El gobierno de Antonio Bonfatti está preocupado por muchas cuestiones, pero hay dos que por estos días desvelan a los funcionarios de más alto rango. La primera tiene que ver con el futuro de la reforma tributaria que tanto necesita la administración provincial. La segunda se relaciona con la inseguridad, la falta de buenas noticias en la materia y las manifestaciones cada vez más concretas de vecinos de Rosario que se movilizan y exhiben elocuentes pasacalles en los barrios de clase media. Es más, los escasos sonidos de cacerolas que sonaron en Buenos Aires esta semana, preocuparon por su posible repercusión provincial. "No sería extraño que algún sector político intente montar alguna operación al respecto, no sería la primera vez", confesó a este cronista un alto funcionario gubernamental que pidió reserva de nombre. Agregó que estarán muy atentos.

En su doble condición de diputado nacional del FAP y dirigente de la Federación Agraria, esta semana Omar Barchetta aseguró que no cree que en Santa Fe haya ánimo de nacionalizar la protesta chacarera que se disparó desde la provincia de Buenos Aires, después de que el gobernador Daniel Scioli consiguiera con forceps y mucho costo político su reforma fiscal. Barchetta cree que el caso bonaerense es "absolutamente distinto a la propuesta de reforma que hizo el gobernador Bonfatti que es absolutamente equilibrada, progresiva y progresista", se animó a decir el dirigente.

Sin embargo, la posición no parece ser compartida por la Mesa de Enlace provincial donde otras patronales agrarias santafesinas ya lograron dar vuelta a un grupo de senadores provinciales del radicalismo y del peronismo también. Claro, no es un dato menor conocer que muchos senadores santafesinos son también productores agropecuarios. Esos por lo menos deberían tener el decoro de no transformarse en voceros de las distintas posturas. Atienden de los dos lados del mostrador.

Nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde complica o facilita a Santa Fe el escenario que dejó la pugna política de Buenos Aires, que terminó con un paro de nueve días anunciado por los distintos grupos de productores agrarios. Lo cierto es que el gobierno de Bonfatti ya tiene decidida una estrategia: "En estos quince días vamos a apretar el acelerador por la reforma tributaria. Vamos a sacar todo lo que podamos el tema a la sociedad, para sumar volumen argumentativo a favor de los cambios", dijo a este periodista un alto funcionario del Ejecutivo santafesino. También será un dato a tener en cuenta la reunión de hoy entre Bonfatti y el titular del radicalismo nacional Mario Barletta; para tratar de sellar las fisuras del Frente surgidas por el debate impositivo.

La cancha o la calle

En materia de seguridad, el ministro Leandro Corti se mantuvo firme en la decisión de impedir que el partido de Central y Patronato se jugara en el estadio de Colón en Santa Fe. Más allá de las consideraciones deportivas, los intereses del club rosarino, la recaudación del club paranaense y hasta las posibles negociaciones que se mencionaron podrían haber tenido como protagonista al mismísimo senador Aníbal Fernández; en la balanza el ministro santafesino puso otras consideraciones. Una de ellas está vinculada a lo que efectivamente se resta de seguridad a las ciudades a la hora de custodiar los estadios en operativos que implican gran número de agentes y por muchas horas. Esta semana, el concejal de Pérez Pablo Corsalini (FpV) denunció que esa localidad tiene "sólo cinco policías" y que de ellos "se llevan a veces dos o tres para custodiar partidos de Ñuls o Central".

Pero lo que debió explicar desde el principio el ministro Corti era un concepto muy simple: No tenía por qué Santa Fe "comprar" un problema de seguridad que pertenecía a Entre Ríos. Ese argumento se utilizó finalmente, pero primero se había mencionado que "no estamos en condiciones de garantizar la seguridad" de ese partido en la cancha de Colón. Por ahí se filtraron todas las críticas, intencionadas o no, de la oposición. Por ahí ingresaron también las chicanas del Concejo Municipal de Rosario que una vez más se prestó a un pequeño paso de comedia y votó por unanimidad que se hagan gestiones para que ese partido se jugara en Santa Fe. Como si fuera un tema de incumbencia del Palacio Vasallo.

Falló Educación

El ministerio de Educación de Santa Fe falló dos veces. La primera cuando no dimensionó la gravedad del caso del chico salteño maltratado y discriminado en la escuela de Fighiera. La segunda, más grave, cuando ya conocida la noticia de que al chico le tuvieron que extirpar un testículo (aunque después se puso en duda si fue por la golpiza), la delegada de la zona sur del ministerio estaba más empeñada en negar lo evidente y ocultarlo, que en mostrar prudencia para desarrollar una investigación. Una prueba cabal de cuando un funcionario no está a la altura de las circunstancias.

No es la primera vez que la cartera educativa provincial procede de la misma manera: La primera reacción es negar la violencia escolar, consideran que los medios trivializan la cuestión y hacen espectacular el drama que pueda pasar puertas adentro de un establecimiento educativo. Lo segundo, directamente, es evitar el concepto de "violencia escolar" y ampliarlo a "violencia en la sociedad". Esto, lejos de ser una cuestión meramente conceptual para trabajar de una manera más abarcativa, se parece mucho a una decisión política que apunta a ampliar los límites de la problemática para minimizarla y fundirla en el contexto. Nadie dice que la realidad social no influya en lo que pasa dentro de la escuela -es más que evidente- pero todo lo grave que pasa dentro de un perímetro escolar es responsabilidad primero del establecimiento y luego del ministerio provincial.

En ese sentido, lo que mejor funciona es el equipo que coordina el psicólogo Fernando Tavella. Pero es una especie de "Tropas de Operaciones Especiales" que acciona cuando el problema ya pasó, y lo hace bien, ha demostrado capacidad para contener crisis bastante graves. Pero es evidente que falla el diagnóstico previo, los mecanismos destinados a prevenir y preservar a los alumnos.

Es claro que en el horrible caso de la única escuela de Fighiera, donde el combo incluye violencia, discriminación y hasta encubrimiento; falló toda la "cadena de mandos". Desde la maestra, a la directora, la supervisora que había prometido el gabinete psicopedagógico y finalmente las instancias superiores a nivel ministerial. La gravedad del caso no excluye a los chicos agresores que de algunas conversaciones de mayores habrán sacado eso de "salteño volvete a tu provincia". La tía del nene agredido lo sufrió en carne propia: "Acá en el pueblo muchas veces me dijeron que estaban cansados de que vengan a matarse el hambre todos los negros y bolivianos que andan dando vueltas por ahí, lo dijeron adelante mío, sin ninguna vergüenza", contó a varias radios de Rosario.

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