, deben asegurar la Memoria, la Verdad y la Justicia como elementos indispensables para romper los muros de impunidad con que se protege la corporación política y económica y, de esa manera, recuperar el vínculo perdido entre la política y la sociedad.

La investigación de lo sucedido en diciembre de 2001, en su aspecto político, debe permitir determinar cuáles fueron las motivaciones y/o presiones para que un miembro de los servicios de inteligencia de la dictadura estuviera al comando político de la policía provincial. Del mismo modo que permitir establecer cuáles fueron las medidas adoptadas por los gobiernos provincial y municipal -en el caso de Rosario, al frente del actual gobernador- para evitar que la situación social tuviera como única salida la pueblada.

Por estos motivos escuetamente señalados, queremos destacar que nos parece de una hipocresía total producto del enanismo político de cierta clase dirigente que el pedido presentado en la Legislatura por nuestro compañero Gerardo Rico sea tomado meramente como una cuestión interna del justicialismo y trate de ser utilizado por ciertos sectores en virtud del proceso de normalización que transita ese partido.

Mesa Ejecutiva del Movimiento Evita provincia de Santa Fe

Gustavo Marconato, José Berra, Eduardo Toniolli, Padre Joaquín Nuñez, Néstor Sanchez