Un embarazo no deseado es, en las actuales circunstancias, una tragedia. Y lo es mucho más para las mujeres que no puede acceder a un aborto clandestino en el sector privado, donde tienen un precio de mercado, y buenas condiciones sanitarias. La aparición del misoprostol, una droga que se utiliza para interrumpir embarazos, mejoró un poco la situación. Pero no todas saben de qué se trata, o cómo conseguirlo.

Las mujeres pobres, que deben recurrir a una comadrona para hacer las maniobras abortivas, tienen como último recurso el hospital público. Allí completarán lo iniciado en un consultorio clandestino. Pero muchas retrasan la llegada al hospital, por temor a la sanción. Durante años, la amenaza era la denuncia penal. Los médicos no deben hacerla, pueden ampararse en el secreto profesional, pero alguna vez ocurrió. Ese debate tuvo nombre y apellido en esta provincia. En 1994, una médica del hospital Centenario acusó a una humilde mujer del barrio Santa Lucía, Mirta Insaurralde, por llegar al centro asistencial con complicaciones de aborto. La causa se trató en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La Cámara Penal había considerado más importante el secreto profesional. La Corte privilegió la denuncia penal. Subido a esa oleada, en 2004, el ex ministro de Salud Fernando Bondesío elaboró una circular que obligaba a los médicos a denunciar estos casos. Por suerte, y gracias a políticas públicas diferentes establecidas primero en el municipio y ahora en la provincia, eso ya no existe.

Sin embargo, discutir la calidad de la atención que reciben esas mujeres es imprescindible. Porque sólo si pueden ejercer su derecho a la salud irán por más. Exigirán su derecho a decidir. Porque sigue existiendo la sanción moral. Muchas mujeres llegan aterrorizadas al servicio de salud, con las consecuencias del aborto. Saben que cometieron un delito. Y que serán acusadas, penal o moralmente. Eluden "confesar" lo que hicieron. Encuentran hostilidad. El Estado les impide decidir si ese embarazo es deseado, y las obliga a continuar con él. El psicoanálisis dice que un hijo nace por el deseo de sus padres. Es ese deseo el que lo convierte en Sujeto. Entonces, un embarazo no deseado será una desgracia mientras las leyes, y cierta doxa muy extendida, considere una vida lo que sólo se engendró biológicamente, y no tiene existencia independiente.

En ese contexto, una mujer acorralada, desesperada, decidida, hará lo que sea. Hasta arriesgar su vida. Y ahí se genera el tema de salud pública: las mujeres mueren, los centros asistenciales ocupan buena parte de sus camas en atender las complicaciones de aborto. Todo podría ser diferente. En este punto, lo más grave es que el Congreso nacional directamente no trate el tema. No aborda la legalización del aborto por temor a la reacción de sectores poderosos, como la Iglesia. Hay 14 proyectos que esperan en las comisiones de Diputados y Senadores. La discusión nunca llegó al recinto. Mientras tanto, siguen muriendo mujeres. Como Carina.