El fracaso de esta semana de una minicumbre entre los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires; signada en gran medida por la incendiaria solicitada del mandatario Sergio Urribarri, condujo una vez más el conflicto por la actividad productiva en el Alto Delta del Paraná a una cuestión de técnicos ambientales pero sin un paraguas político sumamente necesario, por otra parte.

Ni la secretaria de Medio Ambiente de la Nación Romina Picolotti, que era quien convocaba al encuentro, podía en estos días llegarse hasta Victoria para las dos jornadas que finalmente se realizaron en la ciudad entrerriana cuyo intendente sigue ganando tiempo al no poder explicar tamaña ineficacia o desidia a la hora de sofocar los incendios forestales. Esas enormes lenguas de fuego que se ven desde esta costa y que no sólo deben terminar para evitar las molestias que se viven en Rosario cuando el viento gira hacia aquí; sino porque el humo mezclado con la niebla ya se ha cobrado vidas humanas por la escasa visibilidad. Y, si en este rubro, los costos en víctimas no fueron mayores, fue por el muy buen trabajo que viene realizando la concesionaria del puente Rosario-Victoria, junto a Gendarmería Nacional. Una vez que algo está bien, es bueno destacarlo ¿no?.

El gobernador Uribarri no quiere nada. No quiere resignar producción ganadera en las islas -menos en tierras fiscales que la provincia arrienda- ni tampoco que se discuta un área protegida para todo el humedal, al considerarlo una "intromisión" en territorio entrerriano. Sucede que en realidad, siempre que se discuta la necesidad de declarar a un área como Parque Regional o Nacional, o sitio Ransar, se está inmiscuyendo alguna autoridad superior en los asuntos provinciales. Pero es porque ese territorio, por su valor para la humanidad, excede los límites jurídicos y políticos de una provincia. Lo ha dicho tambien el intendente Miguel Lifschitz al señalar que "lo que ahora debe discutirse es la cuestión medioambiental de esta zona que peligra por el crecimiento de la actividad productiva en la zona de islas".

Los ecologistas de ambas márgenes vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el tema y son reacios -con motivos, por supuesto- a prestar sus argumentos técnicos a una disputa política de coyuntura. Saben de sobra que el tema levanta vuelo unos días y después vuelve al ostracismo tranquilo y litoraleño del propio paisaje. De todos modos, ellos tienen informes de que en realidad no es tanto lo que la provincia y la municipalidad de Victoria recaudan por las tierras fiscales en la zona de islas que alquilan para la actividad ganadera, por lo que ese no sería un escollo para poner freno a la actividad. Con todo, algún motivo hay en Entre Ríos para mostrar las garras cada vez que se toca el tema y se considera intervencionista a cualquier debate sobre el particular.

El proyecto de Parque Regional que presentaron los senadores Roxana Latorre y Carlos Reutemann, no convence a los especialistas. "Es una figura que se queda a mitad de camino y destina escasísimos recursos para llevar adelante el proyecto", dijeron los ambientalistas consultados que, en realidad, van -con paciencia y consenso- por un Parque Nacional con todas las de la ley, que entre en otra categoría y por ende, en otro presupuesto y estatus como para preservar en serio al vasto humedal.

Por lo que trascendió, y más que nada por el papelón que significó el fracaso de la cumbre de gobernadores; desde la Nación ya anunciaron que habrá nueva fecha para el cónclave. Es de esperar que ahora se avance en serio en decisiones que -sobre todo- contemplen la posibilidad de erradicar las miles y miles de cabezas de ganado que ahora hay en la zona y que hacen realmente no sustentable a esa actividad en el área de islas.

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