Desde el año 2004, 24 organizaciones de derechos humanos de todo el país con trabajo en lugares de encierro nos reunimos, debatimos y consensuamos un proyecto de ley para la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a fin de cumplir el compromiso asumido por la Argentina al suscribir el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara en Diputados de la Nación. Contando con el apoyo del Subcomité contra la Tortura (organismo creado por el mencionado Protocolo), encontrándose presentes, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación al momento de la discusión, los integrantes del Comité Dres. Coriolano y Gines.

El punto central del proyecto, es la creación de un Comité independiente de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo y garantizar que todos los organismos no gubernamentales como estatales puedan actuar en los lugares de encierro para la prevención de la tortura. Por último se establece estándares de intervención.

En la provincia de Santa Fe, si bien existían proyectos anteriores presentados, el debate se inició el año pasado, en el ámbito de la Universidad del Litoral. Allí se debatieron tres anteproyectos, uno presentado por la Diputada Saldaña, otro de la Diputada Gutiérrez, y el tercero, presentado por la CTC y la pasantía de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de Rosario, este último, básicamente, adaptaba a nivel provincial el proyecto redactado, por las organizaciones de todo el país para el nivel nacional.

El debate se trasladó a la Cámara de Diputados de la Legislatura Provincial, donde la Diputada Gutiérrez presentó su proyecto y el de las organizaciones de la sociedad civil, ingresó con el apoyo y la suscripción por parte de todos los presidentes de bloques.

Si bien ambos proyectos ingresaron juntos para su tratamiento, salió con dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías, el proyecto de la Diputada Gutiérrez, sin que se nos brindara la posibilidad de discutirlo, pese a que solicitamos ser convocados.

Nuestra principal crítica al proyecto de la diputada Gutiérrez, y que entendíamos una cuestión medular, era la integración del comité, ya que el proyecto de la diputada, establecía un comité, con participación del Poder ejecutivo, el judicial y en minoría la sociedad civil y una cláusula que permitía que el Ministerio de Seguridad prohibiera el ingreso del Comité en determinadas circunstancias

Tomamos conocimiento (no precisamente por Gutiérrez) de que el proyecto iba a salir de la Comisión de Constitucionales con dictamen para su tratamiento ese mismo día. Concurrimos a la reunión de la Comisión una delegación del Colegio de abogados de Rosario, de las pasantías de ejecución, del CELS y de la CTC. Si bien la postura de la Comisión parecía cerrada, y corríamos el riesgo que se aprobara un comité, que carecía de independencia para el cumplimiento de sus funciones, se concretaron una serie de reuniones donde es destacar la actuación del presidente de Cámara de diputados, Eduardo Di Pollina, para que sea tenido en cuenta el proyecto que habían firmado todos los jefes de bloque, incluso él y consensuado por las ONG. En esas reuniones se consiguió modificar el proyecto de Gutiérrez, no sin dificultades.

El jueves 3 de noviembre la Cámara de Diputados de la Provincia aprueba el proyecto, con algunas de las modificaciones propuestas por nuestra parte, entre ella, una fundamental, como lo es la integración del Comité, que consta de 7 miembros, 2 legisladores y los otros 5, independientes a propuestas o con el apoyo de las sociedad civil y con la facultad del Ejecutivo de proponer candidatos, todos los cuales van a ser sometidos a un proceso transparente de selección por ante la legislatura. Si bien, el proyecto aprobado no contiene todos los puntos planteados en nuestro proyecto original es muy superador del pergeñado por la Dip. Gutiérrez, al crear un organismo independiente. Y ello es así gracias al trabajo denodado de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos diputados que confiando en nuestro trabajo defendieron nuestra propuesta.

Por ello celebramos la media sanción del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, fruto del consenso y no de la autoría de una sola persona, y agradecemos nuevamente al Diputado Di Pollina y a todos aquellos que entendieron la importancia de las modificaciones introducidas, y lograron su aprobación. La lucha contra la tortura, en todo lugar de encierro, cárceles, comisarías, pero también hogares, geriátricos y clínicas psiquiátricas, se logrará, con una actitud comprometida y adulta de todos los actores involucrados evitando personalismos, mezquindades y la soberbia de creerse dueños de la cuestión.

* Por la Coordinadora de Trabajo Carcelario.