La animalada política del intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González que mandó a "cagar a palos" a los delincuentes reincidentes porque "me importan una mierda los derechos humanos"; no tiene justificación posible. Ni siquiera los más directos familiares de las víctimas de homicidios horrorosos, han proferido semejantes calificativos. Con lo cual, uno tiene que concluir que González -además de viceral e ignorante- también estaba exagerando un poco para la tribuna, sin importarle las cosas que ponía en juego. Pero, ¿por qué hacer precisamente ese gesto desagradable y público hacia una imaginaria tribuna?. Porque si hay algo que González no ignora es que la mayor parte de la gente está de acuerdo con él. Entonces, todos los que piensan, trabajan por ideas diferentes, tienen que alcanzar una mayor eficiencia en lo que hacen.

Al día siguiente de las declaraciones del intendente sólo hacía falta escuchar los mensajes en las radios para darse cuenta de que hay una mayoría que piensa que "los derechos humanos" (como se los transforma en sujeto) lo que hacen es garantizar impunidad. Como si la lucha de los organismos desde la recuperación de la democracia, además de pedir justicia por los desaparecidos y recuperar nietos sustraídos en la última dictadura militar; se afanara también para lograr impunidad para los delincuentes comunes.

"Acá vienen los derechos humanos y entonces la policía se cuida de ni siquiera tocar a estos delincuentes asesinos", dicen vecinos de cualquier barrio de Rosario en una doxa tan extendida como perniciosa y falaz. Nuevamente los derechos humanos parecen aquí corporizarse en algún ser malévolo encargado de que no haya justicia para los que violan la ley.

En rigor, el concepto más aceptado y correcto para los derechos humanos está relacionado con la defensa de los atropellos que puede cometer el Estado contra grupos o personas. Un delincuente no puede violar los derechos humanos porque no es el Estado, lo que viola en todo caso es el código penal y merece su condena después de un juicio justo por ese motivo. El policía sí puede violar los derechos humanos, porque actúa en representación del Estado. Igual que lo militares que se apropiaron del Estado y desde ahí secuestraron, encarcelaron, asesinaron y robaron niños. Si una persona común roba un niño, comete un grave delito, pero no viola los derechos humanos. Parece un simple concepto pero sin embargo se sigue confundiendo y eso hace que no se puedan ver los verdaderos problemas en torno de la inseguridad que sí involucran al Estado al que hay que reclamarle que actúe de acuerdo a la ley y con eficiencia para proteger a las personas. Protegerlas de la delincuencia y de los propios atropellos que el Estado mismo pueda cometer.

El escritor y filósofo italiano Humberto Eco tiene un ejemplo notable para explicar los derechos humanos. "Si entran a mi casa, violan a mi mujer, secuestran a mi hija y envenenan a mi perro; probablemente yo quiera matar a esas personas. Pero yo no soy el Estado". Clarísimo. Y así debería estarlo incluso para los medios de comunicación que muchas veces entrevistan a los familiares de las víctimas y buscan en sus respuestas desesperadas por el dolor, alguna reforma al código penal. Como pasó con el falso ingeniero Blumberg, cuya influencia en demagógicos legisladores terminó en un pastiche legal que aún intentan reparar.

En la arena política.

Después de hacer el repudio del caso y amenazar al intendente Pedro González con una querella por "apología del delito", el secretario de Estado de Derechos Humanos de Santa Fe, Horacio Coutaz, decidió no dejar pasar la oportunidad. "Habría que recordarle al diputado (Gerardo) Rico que nos critica por no tener política de Derechos Humanos, que González es un dirigente de su mismo sector político, que tanto se precia de defender los derechos humanos". Coutaz sabe de sobra que Rico y González no son, ni nunca serán lo mismo. Y que ambos representan una larga tradición peronista que permite con su amplia matriz ideológica la conviencia política. Cuando no la permite, la cosa estalla y a veces literalmente, como en los '70.

Pero Rico, que fue un militante comprometido en los '70, y que participó activamente de la lucha por la justicia contra los genocidas en la recuperación de la democracia; sintió la estocada y la emprendió contra el ministro de Justicia Juan Lewis, que también había tenido críticas hacia su postura. "Nunca lo vi a Lewis en una marcha", disparó el diputado del Movimiento Evita y aseguró que "si para Lewis la impunidad que remarco en torno del caso del asesinato de Silvia Suppo son 'declaraciones en general', entonces no entendió nada", señaló involucrando a otro caso resonante que aún genera alguna incomodidad a la administración socialista porque Suppo era una testigo clave en casos de lesa humanidad en Santa Fe y fue asesinada en circunstancias que aún no están claras.

Los estandares.

Los que dicen que en la política se respetan determinados códigos, cada vez tienen menos razón. Cada vez más todo vale, lamentablemente. El ministro de Gobierno de Santa Fe Rubén Galassi, destacó que es "una ofensa hacer política partidaria con la inseguridad", en una crítica abierta a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, que recibió a los familiares de la masacre de Villa Moreno y deslizó críticas al accionar del gobierno socialista.

Pero también, desde el kirchnerismo se sienten ofendidos por Hermes Binner quien, según la interpretación del oficialismo hizo política partidaria nada menos que con la salud de la presidenta. Una vez que se conoció el diagnóstico de que Cristina no había tenido cáncer, el ex gobernador de Santa Fe no tuvo el mejor gusto al señalar que "se le debe una explicación a toda la población", sugiriendo que se había "inventado" un cuadro para conmover a la sociedad. Como lo dijo el fin de semana el diputado Agustín Rossi, "Binner fue descalificatorio y beligerante".

Otros señalan el asunto de la famosa camioneta de Desarrollo Social de la Nación, encontrada abandonada con droga en una ruta de la provincia de Santa Fe. "Hay que investigar el tema", fue la mención de Binner. Claro que hay que investigarlo, pero de ahí a sugerir alguna complicidad con altas esferas del gobierno nacional parece por lo menos desmesurado. El ministerio nacional negó la propiedad de la camioneta, pero así mintiera lo más probable es que la vinculación real sea con algún empleado infiel. ¿O alguien quiere señalar a la ministra por el tema?. La verdad es que se creía que en estos asuntos muchos tienen lo que se llama un doble estandar, lo que se aplica a otros no se aplica para mí. Pero para señalarlo más claro, el único estandar parece ser que todo es materia política para la disputa. En cualquier terreno, en cualquier oportunidad.

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