Nadie ignora que el Poder Judicial prácticamente se desenvuelve con la misma estructura en las últimas décadas. En el mismo período la litigiosidad ha aumentado de una manera llamativa. La asimetría entre los escasos recursos asignados al Poder Judicial y la creciente demanda de sus servicios aparece nítida y grotesca.

Lo dicho implica reconocer desde el inicio la insuficiencia de la cantidad de juzgados -y del personal destinado a atenderlos-, y que el problema no es atribuible exclusivamente a esta administración, pues desde hace varios años la justicia no constituye preocupación central de los gobernantes. En la actualidad existen más de cincuenta cargos vacantes de jueces y vocales de cámara en nuestra provincia; cantidad que en pocos meses superará los sesenta.

Tampoco podemos soslayar que en este año de gestión, y lamentablemente dando razón a nuestro cuestionamiento originario al nuevo régimen del Consejo de la Magistratura, no se ha cubierto ningún cargo, y el único pliego enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura fue precedido de sugestivas renuncias e impugnaciones, pedidos de que se llamara a un nuevo concurso y, finalmente, aprobado con escándalo por la deplorable metodología de no dar quórum para que lo trate la Asamblea Legislativa; con lo que se repitieron los vicios que, paradójicamente, la nueva reglamentación del Consejo de la Magistratura declamaba combatir.

Para febrero de 2009 nos enfrentaremos a la de tremenda realidad de un año y medio sin designación de magistrados en nuestra circunscripción judicial, lo que describe un cuadro de situación más que alarmante, probando que el nuevo régimen no tiene ninguna de las virtudes pregonadas en su lanzamiento.

El Ministro de Justicia, al desechar las críticas que formulamos los cinco Colegios de Abogados a la nueva reglamentación del Consejo de la Magistratura, asumió el compromiso expreso de reconsiderarlas a fin del corriente año, promesa que esperamos cumpla, ya que la realidad de su funcionamiento -muy a nuestro pesar- ha demostrado que teníamos razón.

Entendemos, no obstante, que pese a las carencias actuales, el Poder Judicial podría dar mejores respuestas a la sociedad. No todo es infraestructura, el factor humano es relevante y se aprecia que, mientras muchos empleados, secretarios, jueces y vocales de cámara, con esfuerzo y dedicación, tienen al día sus labores, o por lo menos ordenados los Tribunales y tareas encomendadas; en otros supuestos, sea por incapacidad, desidia o intensa dedicación a otras actividades, empeoran día a día la situación de la justicia santafesina.

Allí es donde, a nuestro entender, está fallando el poder de contralor que debe ejercer la Corte Suprema de Justicia. Los Tribunales de Familia, por ejemplo, han sido durante todo el año motivo de quejas permanentes ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hayamos podido comprobar mejoras compatibles con la tutela que merecen los intereses de los justiciables y el trato a los colegiados. Poder de contralor de la CSJ que en modo alguno debe entenderse como una simple verificación de cumplimiento de horarios.

La justicia tiene objetivos trascendentes que exigen una dedicación plena, y el control debe centrarse en el rendimiento concreto de cada empleado, funcionario o magistrado.

* Presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe.