Sin lugar a dudas la información, es poder. Y como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "es posible afirmar que una sociedad que no esta bien informada no es plenamente libre". Desde siempre y en distintas oportunidades y por diferentes cuestiones hemos reclamado el acceso a la información, y ello como derecho básico garantizado por todos los tratados de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica. Por ello resulta llamativo el revuelo creado, cuando quien quiere acceder a la información es quien debería haberlo hecho en primer lugar que es el Poder judicial, específicamente una fiscal que investiga en una causa, con un indudable trascendencia histórica.

El viernes 12 de junio terminó el periodo para aportar pruebas en la causa Feced, una de las causas más voluminosas del terrorismo de Estado de la ciudad de Rosario; simultáneamente se saca a la luz, nuevamente, un archivo de las fuerzas militares y policiales del segundo cuerpo de ejército. No estaba escondido, no estaba enterrado, una parte está en la Secretaría de Derechos humanos de la Provincia de Santa Fe y otra bajo la órbita del ministro Antonio Bonfatti.

Mientras tanto, los que hemos contribuido desde cada lugar de militancia a la reconstrucción histórica de la verdad y a la lucha por la justicia nos preguntamos ¿por qué no se aportaron esas pruebas a todos los juicios? ¿Hasta cuándo habrá que seguir esperando para que esos archivos sean abiertos?

La ex fiscala Tessio, ahora vicegobernadora de la provincia, pudo disponer de los mismos para aportar pruebas a las causas sobre violaciones a los derechos humanos en Santa Fe. ¿Por qué, entonces, no pensar que pueden existir otras pruebas en esos archivos para los juicios que se están sustanciando en la justicia federal de Rosario?

La búsqueda de prueba documental fue una las tareas más arduas de los organismos de derechos humanos. En la provincia de Santa Fe hay una cronología de hechos nefastos con respecto a los archivos de la represión:

*El 8 de octubre de 1984, en los tribunales provinciales de Rosario, un grupo comando, toma el edificio y se lleva la documentación existente en el juzgado de instrucción 10. En este juzgado estaban los sumarios correspondientes al expediente 6 84 y fundamentalmente, lo que le interesaba al grupo comando: el cúmulo de pruebas producto de los allanamientos realizados por la ex Conadep y el Juez Fermoselle. Un hecho gravísimo que quedó en la impunidad.

*En julio de 1993 ex gobernador Reutemann envío un proyecto a la legislatura para quemar los archivos que se habían encontrado en la ciudad de Santa Fe, nuevamente los organismos de derechos humanos nos opusimos con denuncias públicas y movilizaciones y se volvió atrás con el proyecto de la destrucción de los archivos. .

*En octubre de 1999 mediante el decreto 3054 del gobierno de Obeid se dispone crear una comisión para acceder al archivo. El 16 de noviembre de 1999 Rosúa firmó la resolución 460 que ordenaba a la policía a localizar los archivos en toda la provincia.

*En diciembre de ese año asumió Reutemann y no se efectivizó la comisión. El 15 de marzo de 2004 por decreto 0327 se dispuso la creación de una comisión integrada por miembros del gobierno, del archivo histórico y representantes de los organismos de derechos humanos. No prosperó por diversas razones, entre ellas la diferencia de tratamiento que se proponía con respecto a los archivos y las diferencias de los propios organismos de derechos humanos.

Volviendo atrás en el tiempo. El 2 de diciembre de 1999, la entonces fiscala federal Griselda Tessio, acompañada por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa tuvo acceso a los archivos que se encontraban en la seccional 4 de la policía de Santa Fe, el Departamento de Informaciones, la Guardia de Infantería Reforzada y el Comando Radioeléctrico. La fiscala encontró documentación importante para una decena de causas que estaba investigando. Preguntamos, por qué entonces el hecho de que la Procuradora Fiscal de Rosario, Mabel Colalongo, haya ido a buscar material que pudiera ser útil en las causas es tomado con tanta beligerancia.

Desde el hallazgo de los expedientes por la ex Conadep, los hallados en 1989 y luego en el año 1999, la apertura y acceso a los archivos pasaron por una serie de gerenciamientos, silencios y disputas, lo que revela una gran preocupación por el uso de los mismos. Preguntamos ¿porqué su uso y acceso es discrecional?

Es hora que los jueces y fiscales se constituyan en los lugares donde haya o presuman que pueda haber documentación para recabar pruebas, registros y documentos. Para que los principales actores en la guarda de los documentos sean los organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil. Para que la intervención directa de los jueces y fiscales para conseguir prueba documental no sea la excepción sino la regla.

*Integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.