La legislación tutelar se quiere reemplazar por otra tan represiva como la anterior disimulada bajo un marco doctrinario que plantea el respeto a los derechos del niño y del adolescente, en ese sentido la mayoría de los proyectos con estado parlamentario proponen bajar la edad de punibilidad a los 14 años. Así aparece la omisión de la realidad de millones de personas a quienes no se les respetan los derechos fundamentales: trabajo, educación, salud y la vivienda. ¿Que tal un derecho procesal social? Que asegure "garantías" a las personas para que se respete lo que por derecho les corresponde. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado que no asegura los derechos fundamentales antes que responsabilidad penal juvenil?. "Progresistas" y de derecha, buscan cumplir la función ideológica de legitimar y legalizar con el ropaje "democrático" del derecho y el sistema penal la opresión de los más pobres y vulnerables: los niños, como consecuencia posibilitan que los chicos de los sectores más pobres, ingresen legalizados al sistema penal a una edad más temprana, lo que significa que aún reconociéndoles las máximas garantías procesales, la respuesta a la situación de desamparo y de falta de futuro de la juventud sea la represión estatal por la vía del sistema penal y el encarcelamiento. Con los principios de igualdad ante la ley responsabilizan al niño, aún cuando no hay una contrapartida por parte del estado en cuanto al respeto de los derechos de la niñez y adolescencia. Por eso la idea de "sujetos libres e iguales", oculta la mayor de las desigualdades e injusticias.

Respaldar la baja de la edad de punibilidad para jóvenes y niños es continuar utilizando el sistema penal como medio de represión y disciplinamiento. Ahora con un discurso tramposo de "mayores derechos y garantías" se encamina a someter a proceso penal a los más pobres reproduciendo el orden social de exclusión.

Los proyectos ponen el castigo en sus distintas modalidades como primer eslabón de una escala de penas encubiertas como medidas socioeducativas. Y proponen la privación de libertad en establecimientos "especiales", por lo tanto prevé la construcción de más cárceles,etc. Proponemos que esa inversión sea destinada a garantizar el cumplimiento efectivo de la ley 26061. No tratamos de oponernos al aseguramiento de las garantías constitucionales de los niños, pensamos en un Estado que garantice todos los derechos a todos los niños tengan la edad que tengan. Este sistema apunta a la responsabilidad individual del niño que delinque siendo que hay responsabilidades anteriores del estado en la conculcación de los derechos sociales e individuales. En el caso de los proyectos de responsabilidad penal juvenil con estado parlamentario todos justifican la baja de edad de punibilidad con el concepto del aseguramiento de garantías; esta concepción deviene en otra forma de injusticia que pena doblemente a los chicos de la pobreza. Primero con el desamparo por parte del Estado y luego instalándolos bajo la "tutela" del sistema penal. Los proyectos aducen que el encierro es la última instancia, pero las penas escalonadas plantean que los "castigos" sean proporcionales a la infracción cometida, lo que abona la teoría del castigo como corrector de conductas.