La grosería de la concejala del PRO Laura Weskamp de pasearse por Nuevo Alberdi con los desarrolladores inmobiliarios que tienen intereses concretos en el territorio sobre el que la edila debe decidir sirvió para poner en evidencia al Ejecutivo local que tuvo que salir rápidamente a pergeñar un plan de viviendas en la zona que no tenía planificado. La acción del movimiento Giros que milita desde hace años en ese territorio, fue esta vez tan certera que pegó en el plexo de la administración socialista: No sólo denunciaron la "connivencia" de funcionarios que por la mañana planifican desde el municipio y a la tarde atienden sus intereses empresarios vinculados a sus mismas decisiones políticas; sino que además le pusieron pimienta a la interna socialista. La agrupación destacó claramente la actitud del sector que orienta el senador Rubén Giustiniani por la convocatoria que hizo el presidente del Concejo Miguel Zamarini apenas se conoció el altercado con Weskamp en el barrio; y por el proyecto de viviendas sociales para el área que impulsó la concejala Mariana Alonso. Ambos enrolados en ese sector del socialismo. Y también, la rápida invitación que hizo a Giros el propio gobernador electo Antonio Bonfatti que contrastó de manera contundente con el silencio en el que se sumió el intendente Miguel Lifschitz toda la semana.

Lo importante de todo este debate es que la situación de estas últimas y por ende codiciadas hectáreas urbanas de Rosario, fueron puestas en evidencia a partir del escándalo. Ahora ningún concejal -ni siquiera la propia Weskamp- podrá votar en el recinto amparándose en el desconocimiento público que hay sobre el tema. Aparecieron en la superficie los nombres de los interesados en el negocio inmobiliario y apareció también lo más cuestionable de la asociación público-privado, un modelo extendido en Rosario que tuvo a veces tantas ventajas como miserias.

Es cierto que no hay delito de parte de los funcionarios que además trabajan en empresas privadas relacionadas con los grandes desarrollos inmobiliarios. Pero es muy difícil de explicar hasta dónde llegan los flexibles límites éticos de esta función. En estos casos hay un valor importante que es la información: Si ese funcionario sabe que en determinado territorio urbano se realizarán obras, por ejemplo hidráulicas, que en el futuro harán elevar el valor de esos lotes y si tiene relación con desarrolladores inmobiliarios privados, ¿qué hará con esa información valiosa que transferiría una enorme plusvalía urbana a favor de estos inversores? Si le transmite ese panorama y además le ofrece los servicios de, por ejemplo, una empresa de instalación de redes de gas natural a la que pertenece; en este país no está cometiendo ningún delito. Pero cualquiera puede notar la incompatibilidad del doble rol de ese funcionario.

Es lógico que la administración local defienda a sus hombres y mujeres si no han cometido delitos, pero no se puede escapar a la discusión política de fondo que pasa por el destino que se le quiere dar a esas tierras que, si bien son privadas en su gran mayoría, el uso que se les asigne depende del poder político. Tanto el Ejecutivo Municipal como el Concejo son los responsables de autorizar la explotación de los terrenos y determinar las características de las obras que se realizarán allí. Desde el Estado se puede entonces manejar el fiel de la balanza a la hora de regular entre los intereses empresarios en torno a la vivienda y el desesperante déficit habitacional que tienen la ciudad y la provincia entera.

Hay quienes piensan como la concejala María Eugenia Bielsa que la administración Lifschitz a lo largo de todos esos años "claramente ha favorecido a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios por sobre las demandas genuinas de los sectores que reclaman viviendas sociales". Pero el secretario de Gobierno Fernando Asegurado está convencido de que no es así y desafió a la concejala a que "puntualmente diga, caso por caso, y en qué lugar de la ciudad se ha dado esta situación". Por el contrario, Asegurado cree que el municipio ha logrado sacar provecho social a través de compensación de tierras y obras de infraestructura, a cada uno de los grandes emprendimientos privados que se han llevado adelante en la ciudad. Es, verdaderamente, una discusión política central que involucra nada menos que el rol del Estado y la ética en la administración pública y en la necesaria relación con los privados.

Después de la tormenta, el Concejo deberá decidir sobre este botín de 250 hectáreas en la zona noroeste de la ciudad. Es probable que una vez más la acción del movimiento Giros dé sus frutos y, tal como sucedió como cuando se impulsó la prohibición de barrios cerrados en el ejido urbano, se reúna el consenso necesario. Esta vez podría determinar que al menos en parte de esos terrenos se pueda pensar en una distribución más justa de la escasa tierra que queda disponible.

Una larga fila

Para los que pensaron que el diputado nacional Felipe Solá había enloquecido porque tras renunciar al bloque del Peronismo Federal, comenzó a hacer guiños al kirchnerismo (después de todo lo que dijo); hay que comunicarles que no es el único. "Felipe no hizo más que abrir la puerta", confiesan algunos peronistas federales que dejarán de serlo en las próximas horas. La diputada nacional reutemista -segunda autoridad del bloque detrás del propio Solá- Celia Arena, admitió que ella junto a Daniel Germano, Carlos Carranza, Juan Carlos Forconi y Walter Agosto dejan la bancada y arman rancho aparte en el Congreso. Incluso la legisladora nacional adelantó que votaría positivamente el Presupuesto 2012 que contiene partidas para la autovía de la ruta 11 que ella misma gestionó ante Amado Boudou. En tren de confesiones y de demostraciones de renovado afecto K, Arena no dudó en declarar públicamente su voto para Cristina en octubre aunque no quiso revelar por quién sufragó en las internas del 14 de agosto pasado. Aunque es posible sospecharlo, ¿no?.

Estas decisiones están impregnadas de puro pragmatismo peronista al igual que las reacciones que han generado en el grupo receptor. "Los recibimos a todos con los brazos abiertos", dijo sinceramente Agustín Rossi que dijo que nunca rompió su relación personal con Solá -a pesar de la dura disputa por la 125- y que Celia Arena "trabajó con nosotros durante toda esta campaña en la provincia" para impulsar el voto a la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Omar Perotti. Está claro que la intemperie es dura y que los votos cuando son muchos mandan de manera inequívoca. Esto no quita que, por un tiempo, haya varios interesados en pasar algunas facturas por las duras críticas del pasado reciente.

Pero esta decisión de parte del peronismo federal en Diputados, (que acarreará la desaparición definitiva de ese nucleamiento que ya Carlos Reutemann había herido de muerte) tendrá también sus derivaciones provinciales. Es que en Santa Fe, en rigor, será mucho más fácil la reconversión porque todos los sectores se amparan en aquel ya famoso congreso partidario de febrero de 2011 en el que se decidió la unidad del peronismo provincial detrás de las distintas candidaturas. Las actas allí suscriptas son citadas permanentemente por todos aquellos a los que se le señala algún cambio de posicionamiento respecto sobre todo del gobierno nacional. Aquello de el peronismo santafesino nunca fue kirchnerista, será sin dudas revisado.

Pero además, ya ha mostrado que esa unidad puede solidificarse aún más de cara a la mayoría que ejercerá en la Cámara baja de la provincia a partir del 10 de diciembre. Con un peronismo fortalecido en las urnas y un radicalismo cada vez más demandante; la gestión que viene será para Bonfatti un largo y continuo proceso de negociación política para avanzar en los temas centrales de la provincia. Algo de eso ya está mostrando el futuro mandatario y será aún más evidente cuando termine la campaña nacional de Hermes Binner.