Oficialismo y oposición en la provincia desplegaron sus juegos más importantes en estos primeros ocho meses de gobierno socialista. El jueves pasado midieron fuerzas por primera vez después del último resultado de las urnas. El peronismo empieza a acostumbrarse a su nuevo rol de oposición consciente de que su principal fuerza reside en la Legislatura, mientras que el Ejecutivo comprendió rápidamente que la mayoría que concentra en sólo una de las Cámaras lo obligará a negociar en cada tema central.

En esta semana que pasó las palabras del senador Juan Carlos Zabalza, ya habían perdido sentido. "Es un disparate el proyecto del senador (Hugo) Terré para modificar el piso de la coparticipación", había dicho el legislador del oficialismo. Pero con el correr de los días esa iniciativa que sube del 13 a 18% el porcentaje a coparticipar, dejó de ser un "disparate" a medida que intendentes y presidentes comunales se empezaban a amontonar en el hall de la Cámara de Diputados expresando su adhesión a la media sanción que la idea ya había obtenido en Senadores.

Fue allí que llegó un guiño a tiempo desde el socialismo para dar a entender que el diálogo está abierto para poner en marcha un canje que beneficie a las partes: Si el gobierno quiere su reforma tributaria sin demasiados retoques, tendrá que ceder algo de coparticipación a los municipios y comunas. Como lo dijo claramente un intendente peronista del sur provincial: "Nadie se opone a que la provincia junte 700 millones más en impuestos; pero de eso nosotros veremos muy poco así que pretendemos un pedacito más grande de lo que llega desde la Nación". Clarísimo. Es que del incremento de la alícuota del Impuesto Inmobiliario Rural en casi un 150 por ciento y del Inmobiliario Urbano de más del 50 por ciento; hay localidades que recibirán sólo un poco más. Hoy de cada 100 pesos que recauda la provincia en esa materia, a una localidad como la de Pérez llegan 11 centavos.

En medio de esta negociación ha empezado a aparecer un figura que será central a la hora de negociar con el peronismo desde el gobierno y que, curiosamente, no integra el gabinete del gobernador Hermes Binner. Ese hombre es el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe Eduardo Di Pollina. El es quien llevó tranquilidad a los intendentes y presidentes comunales y admitió en declaraciones a la prensa que habrá negociaciones. Un rol que muchos imaginaban para el ministro de la Reforma Antonio Bonfatti, que por ahora no ha hallado, al menos en el camino de actuar como "enlace" con ambas Cámaras, un rumbo certero para su cartera que se anunció desde el principio como estratégica.

Da la impresión de que ha llegado el momento de poner en práctica aquello que con tanto ahínco se le reclamó en el conflicto con el campo al gobierno nacional: Diálogo, consensos, acuerdos y temple. Hoy el gobierno santafesino está ante un primer conflicto grande que es el de la pelea salarial de los docentes santafesinos, tanto privados como públicos. Si bien el diálogo estuvo presente desde el comienzo y hasta se les "blanquearon" los números a los dirigentes gremiales; las respuestas no llegaron a tiempo y Binner lanzó una frase que terminó gravitando en la votación del viernes de Amsafé. "Si quieren parar que paren", dijo el gobernador aumentando el descontento. Ahora habrá que esperar la propuesta global del día 25 para todos los agentes públicos. Pero la evaluación de los docentes, en medio de una lucha, no será la misma. Por eso era tan importante adelantar la oferta. Ahora sólo resta ver cómo sigue.

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