La intendenta Mónica Fein no tiene dudas de que su principal eje de gestión pasa en gran medida por contener los desbordes de una ciudad que ha perdido la escala. Los casi 270 mil autos que ingresan por día a la zona centro hacen que Rosario haya dejado de ser sustentable al corto plazo en la materia. Arterias nuevas como la avenida de la Costa ya están colapsadas a las horas pico, y los servicios públicos se deterioran en sus prestaciones ante semejante panorama. Ahora, si los comerciantes de la zona central no advierten esta situación y siguen pensando que cualquier regulación los hará perder ventas, es evidente que han dejado de ver el problema de fondo: Las ventas igual van a caer porque será imposible llegar hasta la puerta de sus locales en automóvil. Por otra parte, parecen dejar de lado un dato sustantivo que es el que indica que los miles y miles de rosarinos que diariamente se mueven en el transporte público, también son consumidores.

El lanzamiento de la Agencia de Seguridad que nucleará bajo su órbita a distintas instancias de control municipal es en verdad una superestructura destinada a quedar bajo la más estricta supervisión política del departamento Ejecutivo. Así como en una época fue la salud pública y en otra el desarrollo cultural, el gabinete actual sabe que si no logra paliar los problemas más urgentes tarde o temprano habrá alguna factura que puede llegar a ser electoral en el mañana. Y una de esas urgencias es el tránsito y el desarrollo de los servicios públicos en una coyuntura en la que Rosario se debate entre apostar a una ciudad con futuro planificado, o transformarse en una de esas megalópolis difícilmente administrables.

La movida de esta semana -﷓que secretamente guardaron todos los secretarios para dejarle el anuncio sorpresivo a la intendenta-﷓, pasa también por licuar el poder de la inexpugnable Dirección de Tránsito. El socialismo intentó desde la época de Héctor Cavallero con distintas estrategias, sin embargo, con mayor dureza o con algo más de tacto, los intentos por dotar de mayor eficiencia y transparencia a esa área, llegaron a un punto muerto. Todavía está fresco el recuerdo de esa mañana en la que los agentes se "amotinaron" en el Parque Independencia cuando el entonces intendente Miguel Lifschitz intentó obligarlos a que salieran con una chapa con su nombre en sus uniformes de trabajo. Si bien en los últimos tiempos Henry Fabbro logró movilizar a las distintas partidas de inspectores hacia operativos intensivos destinados fundamentalmente a las motocicletas, el formato y el accionar de esa dependencia corresponden a otra época de Rosario. Tan es así que la repartición cuenta con la misma cantidad de agentes que tenía en los `90 cuando la ciudad ha triplicado casi su cantidad de vehículos.

Es intención de esta nueva superestructura creada que Tránsito vaya perdiendo el protagonismo central en las políticas de movilidad pública. Hay otros nuevos cuerpos de inspectores y están los agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) que han demostrado eficiencia a la hora de colaborar en el cumplimiento de las restricciones que imponen los carriles exclusivos para el transporte público en algunas calles del centro de la ciudad.

El gremio de los municipales, por su parte, reaccionó con cautela. Sabe que no perderá empleados ni salarios, pero teme por los reordenamientos que puedan modificar sustancialmente algunas condiciones de trabajo. Néstor Ferraza tiene la astucia, la experiencia y el fogeo necesarios como para saber dónde está el límite entre la defensa gremial y la intención de cogobierno mediante la preservación de privilegios que ya deben desaparecer. Por ahora, pisó la pelota y puso el arco de acá a 60 días, para calmar los ánimos y extender el plazo de negociación con los funcionarios.

Entre los anuncios de la ambiciosa transformación que pretende el municipio, hubo uno quizás apresurado y sin demasiado análisis. Fue la comunicación pública de que se vendería el inmueble propiedad del municipio, en el que actualmente funciona Control Urbano, en Pueyrredón y Wheelwrigth. Un terreno de un millonario valor inmobiliario hoy. El concejal Cavallero fue contundente al respecto: "Si necesitan plata y se trata de negocios inmobiliarios, pongan en venta el Palacio de los Leones que van a sacar más dinero", ironizó con dureza. También el concejal Roberto Sukerman del Frente para la Victoria ya adelantó su voto negativo al respecto.

La verdad es que el municipio no tiene necesidad de vender ese inmueble, puede financiar los traslados de las nuevas dependencias de otra forma y evitar -más que nada- la señal que se está dando al poner en venta un inmueble en medio de un panorama inmobiliario local prácticamente inaccesible y cuando ya queda muy poco o nada por vender en las áreas más codiciadas. Y la crítica la hace un edil que cuando fue intendente compró en 25 millones de dólares al área costanera central de la ciudad, donde hoy funciona el parque Sunchales que, de no mediar esta decisión política de Cavallero en los '90, quizás hoy sería el emplazamiento de un complejo de viviendas de lujo que taparían la visual y la accesibilidad pública a las barrancas del Paraná en esa zona. No sólo es el precio, es la concepción ideológica y política de los bienes públicos.

Binner no para

El ex gobernador de la provincia volvió a estar activo esta semana. Hermes Binner construye el Frente Amplio Progresista a nivel nacional, pero también acelera la catarata de críticas al gobierno nacional para ir ganando terreno en el concurso de "el mayor opositor al kirchnerismo". El lo dice de una manera más delicada, cuando cuenta que "queremos verdaderamente ser una alternativa de gobierno".

Sin embargo, tironeado en Buenos Aires por los periodistas que querían saber por qué encabezó una marcha al Cabildo a la mañana pidiendo por "mayor transparencia" en los actos de gobierno y por el "respeto a la división de los poderes del Estado"; y no acompañaba al partido de Mauricio Macri que por la tarde organizó un "escrache" a tribunales al que asistió hasta el falso ingeniero Blumberg; Binner fue contundente: "Si estuviéramos enfrentando a Videla o a Pinochet, nos uniríamos con todos. Pero como no es el caso nos unimos con los que tenemos una misma idea de cómo llevar adelante un programa de gobierno". Es claro, el límite para el FAP vuelve a ser Macri como en los últimos comicios lo fue De Narváez. En algo no se equivoca el socialista.

Pero sí erró en estos días cuando innecesariamente y en medio de caldeados ánimos económicos, con oportunistas, aventureros y operadores apareciendo por todos lados; a Binner se le ocurrió hablar de las cuasimonedas. Dijo que Santa Fe debía emitirlas por "el monto de la deuda que la Nación tiene con la provincia (del orden de los 8 mil millones de pesos, según calcula)" y aprovechó para criticar a Carlos Reutemann y Jorge Obeid que "perjudicaron a Santa Fe cuando se negaron a emitir cuasimoneda cuando todas las provincias que lo hicieron resultaron beneficiadas".

Si bien es cierto lo que dice Binner, flaco favor le hizo al gobierno de Antonio Bonfatti al recordarlo. Primero porque estos dichos interfieren con las negociaciones por la reforma tributaria que cada vez más se le complica al Ejecutivo Provincial, y segundo porque desatará el enojo peronista alrededor de la crítica a dos de sus ex gobernadores y también por lo que le toca al gobierno nacional. Justo cuando son los bloques del PJ en Diputados y Senadores los que tienen la llave para destrabar la suba de impuestos de la que tanto depende el futuro del gobierno provincial.

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