A diez años de la conmemoración de los trágicos hechos del 19 y 20 de diciembre presenté un proyecto declarando de interés provincial todas las actividades que se realicen y recuperen la memoria respecto de éste capítulo negro de represión estatal, violencia y muerte desde la restauración democrática en 1983. Fueron 35 los ciudadanos asesinados por las fuerzas de seguridad, de los cuales siete eran de nuestra provincia.

Además, la Provincia de Santa Fe, en ese entonces bajo la jefatura del actual senador Carlos Reutemann, fue poseedora del triste récord de la mayor cantidad de asesinatos y heridos de gravedad de todo el país. Los nombres de las víctimas en la provincia de Santa Fe son: Yanina García, Walter Campos, Ricardo VillaIba, Juan Delgado, Rubén Pereyra, Graciela Acosta, y Claudio "Pocho" Lepratti.

Estos asesinatos constituyeron la última ratio de un modelo de dominación y exclusión económico y político gestado desde la década del 70, cuyo ethos está dado por el disciplinamiento, la exclusión y la violencia institucionalizada.

Bajo el signo de un neopatrimonialismo de los 90, que tornó elásticos los límites entre lo público y lo privado, viejos personeros de la dictadura ocuparon las más altas jerarquías del aparato estatal bajo el claro designio de destruir el sistema productivo nacional y provincial y "encauzar" aquellos sectores que como nuevos excluidos, emergían de las políticas aplicadas.

El modelo neoliberal se enraizó en la destrucción del aparato productivo, miles de familias condenadas al desempleo y a la destrucción de una red social difícil de reconstruir. En nuestra provincia, bajo la órbita del Contador Mercier y el Ministerio de Seguridad, a cargo del Tte. Coronel Riegue, acusado de crímenes de lesa humanidad (responsable de 40 casos de desaparición forzada de personas por su paso por la jefatura de la URIl﷓Rosario de la policía Provincial). Ambos se presentan como la cara de una misma moneda de un modelo institucional, económico y social, cuya raíz se remonta al plan genocida de disciplinamiento y desaparición instrumentado durante dictadura.

A diez años de este acontecimiento, las causas judiciales que investigan estos hechos no han dado respuesta de la responsabilidad personal de los ejecutores de tan feroces órdenes. Sin sentencias condenatorias de sus responsables, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia. Sólo dos agentes de bajo rango de la policía provincial han sido condenados, mientras parece garantizada la impunidad de los funcionarios políticos y los altos mandos policiales.

En los asesinatos impunes de diciembre del 2001 quedó marcada la huella más dolorosa de una época de destrucción social y vaciamiento político.

*Diputada provincial del SI en el Frente Progresista.