Cuando tratamos de analizar, en el campo de la gestión y la planificación urbana, los mejores caminos hacia la construcción de nuestras ciudades, es importante realizar una observación objetiva, con cierto detenimiento y no incurrir en apresuramientos en la evaluación del impacto de calidad social y uso público que se adjudica a algunas intervenciones urbanas, en el caso de grandes proyectos urbanos, producto de políticas urbanísticas de los últimos años.

Los grandes proyectos urbanos, de impulso desde el poder público, pero fuertemente determinados por la inversión privada, que como ejemplos podemos nombrar a Puerto Norte, como así tambien los equipamientos de servicios recreativos y gastronómicos en la Costa Central en Rosario, al igual que Puerto Madero en Buenos Aires, nos llaman a formularnos ciertas preguntas: ¿son espacios de uso público?, ¿son lugares de encuentro, de mixtura social, de integración de distintas clases sociales?, ¿tienen acceso habitantes de clases bajas?. No debemos engañarnos, todos conocemos las respuestas. Determinar el carácter de uso público de un espacio urbano no garantiza la integración social, ni la inclusión en él de todos los sectores sociales de la ciudad.

Debemos recordar que la verdadera ciudadanía se construye cuando una ciudad es capaz de dar respuesta (o tender a ello con su proyecto político﷓urbanístico) a la gran mayoría de sus habitantes, de forma inclusiva, elevando a los habitantes marginales, que viven en las periferias urbanas, excluidos de la vida de la ciudad, a la categoría de ciudadanos.

¿Cuál es el camino? En principio tratar de dotar a estas periferias urbanas de los servicios básicos, elementales para el desarrollo de la vida y la salud, redes de agua potable y saneamiento, gas natural, energía eléctrica, como así también calles transitables, transporte urbano. O sea, lo que comúnmente llamamos "hacer ciudad".

Hay miles de habitantes rosarinos que viven en la "no ciudad". O sea, en áreas urbanas desprovistas de mínimas condiciones de vida. Por lo tanto, lo que ya podemos afirmar es que si no están asegurados estos tipos de políticas urbanísticas, los grandes proyectos urbanos, dirigidos a clases medias y altas, cumplen el rol de evidenciar aún más la situación de ciudad dual, de alto nivel de polarización social, y que día a día se agudiza, en la medida que no se atiendan esas carencias.

Es importante por otra parte recordar que lo que más dignifica a un ciudadano es el empleo, que lo encuentra en ciudades donde se encaran verdaderos desarrollos productivos. Rosario es la segunda ciudad con mayor nivel de desempleo en el país, después de Mar del Plata. Es necesario que nuestros gobiernos adopten políticas de empleo, donde tengan cabida importantes sectores de la población, en simultaneidad con la provisión de servicios básicos e infraestructuras en las áreas más carenciadas de la ciudad.

Raquel Rolnik, reconocida urbanista brasileña, una de las gestoras del proyecto del PT brasileño para vivienda y política urbana, en una entrevista realizada en Buenos Aires en noviembre de 2012, expresa la diferencia entre nuestras ciudades latinoamericanas y las ciudades europeas y americanas, en cuanto al desarrollo de grandes proyectos urbanos: "Es totalmente distinto proponer intervenciones proyectuales concretas en ciudades como Barcelona, Bilbao, Rotterdam o Baltimore, que tenían ya resuelto un grado básico de urbanidad para todos sus habitantes, con respecto a infraestructuras, equipamientos, salud, espacios públicos". Y agrega, ante la imposibilidad de lograr en Brasil ciudades equilibradas, trasladable a nuestras ciudades: "Es la marca de la exclusión territorial, el estigma de que la mayor parte de la gente no vive en una 'ciudad' sino en algo muy diferente, muy incompleto, con una urbanización de muy mala calidad, en periferias sin empleos y sin diversidad de usos, y en situaciones de absoluta falta de oportunidades urbanas".

Adhiriendo a estas declaraciones, es importante replantearnos qué políticas urbanísticas son las que asegurarán resultados ciertos de integración social, con espacios reales de uso público, de acceso de todos los habitantes, que signifiquen por lo tanto un verdadero aumento de ciudadanía, y hacia donde se focalizen y dirijan los planes de inversión de nuestros gobiernos, con objetivos de gestión que priorizen el bien común, hacia una ciudad de inclusión económica y social.

* Arquitecta egresada de la UNR. Actual consultora del Ministerio de Economía de la Nación.

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