En un grotesco escrito fechado el 24 de mayo, justo un día antes del aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, la Cámara Federal de Rosario separó al Juez Rodriguez de la Causa contra los represores que actuaron en Santa Fe en el período dictatorial y que luego fueron Jueces, Jefes de Comuna y dirigentes del Partido Justicialista: Víctor Brusa, Mario Facino, Eduardo Ramos y otros cómplices.

La Cámara de la Impunidad intenta machacar su decisión de fin de año 2005, en la que descalificó la acusación de asociación ilícita por motivos formales, que ahora se ve, es lo que quiere erradicar del juicio: la idea de que la represión no fue un exceso sino un plan nacional, planificado, organizado y ejecutado por un conjunto de hombres y mujeres abocados a tal propósito terrorista en una gigantesca asociación ilícita de la que los represores santafesinos constituyen una mínima parte, cierto y por ello hay que juzgar a quienes inspiraron, alentaron y sobre todo se beneficiaron del modelo capitalista neoliberal impuesto a sangre y fuego. Pero estos hombres fueron una parte de la asociación ilícita debidamente probada en lo que va de las acciones judiciales.

Conviene recordar que este juicio tiene antecedentes de larga, larguísima data: la denuncia por torturas contra José Schulman en noviembre de 1977, las constancias en la Conadep y el Nunca Más de Moulin, Viola y otros sobre los hechos de la Cuarta incluyendo la desaparición forzada de Alicia López, las denuncias de Patricia Isasa ante Garzón y el Jury de Enjuiciamiento que destituyó a Brusa en el 2000.

La Cámara dice defender los derechos a proceso justo de los asesinos y torturadores, ¿y de los derechos de loa asesinados, torturados, detenidos ilegalmente y/o despojados de sus bienes, quién se ocupa?

La pretensión de descalificar el juicio por un supuesto error procesal del juez Rodríguez, que éste estaba enmendando de acuerdo a derecho con la ampliación de indagatoria en un trámite que se repite diariamente en los juzgados federales de todo el país es inaceptable.

Sólo la acción enérgica y unida de las víctimas junto a los organizaciones de derechos humanos y las fuerzas populares comprometidas con la lucha contra la impunidad podrá romper esta enésima maniobra dilatoria de los impunadores.

Por nuestra parte, llevaremos este reclamo al máximo nivel institucional: Secretaría de Derechos Humanos, Procuración General de la Nación, Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional y la misma Corte Suprema de Justicia.

Exigiremos la remoción inmediata de los componentes de esta Cámara de la Impunidad y la revocatoria de tan arbitraria decisión, pero sobre todo, impulsaremos la movilización popular contra la impunidad de ayer y de hoy, con la misma bandera de siempre: Juicio y Castigo para todos los culpables!!!

* Militante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa Brusa.