Mañana se votará en el Concejo la ordenanza Ya Basta!, presentada por GIROS y que busca prohibir que la poca tierra potencialmente urbanizable que queda en Rosario se convierta en barrios cerrados, al servicio exclusivo de los intereses de pocos, pero poderosos, grupos empresarios. Una oportunidad inigualable para que el crecimiento y la transformación de Rosario deje de ser el resultado exclusivo de estrategias empresariales para empezar a ser el resultado de una construcción colectiva e imagen de quienes la habitamos. La ordenanza es indiscutiblemente legal y absolutamente legítima. El derecho a la vivienda y acceso equitativo a la tierra constituyen dos de los tantos desafíos éticos a los que nos enfrenta nuestra época. El siglo XX fue el de la positivización de los Derechos Humanos, pero nuestro siglo nos enfrenta a una tarea no por titánica impostergable: es el momento de bregar por el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos. El Estado está obligado, acorde lo pactado con la comunidad de las naciones a garantizar por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos reconocidos en los tratados internacionales y adoptar medidas para que de manera progresiva se alcance la satisfacción plena de esos derechos; disponiendo para ello no sólo recursos económicos sino también adoptando políticas y medidas tendientes a la plena satisfacción de estos derechos; atendiendo prioritariamente la protección de los grupos en situación más vulnerable so pena de comprometer internacionalmente la responsabilidad del estado.

El modo de vida urbano influye en el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con nuestro territorio. Por eso, respaldamos este desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social. El modelo socio territorial actual presenta un desarrollo desigual producto de la materialización de lógicas de grupos empresarios que actúan en la ciudad. La gravísima situación habitacional que presentan por esta causa las principales ciudades de nuestro país dio lugar a los lamentables hechos vividos en Villa Soldati; poniendo en evidencia la urgencia de políticas públicas en materia de urbanización que den una solución definitiva a miles de familias que no acceden hoy al derecho a la tierra y a una vivienda adecuada. Es por ello que el Concejo, por imperativo del derecho internacional de los derechos humanos, debe posicionarse frente a esta ordenanza asumiéndola como un necesario primer paso para dar respuestas serias a los dilemas que presenta el acceso al suelo como un derecho de todos y todas y no solo de un grupúsculo privilegiado de la sociedad.

* Equipo jurídico Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Liga Argentina por los Derechos del Hombre.