Hace pocos días se confirmó que por decisión del Poder Ejecutivo, los legisladores santafesinos éramos acreedores a un aumento de nuestros salarios, del orden del 40 por ciento promedio, lo que motivó una serie de justos reclamos ciudadanos, sobre la pertinencia de dicha decisión.

Felizmente, y en forma unánime, los diputados provinciales hemos decidido renunciar a dicho beneficio, lo que no significa que haya terminado el legítimo debate sobre la relación entre la política, la sociedad civil, y el Estado.

La política fue planteada, a lo largo de su desarrollo histórico, como la posibilidad de "construcción de sociedad". El eje de esa propuesta reconciliaba la libertad de los individuos con la igualdad, como dimensiones indisolubles de la ciudadanía, al mismo tiempo que colocaba la igualdad como el principio estructurador y fundante de la justicia.

Aunque siempre existió una tensión entre el principio de la igualdad y la lógica concentradora del Poder, esta tensión abrió el espacio de la política como instancia arbitral para redistribuir ingresos y poder a través del Estado. De ahí su rol irremplazable.

La propuesta de relación entre Estado﷓Política﷓Sociedad Civil, subyacente en el razonamiento de los '90, ha sido funcional a la reducción de los roles del Estado y a su delegación en el mercado, o al denominado "tercer sector voluntario" cuando la tarea era "asistir" a los pobres. La política se privatizó en el mercado rentable de servicios electorales, o en el voluntariado asistencial, en la medida en que ámbitos específicos de lo que eran responsabilidades públicas se transformaron en ámbitos apropiados por grupos identitarios, o asociaciones volcadas al trabajo con los pobres y vulnerables, o en defensa de la transparencia.

El pésimo comportamiento corporativo, de buena parte de la dirigencia política, terminó paradójicamente, invalidando a la política y no a ellos, razón por lo cual, aunque injustamente, el discurso de algunos medios de comunicación, ha transitado por un ataque sin piedad al Estado y a la Política.

Este ataque, entendible en los grupos conservadores que han venido planteando la idea de "funcionarios públicos gratuitos", es decir "solo ellos", ha confundido a muchos, y ha calado en algunos grupos progresistas, que desde el "que se vayan todos" hasta nuestros días, han identificado injustamente, al conjunto del Estado y la Política como sinónimos de corrupción cuando no de ineficiencia, insensibilidad e inoperancia.

Nos han dicho que no hay moralidad posible en el sector público, ni en la política, aunque sí las habría en "el mercado". Por el contrario, la moralidad se traslada desde esta visión, "liberada", al campo de una sociedad cuya civilidad, siempre voluntaria, expresa la "nueva solidaridad" individual, fruto de un compromiso personal y directo, implementado en proyectos concretos, no burocráticos y sobretodo, no políticos, ayudados por medios de comunicación, "pristinos" y "sin intereses sectoriales".

Es absolutamente necesario, para el fortalecimiento de nuestra democracia, recuperar la Política, y obligar a la transparencia de los funcionarios, tarea en la que muchos nos encontramos empeñados, a pesar de la falta de compromiso ético, de algunos con quienes compartimos el "oficio de decir y hacer".

En este camino, necesitamos que se distinga "la paja del trigo", porque el falso discurso de que todos los dirigentes políticos democráticos "somos igualmente ineptos y corruptos", solo esconde el deseo no confeso de suponer inválido el pronunciamiento soberano de la gente, y reemplazar a la democracia por "el gerenciamiento privado" del Estado.

* Diputado provincial-Encuentro Popular.